Utilizo esta expresión, con tristeza, para describir nuestra trágica realidad. La “revolución bolivariana” destruyó a Venezuela. Pasan los años, y la crisis económica y social aumenta cada día, sin que exista la posibilidad de construir una solución política que le garantice a nuestro país un camino más prometedor. Hugo Chávez despilfarró 960.589 millones de dólares sin lograr superar nuestros problemas sociales ni poder presentar una sola obra de mediana importancia. Además, incrementó la deuda pública de 22.582 millones de dólares en el año 1998 a 118.758,40 millones de dólares hasta el año 2013. Nicolás Maduro, en lugar de rectificar esta locura, decidió profundizarla con el único objetivo de preservar el poder indefinidamente. El resultado es desolador: 7 años de recesión con la inflación más alta del mundo; un incremento de la deuda pública hasta 160.831 millones de dólares en el año 2018; una drástica reducción de la producción petrolera desde 3,5 millones de barriles diarios en 1998 a 700.000 barriles en el presente año, como consecuencia de la destrucción de Pdvsa a manos de la impericia y la corrupción. Además, entre ambos, condujeron a la quiebra a todas las empresas básicas del Estado y también a las expropiadas por el solo capricho de Hugo Chávez.
Lamentablemente, la pequeña esperanza que tuvimos los venezolanos, después de haberse firmado el acuerdo para enfrentar la pandemia entre la oposición democrática y el gobierno nacional representados respectivamente por los doctores Julio Castro, a nombre de la legítima Asamblea Nacional, y Carlos Alvarado, ministro de Salud, para que la Organización Panamericana de la Salud gestione el dinero destinado a atender la emergencia, no resultó en un auspicioso primer paso que facilitara el rescate del rumbo perdido, mediante el reconocimiento mutuo de los actores políticos y, en consecuencia, en una apertura más amplia que facilitase, en un relativo corto tiempo, una negociación para la aprobación de un cronograma electoral, suficientemente creíble, que condujera a la superación de la crisis. De manera inexplicable e inconstitucional, el Tribunal Supremo de Justicia reconoció, por sentencia de la Sala Constitucional, la írrita directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Luis Parra, con lo cual quedó demostrada, una vez más, la existencia en el oficialismo de poderosos sectores radicales que no desean una solución negociada de la crisis nacional y que, en definitiva, el acuerdo solo se dio por la gravedad de la crisis sanitaria y la absoluta incapacidad de Nicolás Maduro y su camarilla para hacerle frente con alguna posibilidad de éxito.
Por otra parte, una alianza de partidos minoritarios, reunidos en lo que se ha dado en llamar “la mesita”, acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de solicitar “la declaración de omisión legislativa” para que el Tribunal Supremo de Justicia pudiese designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, declaró: “La controversia, por la legitimidad de las dos Asambleas entre Juan Guaidó y Luis Parra, dificulta el proceso de designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral desde el Parlamento”. El diputado Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral, aseguró: “A la declaración política del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se desconoce a la Asamblea Nacional y la legitimidad de Juan Guaidó, se suman ahora los que buscan la omisión legislativa exprés. Esta es una receta para destruir la posibilidad de un verdadero árbitro electoral para el país”. Definitivamente, el madurismo y “la mesita” coinciden en su estrategia. Ambos sectores buscan que el G-4 regrese a la respuesta abstencionista, sostenida en las últimas elecciones.
Sin embargo, en mi criterio, si la oposición democrática renunciara a la abstención y participara, con planchas únicas, en las elecciones parlamentarias, obtendría una absoluta mayoría y casi con certeza las 2/3 partes de los diputados. En ese caso, sin repetir los errores del año 2015, la oposición democrática tendría la oportunidad de designar los nuevos integrantes de los poderes públicos. De lograrse esa mayoría, Nicolás Maduro se vería obligado a iniciar unas negociaciones para encontrarle solución a la inmanejable crisis política que se produciría de inmediato. No estoy descartando, con la anterior afirmación, que puede existir la posibilidad de un fraude electoral, acompañado de innumerables abusos, si no se logra un Consejo Nacional Electoral suficientemente equilibrado e idóneo, pero en caso de ocurrir esos hechos, la ilegitimidad madurista se agravaría. La abstención debilita la legitimidad de un gobierno, pero no compromete su estabilidad. La denuncia de un fraude electoral, suficientemente probado, crea tal grado de ilegitimidad que difícilmente un gobierno, en esas condiciones, puede subsistir.
La coincidencia en la estrategia del oficialismo y “la mesita” está a la vista: los dos buscan que la oposición democrática insista en la respuesta abstencionista. Si lo logran, el madurismo recuperaría, sin ningún esfuerzo, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y los partidos minoritarios tendrían el escenario del Parlamento para fortalecerse, en el tiempo, como fuerzas políticas. La oposición democrática, antes de responder a la estrategia anterior, debe reflexionar con serenidad y suficiente perspicacia. Así mismo, como siempre lo he planteado, creo de vital importancia que esa respuesta cuente con el apoyo de la comunidad internacional que la respalda. Adelante. Sin rendirse. Seguimos en la lucha por recuperar la libertad y la democracia.