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Un Estado que comete crímenes de lesa humanidad no se investiga a sí mismo

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Estado policial, Human Rights Watch

Foto Archivo

Todos los señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido premiados y condecorados por el Estado, algunos militares de alto rango que ejecutaron el Plan Zamora -torturaron y asesinaron a cientos de manifestantes en 2017- figuran como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional para lograr la inmunidad y así intentar salvarse de la CPI. Les recuerdo lo siguiente: la CPI y el sistema universal de los derechos humanos no concede privilegios a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.

El informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la Violación de los Derechos Humanos en Venezuela de la ONU está logrando vencer los obstáculos que siempre colocó la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, para que el informe de 2018 y el del último año 2020 elaborado por la misión no pasaran a la fase de aprobación del informe preliminar que permitiría ejercer la presión al Estado violador sistemáticamente de los derechos humanos y procesar penalmente a los responsables. La CPI tiene la facultad y competencias para proceder a la investigación de los responsables de tan horrendos crímenes de lesa humanidad, por ser el Estado venezolano signatario del Estatuto de Roma.

Que la fiscal de la Corte Penal Internacional haya afirmado que existen fundamentos razonables para creer que hubo delitos de lesa humanidad es un paso sumamente importante para la aprobación del informe preliminar e iniciar la investigación penal correspondiente. Se constituiría en el primer caso latinoamericano procesado por la CPI.

Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, violencia sexual, asesinatos de manifestantes, miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de la FAES, la OLP, reflejados en el informe 2018 y 2020, son una demostración de que la violación sistemática de los derechos humanos es parte de una política de Estado para la aniquilación definitiva de las garantías constitucionales y los derechos humanos en Venezuela, el mejor aliado de la impunidad.

Para finalizar. como abogado defensor de los derechos humanos rechazo y condeno el uso de la ayuda humanitaria lograda por Unicef para hacer campaña electoral, acción que catalogo como criminal.

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