Hace 24 días, prácticamente un mes, asumió la presidencia de Colombia un ex narco terrorista, Gustavo Petro Urrego.
Muchos cambios, virajes y giros ha dado el nuevo Estado bajo la batuta de este joven que forjó su mentalidad e inteligencia en las rígidas disciplinas subversivas y terroristas de los años noventa. Es tiempo de hacer un corte de cuentas inicial.
Las reformas tributaria y electoral; una indígena a la ONU y un negro a la embajada de US en Washington; el nombramiento de un embajador en Venezuela y la designación de su gabinete ministerial, son asuntos de vital interés para todos los ciudadanos.
En Seguridad y Defensa el panorama pinta muy complicado.
En asuntos de soberanía, la orden impartida por Palacio a los recién nombrados embajadores ante la OEA y en el país de Ortega-Murillo, para su inasistencia a la sesión extraordinaria del organismo internacional que sancionó a Nicaragua, plantea serios interrogantes sobre el futuro de la Defensa territorial de Colombia, ante un rival que mantiene la ofensiva para quitarle al país suramericano más superficie marítima de la que ya está en discusión en el Caribe.
La barrida de unos 60 generales, almirantes y coroneles de la FFPP, ha planteado un nuevo reto sobre la idoneidad de sus reemplazos. “Hay injusticias” en estos cambios, declaró el propio presidente, con lo cual estamos de acuerdo, sobre todo en esta “purga” histórica de la cúpula militar y policial. Sin embargo, las estructuras básicas de inteligencia, operaciones y logística siguen ahí, esperando los nuevos comandantes que a estas alturas ya deben haber asumido sus nuevos cargos.
Como ninguno de los recién retirados ha salido a la palestra pública a denunciar su condición de injustamente descabezado, ni una sola asociación de veteranos, entre ellas la emblemática ACORE, se ha pronunciado.
En recientes declaraciones al periódico El Tiempo, el nuevo comandante del Ejército, mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, nos ha mostrado un mando militar consecuente con la doctrina y los principios de la seguridad humana. Civilidad y subordinación al poder civil, dicen que se llama esa característica de un Estado democrático. Mientras tanto, las operaciones ofensivas y el dispositivo de la FFPP en el primer productor de cocaína del mundo se mantienen hasta el momento.
La orden de suspender los bombardeos (misiones Beta) contra los campamentos en donde se confirme la presencia de menores de edad, plantea serios escenarios. El tuitero eleno Antonio García, del Comando Central (COCE), dijo en sus mensajes que los adolescentes en sus cuadrillas no son reclutados a la fuerza, sino voluntarios. El pasado 3 de agosto, un muchacho reclutado en el Tolima, fue hallado asesinado en Puerto Rico, Caquetá, después de comunicarse con su familia y pedirle que se encontraran en ese municipio del suroccidente colombiano. Los eventuales diálogos del nuevo gobierno con el ELN y otras cuadrillas alimentadas por Miraflores para el logro de la Paz Total, parece un embeleco mayor.
En cuanto a que alcaldes municipales convoquen a los militares a los Puestos de Mando Unificado (PMU) por razones humanitarias, es pertinente recordar que tales funcionarios no poseen la autoridad constitucional para esas citaciones a los militares.
Y para terminar este primer mes de montaña rusa en Seguridad y Defensa, la renegociación de la extradición, aunque ayer amaneció extraditando a 8 narcos; la suspensión paulatina de la Justicia Penal Militar; el desmantelamiento del servicio militar obligatorio con el proyecto de ley de Orden Público; la convocatoria a una Convención de cocaleros en el Catatumbo, la región con la mayor cantidad de cultivos ilícitos del mundo; la prohibición definitiva para fumigar y erradicar cultivos ilícitos y las 48 horas de plazo para el desalojo de predios invadidos por indígenas (foto), dejan flotando en el ambiente una mayor incertidumbre.
El nombramiento de un silencioso y oscuro personaje, compañero de travesuras del presidente, como director de la Dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI) y del director de la UNP (Unidad de Protección Personal), otro colega de las andanzas sediciosas de Petro, plantean muchas preguntas a la mitad de Colombia, que no es petrista.
Así va Colombia a un mes de haber elegido presidente a Gustavo Petro Urrego, ex narco terrorista, exparlamentario y exalcalde de Bogotá.
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