Nicolás Maduro comprometió su autoridad moral, ante Venezuela y el mundo, al asumir, ilegalmente, la presidencia de la República, después de burlar la voluntad popular en las elecciones de 2018. Desde entonces, su poder se ha sustentado en el uso de la fuerza. Esa situación se ha agravado en los últimos días, como consecuencia de las graves acusaciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en respaldo al informe presentado por la Misión Internacional Independiente para la Verificación de Hechos en Venezuela, en el cual se señala a su persona y a varias decenas de funcionarios de su gobierno como responsables de la comisión de múltiples delitos de violación de derechos humanos; así como la acusación realizada por el presidente de Colombia, Iván Duque, en su discurso anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al señalar que “el régimen madurista se ha transformado en un amenaza constante para la democracia en la región y en el mundo”. El contenido de estas declaraciones y otros documentos y expedientes acumulados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, permiten valorar la grave situación de Derechos Humanos en Venezuela y la razón, entre otras, de la carencia total de legitimidad y autoridad moral de Nicolás Maduro y su despótico gobierno.
El nuevo informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos resaltó el impacto que tiene la inmanejable crisis hiperinflacionaria en Venezuela, al comprometer el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas y limitar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos, medicamentos y asistencia médica, con claros efectos desestabilizadores en la región. En la parte central del informe, se señalan casos de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) en algunos barrios populares: “Tan solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de las FAES en Caracas”. También muestra su preocupación por el daño, potencialmente severo, a los derechos humanos de los venezolanos derivados de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos, entre ellas, el estricto escrutinio del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera. Sin embargo, reconoce las excepciones estipuladas en el área de asistencia humanitaria, descalificando los señalamientos realizados por Nicolás Maduro al querer responsabilizar a las sanciones como causantes de la tragedia nacional.
Por su parte, el presidente de Colombia denunció, con gran firmeza y fuerza, a Nicolás Maduro y a su gobierno, el 22 de septiembre de 2020, en su discurso anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en el mundo”. Al resaltar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Nicolás Maduro y su gobierno, señaló: “Lo que se busca en Venezuela, con los crímenes de lesa humanidad, es perpetuar la tiranía. Y todos, absolutamente todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación”. Más adelante afirmó: “Necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres, y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura”. Nicolás Maduro, alegando un inusitado respeto a la Constitución, sostuvo, en el mismo escenario, que era imposible posponer las elecciones parlamentarias, como lo propone la Unión Europea, debido a que dicha fecha aparece taxativamente en la Constitución Nacional, para poder enviar sus observadores y garantizar de esta manera un proceso electoral democrático y competitivo.
La muy compleja situación internacional que enfrenta el régimen madurista, agravada por la reciente gira del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a los países limítrofes con Venezuela, debería ser causa suficiente para que Nicolás Maduro, los cuadros militares y los sectores moderados de su partido reflexionaran en el sentido de encontrarle alguna alternativa de solución a la crisis venezolana. Soy de los que creen que las elecciones parlamentarias podrían ser una extraordinaria oportunidad de solución. La presencia en Venezuela de dos altos funcionarios de la Comunidad Europea, cercanos a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, indica que esa posibilidad existe. Sin embargo, Nicolás Maduro persiste en mantenerse en el poder mediante la coerción, con la consiguiente profundización de nuestra tragedia y, al parecer, convocará a unas elecciones parlamentarias a su leal saber y entender, con lo cual, parafraseando a Unamuno, “vencerá pero no convencerá”. Es decir, “triunfará” en unas elecciones fraudulentas, desconocidas tanto nacional como internacionalmente, pero sólo logrará incrementar el rechazo a su figura y a su gobierno. Los crecientes hechos de justificadas protestas, en gran parte del territorio nacional, reprimidos salvajemente por fuerzas militares y policiales, presagian hechos de violencia sin control que agravarán aún más la tragedia venezolana.