El presidente electo de Argentina, Javier Milei, un economista libertario y autoproclamado «anarcocapitalista», prometió rejuvenecer a la rengueante economía del país y domar su inflación descontrolada. Se trata de una tarea de enormes proporciones, teniendo en cuenta el pésimo desempeño de la Argentina en las últimas décadas y sus antecedentes seriales de cesación de pagos (el último caso fue la reestructuración en 2020 de USD 65 000 millones de deuda soberana).
Con una reducción prevista del PBI del 2,5 % en 2023 y la inflación por encima del 140 %, las perspectivas económicas argentinas parecen funestas. El peso cayó a valores históricos mínimos frente al dólar estadounidense, lo que elevó la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro por encima del 150 %, y el país corre el riesgo de incumplir los compromisos de su deuda por décima vez. Como ocurrió históricamente, para solucionar los desequilibrios macroeconómicos argentinos habrá que reducir el gasto público sin exacerbar la crisis económica.
Para ello, Milei propuso dolarizar la economía argentina y fijar al dólar como la única moneda de curso legal del país. No es un enfoque completamente nuevo. Entre los anteriores intentos para incorporar disciplina macroeconómica hubo un régimen de caja de conversión, que ató el peso al dólar en una relación de uno a uno durante casi diez años, antes de colapsar a principio de la década de 2000 en medio de otra crisis más de la deuda. El plan de Milei eliminaría totalmente al peso, basándose en la idea de que apagando la «maquinita» del Banco Central se pondría freno al gasto público.
Pero eso no es más que una ilusión. Son muchos los factores que impulsan al gasto público además de la «plata fácil», y es probable que con la dolarización resulte aún más difícil financiar el déficit argentino. Además, no habrá margen para el ajuste a través del tipo de cambio —por ejemplo, para aumentar la competitividad— porque se cederá el control de la política monetaria a la Reserva Federal de EE. UU. Como lo demostró la experiencia argentina con la caja de conversión, el costo de exponer la economía local a la disciplina externa es la falta de flexibilidad, lo que dificultó notablemente la capacidad de los responsables políticos argentinos para responder a los impactos externos en 2001.
Al contrario de lo que parece creer Milei, la dolarización implica un desafío para la estabilidad macroeconómica. Los responsables políticos sensatos debieran oponerse a ella en vez de alentarla.
Las experiencias de las ex repúblicas soviéticas como Armenia y Georgia son un claro ejemplo. Después de independizarse en 1991, ambos países crearon sus propias monedas, pero la dolarización se generalizó debido a las políticas que procuraban gestionar la transición a una economía de mercado, controlar la hiperinflación y solucionar las bruscas depreciaciones de la moneda. Envueltos en una creciente incertidumbre macroeconómica, los hogares recurrieron a los dólares como reserva segura de valor. Los flujos de remesas entrantes también contribuyeron al crecimiento de los depósitos bancarios denominados en dólares (en cierta medida, aún lo hacen).
El problema es que los sistemas bancarios dolarizados son vulnerables a las fluctuaciones cambiarias desestabilizadoras, a los cambios repentinos de los flujos de capital y a los impactos externos en general. El ingreso de capitales, por ejemplo, puede exacerbar los desajustes por divisas y dejar a los países receptores expuestos a la depreciación de sus monedas. Para mitigar ese riesgo suelen ser necesarias restricciones adicionales a la política monetaria.
Pero la estabilidad macroeconómica no es el único problema, las monedas nacionales representan la independencia monetaria y desempeñan un papel significativo para la identidad cultural. El banco central armenio canalizó ese sentimiento en una conferencia internacional que organizó en septiembre, con el nombre «Somos el dram», celebrando el 30.o aniversario de su moneda. En palabras de los organizadores: «El dram es más que una moneda. Representa quiénes somos y todo lo que logramos superar como nación».
La soberanía monetaria es una característica fundamental de los estados y economías modernos. No solo implica la autoridad estatal para emitir moneda en el territorio, sino también el poder de gestionar la oferta monetaria y fijar las tasas de interés, supervisar y establecer regímenes de tipos de cambio, e imponer controles monetarios y de capital que afectan las reservas del Banco Central. La moneda que emite el Estado es reconocida como de curso legal, lo que significa su aceptación obligatoria para la compra de bienes y servicios, y para el pago de deudas. Los bancos centrales garantizan que la moneda local fluya a través del sistema bancario, y funcionan como prestamistas de última instancia a los bancos comerciales.
Con este telón de fondo, el plan de Milei para dolarizar a la Argentina parece confundir la soberanía monetaria con el control de los mecanismos para facturar, saldar cuentas y acumular ahorros. Además, se alinea con la idea libertaria de que hay que reducir el papel del Estado y su tamaño de manera dramática e irreversible.
Es, como mínimo, un enfoque cuestionable. La soberanía monetaria es un bien público fundamental que requiere el apoyo de instituciones creíbles para reforzar la estabilidad económica y la gobernanza democrática. La dolarización y la entrega voluntaria de la independencia monetaria son signos de fragilidad económica y política. Esto no augura nada bueno para el futuro de la economía argentina… ni para su democracia.
Traducción al español por Ant-Translation
Paola Subacchi es profesora de Economía Internacional del Instituto Queen Mary de Políticas Globales de la Universidad de Londres. Su última publicación es el informe De-Risking the Global Financial System: Forging a “New Consensus” [Un «nuevo consenso» para reducir el riesgo del sistema financiero mundial].
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