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El 28 de julio marca el inicio de una nueva etapa que deberá concluir con el restablecimiento del orden democrático y de la institucionalidad. Vamos hacia el final, un camino difícil, pero seguro si mantenemos la unidad y la movilización necesarias bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Después de un fraude continuado que la dictadura pensaba que era suficiente para arreglar las cifras, dan un golpe a la institucionalidad, a la soberanía popular y a Edmundo González Urrutia como presidente electo. No estamos ante un simple fraude electoral que conduce a reparos administrativos y judiciales, sino ante un auténtico golpe de Estado que coloca a la crisis en un plano distinto, en el que resultan aplicables conceptos e instrumentos propios para la restauración del orden, como la Carta Democrático Interamericana, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el principio de la responsabilidad de proteger a una población víctima, como lo es sin duda Venezuela hoy, de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que constituyen según el Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad.
La tiranía insiste por todos los medios en mantenerse y sofocar un país que aspira y así lo demostró el pasado 28 de julio, libertad y dignidad y un cambio de gobierno y del sistema político, económico y social que se nos ha venido imponiendo desde 1999 que ha arruinado al país y golpeado a la sociedad venezolana. Intenta la tiranía, ya descubierta por la comunidad internacional como tal, imponer un Estado socialista, contrario a la Constitución y las leyes de la República, pero sobre todo al sentir de los venezolanos que aspiran a vivir en democracia y libertad. La adopción de las últimas leyes y decretos, de políticas represivas y de otras prácticas propias de un régimen totalitario en decadencia, muestran el camino que han decidido tomar contra la voluntad de todos.
Ante la derrota, el desprestigio y la pérdida creciente de apoyos dentro y fuera del país, la tiranía busca dominar a los venezolanos con prácticas terroristas nunca vistas antes, al recurrir a métodos ilegales en el que están involucrados todos los poderes y órganos del Estado, incluso los órganos de justicia, el ente electoral, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que en forma conjunta, respondiendo a una política de Estado muy clara, cometen crímenes de lesa humanidad. Un terrorismo de Estado que preocupa a las democracias del mundo, a la región que se siente desestabilizada y amenazada, una práctica que les confirma el camino a La Haya en donde en su momento tendrán que rendir cuentas.
La imposición de un Estado socialista encuentra, sin embargo, como nunca antes, un país unido alrededor de un liderazgo incuestionable que ha mostrado estar a la altura de las circunstancias y un pueblo que valientemente continua la lucha dentro de las limitaciones que impone la barbarie, un pueblo que no deja de movilizarse para expresar su anhelo de libertad y así lo mira el mundo que nos acompaña, como lo vimos recientemente en la Declaración adoptada por los presidentes de la región durante la toma de posesión del presidente de República Dominicana y en la resolución del Consejo Permanente de la OEA, adoptada por consenso.
Los gobiernos democráticos de la región y del mundo desconocen la declaración del Tribunal Supremo de Justicia que lejos de ser una decisión jurídicamente válida constituye un acto político declarativo ilícito en todos sus aspectos. La Sala Electoral del TSJ, actuando fuera de sus competencias y sustituyendo o anulando el Poder Electoral, supuestamente independiente e imparcial, “confirma” el proceso electoral que sella el fraude y el golpe a la soberanía popular. La mayoría de los gobiernos de la región y de Europa expresaron en forma individual y colectiva el desconocimiento del proceso y de los resultados anunciados por el ente electoral y refrendados por el acto írrito de la Sala Electoral.
Y no solamente los gobiernos se han pronunciado, también instituciones y personalidades extranjeras, Parlamentos nacionales y comunitarios y órganos internacionales del sistema de Naciones Unidas, como la Misión de Determinación de Hechos y del sistema regional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desconocen el proceso fraudulento y el golpe a la soberanía popular que intenta el régimen.
La Corte Penal Internacional no ha actuado todavía, pero es claro que conoce lo que realmente ocurre en el país, todo sobre los crímenes cometidos desde 2014 y más desde el 28 de julio pasado, sobre lo que hemos informado muchos, con la seriedad y la responsabilidad característica de quienes luchamos por la aplicación de la justicia y la erradicación de la impunidad por la comisión de crímenes internacionales y el reconocimiento de las víctimas y la reparación que merecen. La Corte deberá emitir en el corto plazo, por solicitud del fiscal, órdenes de comparecencia y de detención de los presuntos responsables. Recordemos que la Corte no fue creada solamente para sancionar a los responsables del más alto rango por los crímenes internacionales objeto de su competencia, sino para prevenirlos.
La lucha no ha sido fácil, ni lo será. El camino hacia la restauración de la democracia es un desafío que afrontamos con dignidad. La violencia de la dictadura, el terror, el amedrentamiento, la persecución buscan debilitar a las fuerzas democráticas del país, pero los venezolanos tenemos hoy más que nunca confianza en el liderazgo de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia y la decisión de luchar unidos, desde todos nuestros espacios, por nuestra libertad y dignidad.