Hace unos días se difundió el informe del Monitor de Víctimas (2021) y los datos no son alentadores. La información levantada nos da una panorámica de la letalidad de los cuerpos de seguridad, la expansión de las bandas criminales en el país y el enquistamiento de los grupos guerrilleros en la frontera.
Muchos venezolanos están en una tierra de nadie en disputa entre el Estado y los grupos delictivos, una zona donde la violencia, el desprecio por la vida y la violación de los derechos humanos parece ser la única ciudadanía a la que puede acceder la población que queda atrapada en medio del conflicto.
Los cuerpos de seguridad son otra vez el primer victimario con 34% de las muertes. Aunque los homicidios, en general, se redujeron en 9,2%, en los casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales no hubo disminución con respecto a 2020.
Sólo en Caracas, Lara y Táchira ocurrieron 787 homicidios, un parte de guerra donde los cuerpos de seguridad son, otra vez, el primer victimario al estar involucrados, en la ciudad capital, en 34% de los asesinatos. Las ejecuciones extrajudiciales encubiertas con la etiqueta “resistencia a la autoridad” no bajaron con relación al año 2020, lo que demuestra la falta de una política de Estado para investigar, detener y castigar a los gatillos alegres que, desde la impunidad que ofrece el sistema judicial venezolano, siguen asesinando a los venezolanos.
La toma por asalto de la Cota 905 y La Vega en contra del Coqui a inicios de 2021 fue el suceso más determinante en la ciudad capital, un hecho sangriento que tuvo, según familiares de las víctimas y testigos de los hechos, a funcionarios del Estado como responsables de ejecuciones extrajudiciales y el acoso a la población civil, todo esto en ausencia de explicaciones por parte de los voceros del régimen, sin reportes ni estadísticas oficiales y sin que el Ministerio Público del régimen haya iniciado hasta el momento ninguna investigación sobre lo ocurrido a lo largo de tres pavorosos días.
La violencia delictiva y el desprecio de las autoridades hacia los más elementales derechos humanos de la población han convertido a nuestro país en un territorio donde se supervive a un conflicto armado de baja intensidad, como advierten los especialistas que han trabajado en este informe, esta sangría humana genera consecuencias más profundas y duraderas que la reflejada en el parte de guerra levantado a la puertas de las morgues. Para tratar de hacernos una idea de la tragedia, sólo en Caracas 335 niños quedaron huérfanos el año pasado, es decir, casi un niño a diario perdió a alguno de sus padres por hechos delictivos o por abusos de las autoridades.
No es verdad, como afirman algunos altos funcionarios del régimen, que el sistema judicial venezolano está actuando “de manera impecable”. Los datos están allí, la reforma judicial y la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado fueron meros retoques cosméticos emprendidos por el Estado de manera acelerada para evitar el inicio de la Fase de Investigación de la Corte Penal Internacional, un lavado de cara que no pudo contradecir los datos duros que han venido levantando las ONG venezolanas, un esfuerzo reconocido por los organismos multilaterales y defensores de derechos humanos en todo el mundo.
Estas investigaciones, informes y trabajos periodísticos han puesto la alerta al mundo sobre lo que ocurre en el país, un esfuerzo de hombres y mujeres valientes que han tratado impedir que se normalice la violencia, dando voz a las víctimas de un Estado incapaz de someter a las bandas criminales y cuyas políticas de seguridad son meros ejercicios de fuerza irracional, impune y sangrienta. Esta es la razón por la que la Asamblea Nacional oficialista está adelantando una Ley para suprimir la acción de las ONG en Venezuela, otro ejemplo de la “manera impecable” en que el régimen afronta los problemas: persiguiendo al denunciante y tratando de ocultar los hechos.
Destaco el papel de iniciativas como el Monitor de Víctimas en el esfuerzo de investigar, documentar y difundir lo que ocurre en el país, apoyando a las víctimas, colaborando en la formulación de políticas públicas para la seguridad ciudadana y recuperando espacios para la consolidación del poder de la gente que le gane el pulso a la violencia en las comunidades.
Este es nuestro compromiso.
Mucho queda por decir sobre la violencia en Venezuela y en futuros artículos seguiremos comentando otros aportes del informe del Monitor de Víctimas, explorando lo descubierto en los estados Lara y Táchira. Para los interesados en profundizar sobre este tema, los remitimos al Informe que pueden consultar en el siguiente enlace: Fuego cruzado en Venezuela. Grupos armados estatales y no estatales comparten la violencia homicida. Monitor de Víctimas. Informe 2021.
Monitor de Víctimas es una iniciativa de Caracas Mi Convive y del medio digital Runrun.es, en el que se articula la participación ciudadana con el periodismo de datos e investigación, para levantar información sobre homicidios que ocurren en Caracas, Lara y Táchira, desde la óptica de las víctimas, a fin de poder identificar patrones que ayuden al diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.
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