Al comienzo de este año 2023 nos planteamos metas, objetivos y proyectos, tanto en lo personal, como en lo familiar y en la vida social. Aquí entra la preocupación por el destino de nuestra nación. Él condiciona nuestra vida en lo individual y en lo colectivo, de ahí la importancia de reflexionar y actuar sobre el país que tenemos y el que soñamos.
Entra entonces a gravitar sobre nosotros el hecho político como un eje transversal en nuestra propia existencia. Venezuela necesita un nuevo proyecto histórico, entendido este como el conjunto de ideas y valores sobre el cual ha de soñarse y construirse una sociedad moderna, libre, justa y equitativa.
Nadie duda hoy de que el llamado modelo del socialismo del siglo XXI ha fracasado estruendosamente. Lo que está planteado para este siglo es un nuevo proyecto, esencialmente democrático y antropocéntrico, que avance hacia la construcción de una sociedad profundamente respetuosa de la dignidad de la persona humana.
De modo que el problema político no se limita exclusivamente a una salida de Nicolás Maduro y su camarilla del poder, que por lo demás es fundamental. Lo que está planteado en nuestro país es un cambio cultural profundo que pueda lograr un Estado democrático, una economía productiva para avanzar hacia una sociedad donde toda persona viva con dignidad y pueda acceder a los bienes materiales y espirituales a los que tiene derecho.
Aquí está el elemento medular de lo que estamos planteándole a nuestros ciudadanos. Establecer un gobierno de unidad nacional, que es diferente a un gobierno de cuotas para el reparto del botín, constituye un desafío para el liderazgo de nación, si en serio, queremos tener una República. Ese gobierno de unidad nacional debe sentar las bases de un nuevo proyecto de país.
No se trata de un eufemismo o de una afirmación retórica. La República está cada día más desdibujada y en peligro. Sus componentes fundamentales sufren un progresivo proceso de descomposición o disolución.
El territorio que es uno de ellos, no tiene una defensa integral. Entendiendo por tal, no sólo su integridad física, sino la de sus activos biológicos hoy en proceso de descomposición. Basta con observar la voraz deforestación de nuestra Amazonia y la contaminación de los cuerpos de agua, tal como ocurre con los derrames petroleros del lago de Maracaibo. Todo ello sin olvidar la dejación que se ha hecho de la defensa de nuestro derecho sobre el territorio Esequibo. A lo anterior agregamos la entrega de espacios importantes de nuestra geografía a grupos armados al margen de la ley, como han sido las concesiones a la guerrilla colombiana, en buena parte de la frontera occidental.
La población, que es otro requisito para la existencia del Estado, es otro factor en proceso de disolución. Nadie puede negar la gravedad de la diáspora. Más de siete millones de compatriotas han dejado el país y han huido a buscar oportunidades en otros. Lo más grave es que hay otro tanto pensando en irse. Tal situación compromete severamente nuestro desarrollo en los próximos años.
El poder constituye el tercer componente del Estado. El poder de la modernidad tiene que ser democrático. Apreciamos un poder autoritario, tomado por mafias, que dista mucho de estar sometido a la letra y espíritu de una constitución democrática.
Esos elementos evidencian un riesgo para la existencia del Estado y por ende de la República. El proyecto histórico que Venezuela requiere en esta hora tiene que tener presente esas dramáticas realidades. En el actual debate político estos temas no tienen la relevancia que los mismos exigen. El mismo se reduce a una simple lucha por cuotas de poder, fruto de rivalidades, ya casi históricas, entre actores ya conocidos.
De ahí mis propuestas para modificar esa realidad. Todas ellas deben tener un eje transversal. Se trata de insuflar a la nación, a la política, la economía y las instituciones de un compromiso moral para construir una sociedad donde la ética tenga un peso en la ordenación de la vida social. Todo lo cual, por supuesto, debe tener su principal impacto en la vida política.
Bajo la rectoría de una política ética debemos transitar del Estado autoritario, militarista y centralista al Estado democrático, federal, municipalizado y civilista. La plena recuperación del Estado de Derecho constituye una tarea que corresponde al conjunto del cuerpo social, bajo un liderazgo incluyente, respetuoso de la diversidad y el pluralismo, pero firme y determinado a establecer el respeto a una legalidad democrática, que debe recuperarse para sustituir la legislación arbitraria y autoritaria impuesta en estos años de “la revolución socialista y bolivariana”, como la definen los autócratas.
Solo en el marco de un Estado de Derecho podemos construir una economía de mercado moderna y productiva. La recuperación económica es clave para poder superar la brutal pobreza creada por el actual gobierno. Recuperar el salario de nuestros ciudadanos, las pensiones y jubilaciones, el servicio de salud y la educación, así como los servicios públicos, supone la existencia de esos dos elementos: Estado de Derecho y economía de mercado.
Estos son ejes fundamentales del nuevo proyecto histórico por el que hoy estamos de nuevo en la escena pública del país. Buscamos educar, concientizar, esperanzar y emocionar a nuestros compatriotas con ese proyecto. Persuadirlos de que sí es posible tener una Venezuela diferente. Una patria moderna, justa, equitativa donde podamos vivir, formar nuestras familias y contribuir a forjarla como una nación modelo en nuestro continente.