La inmanejable crisis política, económica y social venezolana está comprometiendo la estabilidad de un importante número de países del continente americano. La diáspora de 5 millones de nuestros compatriotas ha generado un proceso de desestabilización que, día a día, genera graves problemas en los países hacia donde, de manera mayoritaria, se han dirigido: Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No es casual que, justamente, en esos países se hayan dado las condiciones necesarias para el surgimiento de la violencia. Además, los intereses políticos e ideológicos de la izquierda radical continental han sido factores fundamentales en la forma violenta en que se han desarrollado las últimas protestas. Esa situación impone la obligación moral de encontrar un acuerdo nacional entre el sector madurista y la oposición democrática venezolana que permita superar la debacle nacional. Mientras ese acuerdo no se logre es imposible que Venezuela pueda encontrar un camino para hacerlo. Las inversiones nacionales y extranjeras no regresarán mientras no se garantice un verdadero Estado de Derecho.
Ese imprescindible acuerdo nacional requiere, antes que nada, que la inmensa, pero dividida dirigencia política venezolana logre una real unidad. Lograr ese acuerdo no es fácil por dos razones fundamentales: la diversidad ideológica imperante en la oposición que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda y la inexistencia de un liderazgo, con suficiente ascendiente, para que sus decisiones sean aceptadas por todas las organizaciones políticas y sus seguidores. La gravedad de la tragedia nacional obliga a que se superen muchos de los desacuerdos existentes ante la certeza que debe tener el liderazgo opositor de que es imposible empezar un proceso de recuperación nacional sin antes encontrarle solución a la ya muy larga crisis política. No dudo que muchos sectores del madurismo estén convencidos de que es imposible realizar una eficiente acción de gobierno en medio del profundo enfrentamiento político. Llego hasta creer que esos sectores pueden estar convencidos de que la única forma de lograr ese acuerdo nacional es reconociendo la legitimidad de la Asamblea Nacional.
Es criminal seguir manteniendo la absurda tesis del desacato para debilitar la legitimidad, fuerza y autonomía de la Asamblea Nacional. De no modificarse esa posición se haría imposible lograr que avance cualquier negociación entre oposición y oficialismo porque los debates y acuerdos van a exigir que se realicen en el propio seno de la Asamblea Nacional. Una historia parecida es la de los eternos poderes supraconstitucionales de la ilegítima asamblea nacional constituyente y la existencia del también cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, como ente supeditado a la voluntad del madurismo, para impedirle a la Asamblea Nacional toda posibilidad de legislar. Si el oficialismo no entiende la necesidad de ponerle punto final a tan inconveniente realidad no habrá posibilidad cierta de poder resolver la tragedia venezolana. Hay que entender que estos dos aspectos deben resolverse conjuntamente con la escogencia, cumpliendo cabalmente con lo establecido en la Constitución Nacional, de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
El otro aspecto a negociar es la aspiración del oficialismo a que se reconozca la legitimidad del resultado de las elecciones presidenciales en las cuales se eligió, fraudulentamente, a Nicolás Maduro como presidente de la República. Esa aspiración es imposible de satisfacer. De hacerlo, la oposición perdería totalmente la legitimidad nacional e internacional. De todas maneras, hay que saber que el tiempo en política es un factor importante. Corresponde constitucionalmente elegir, en el año 2020, una nueva Asamblea Nacional. El resultado de esa elección será de gran importancia. Estoy casi seguro que, en caso de organizarse y realizarse esas elecciones con un Consejo Nacional Electoral imparcial que establezca suficientes garantías de transparencia y equidad, el triunfo lo obtendría la oposición con una amplísima mayoría. En el supuesto negado de un triunfo del oficialismo, el régimen se legitimaría a sí mismo. De desarrollarse el primer escenario, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral podrían convocar a un referéndum revocatorio, previo acuerdo con el oficialismo, a fin de poner punto final al régimen madurista.
Por otra parte, existen opiniones muy válidas y respetables en el sector opositor que rechazan toda manifestación de violencia de manera militante, como forma de solución de las controversias políticas. Esa forma idealista de ver la historia es exagerada. La violencia surge normalmente como consecuencia del abuso de poder, sea nacional o internacional y casi siempre produce alguna forma de respuesta casi siempre violenta. Ese ha sido el caso de Nicolás Maduro. De allí las graves acusaciones en su contra en instancias internacionales por graves violaciones de derechos humanos. El pacifismo siempre ha sido una aspiración del hombre, pero nunca se ha logrado alcanzar plenamente. Recuerden la tragedia de Inglaterra ante el exagerado rechazo a la guerra de Arthur Neville Chamberlain… En el caso de Venezuela, la negociación ha surgido como una necesidad tanto del oficialismo como de la oposición. El madurismo controla el poder, pero no tiene legitimidad nacional ni internacional y sobre su gobierno pesa la amenaza del uso de la fuerza por los Estados Unidos y sus aliados. La oposición no controla el poder, pero tiene una trascendente legitimidad nacional e internacional. De allí que exista un amplio margen para una negociación suficientemente equilibrada, en la cual los grandes ganadores puedan ser Venezuela y su pueblo.