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El 28 de agosto marca un mes desde el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro, un recordatorio brutal del desmoronamiento de la democracia en Venezuela. Bajo el liderazgo de Maduro, el país ha sido arrastrado a una catástrofe sin precedentes, con un modelo de gobernanza que se sostiene en la corrupción, la represión y la explotación. La situación actual no es solo una consecuencia de la mala gestión, sino el resultado de un régimen que ha sistemáticamente socavado la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Desde hace años, el régimen de Maduro ha estado pulverizando las instituciones democráticas del país. La Asamblea Nacional, el órgano que debería representar la voz del pueblo venezolano, ha sido desmantelada y reemplazada por una asamblea controlada por el oficialismo. La justicia, lejos de ser independiente, actúa como una extensión del poder ejecutivo, manipulando leyes y sentencias para perpetuar el control del régimen. Este autoritarismo extremo ha eliminado cualquier semblanza de separación de poderes y ha sofocado la participación democrática, dejándonos con un sistema donde la voz del pueblo es ignorada y silenciada.
La corrupción rampante es otro pilar sobre el cual se sostiene el régimen de Maduro. Los recursos del Estado se han convertido en botín de saqueo para los funcionarios, quienes se enriquecen mientras el pueblo sufre. Empresas estatales como Pdvsa, en lugar de contribuir al bienestar de la nación, se han transformado en centros de corrupción y malversación. Este saqueo sistemático ha llevado a Venezuela a una crisis económica sin parangón, donde la falta de transparencia y la impunidad han paralizado la economía y exacerbado la pobreza.
La violación de derechos humanos bajo el régimen de Maduro es igualmente alarmante. La represión y la violencia se han institucionalizado, con las fuerzas de seguridad operando con total impunidad. Torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales se han convertido en prácticas comunes. Los opositores políticos son perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, eliminados. La brutalidad con la que se silencia cualquier forma de disidencia revela un régimen que no solo teme a la verdad, sino que la enfrenta con una represión feroz. Este clima de terror es una manifestación palpable del miedo del régimen a perder el control y la verdad.
La crisis humanitaria es otro aspecto devastador de la administración de Maduro. La gestión desastrosa del régimen ha provocado una escasez crítica de alimentos, medicinas y servicios básicos. La vida diaria en Venezuela se ha convertido en una lucha constante por la supervivencia, con millones de ciudadanos forzados a abandonar el país en busca de una vida digna. La desesperación se ha convertido en una característica omnipresente, mientras una nación se desmorona bajo el peso de la mala administración y la corrupción.
A esto se añade la conexión del régimen con el narcotráfico. Venezuela se ha convertido en un centro neurálgico para el tráfico de drogas, con el régimen proporcionando cobertura a los carteles internacionales a cambio de apoyo político y financiero. Esta implicación con el crimen organizado no solo ha desestabilizado aún más a la región, sino que ha fomentado la violencia y el narcotráfico, exacerbando la crisis de seguridad en América Latina.
El fraude electoral del chavismo el mes pasado es solo un ejemplo reciente de la decadencia del sistema. Mientras el régimen de Maduro perpetúa su control mediante trampas y manipulaciones, el pueblo venezolano continúa sufriendo bajo un régimen que ha arrasado con la democracia y la justicia. Es imperativo que la comunidad internacional no se quede de brazos cruzados. Las promesas vacías y las condenas sin acciones concretas solo prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano.
La inacción de los organismos internacionales y la falta de presión real sobre el régimen permiten que la tragedia continúe. Los ciudadanos venezolanos siguen luchando por la libertad y la dignidad que se les ha arrebatado, y es esencial que la comunidad global actúe con seriedad para apoyar sus esfuerzos. La lucha por la justicia y la democracia en Venezuela no puede esperar más; el tiempo de actuar es ahora.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.