El calendario electoral aprobado por el CNE, después del teatro escenificado en la Asamblea Nacional la semana pasada por el PSUV y los grupos políticos y sectores sociales que le sirvieron de comparsa, fue concebido para montarle una emboscada a María Corina Machado (MCM), a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y crear confusión y frustración en la inmensa franja de electores que quieren cambiar el régimen por la vía pacífica, electoral y constitucional.
La fecha de la elección presidencial fue anunciada el 5 de marzo, cuando se cumplía un año más del fallecimiento de Hugo Chávez, y fijada para el 28 de julio, día en el cual el «comandante eterno» estaría cumpliendo 70 años de edad. Nicolás Maduro necesita organizar la campaña a la sombra de su mentor. Refugiarse en la nostalgia que su figura evoca y apelar a las emociones que aún desata, para aspirar a continuar en Miraflores. Está claro que no posee los méritos suficientes para ser reelegido. Sabe que no puede caminar sin esa muleta. Que el pueblo no lo quiere porque ha conducido al país a la miseria y a una situación peor que la heredada de su preceptor.
En calendario definido por el CNE –todavía parcial e incompleto– representa la materialización del «Acuerdo Nacional sobre las Garantías Electorales y el Calendario de los Comicios Presidenciales 2024» suscrito en la AN, que sustituyó al Acuerdo de Barbados, según la interesada versión de Maduro y Jorge Rodríguez. En realidad, hay que entender que las únicas «garantías electorales» son las que ese documento le otorga a Maduro para que se mantenga en Miraflores, pues en él se le cierran todos los caminos legales a MCM para ser candidata.
El desconocimiento por parte de MCM del dictamen de la Contraloría General de la República, avalado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia, sin que hubiera un juicio previo, se enmarca en lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en el artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por… la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En este caso, la arbitraria e inconstitucional medida adoptada contra ella, conspira contra la libertad de los electores a elegir sus candidatos de acuerdo con el método que consideren más adecuado (prerrogativa reconocida en el Acuerdo de Barbados), y menoscaba los derechos humanos de una ciudadana que cumple con los requisitos exigidos en el Art. 227 de la CRBV para ser presidenta: ser venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años y de estado seglar. Lo que sucede es que MCM fue objeto de una decisión arbitraria de dos órganos del Estado que le cercenaron sus derechos políticos, sin estar sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme, por no haber ido a un juicio justo en el que tuviese la posibilidad de defenderse, tal como ocurre en una nación donde impere el Estado de derecho.
Se trata de una batalla muy desigual porque toda la maquinaria estatal se alineó contra MCM para anular el inmenso apoyo popular con el que cuenta y el esfuerzo que viene realizando a lo largo y ancho de Venezuela para hacer valer el mandato recibido cuando fue electa candidata en la primaria del 22 de octubre del año pasado. Contra ella se colocaron, además del TSJ y la CGR, el CNE, la AN, la FANB, las policías regionales y la amplia red de medios de comunicación financiados con fondos públicos, que de forma orquestada la desacreditan. Los grandes medios de comunicación privados en televisión y radio, se han inhibido de invitarla a programas de opinión por temor a la reacción del régimen, que puede acosarlos con Conatel, el Seniat o los cuerpos policiales.
La indignación de la gente que apoya la candidatura de MCM es una expresión pacífica y constitucional que partió de las bases sociales. Las giras y concentraciones por el interior del país despiertan un entusiasmo que no se veía desde la campaña de Henrique Capriles contra Hugo Chávez en 2012 y contra Nicolás Maduro, en 2013. La gente descontenta por la inflación, la inseguridad, la corrupción, la falta de electricidad, agua potable, gasolina, el deterioro de la educación, la salud y el transporte público, ha salido a manifestar su desagrado y a exigir un cambio de gobierno en los términos establecidos en la CRBV. En ese movimiento ascendente, que desde las capas más pobres ha ido incluyendo a los sectores medios y a las clases más acomodadas, no hay nada de subversivo ni insurreccional. Lo que esas personas insatisfechas aspiran es a transformar su realidad diaria para hacerla más amable y vivible.
El «hasta el final» de la campaña de MCM, convertido en consigna épica, busca crear una emoción y un compromiso inquebrantables con esos millones de venezolanos que se movilizaron a votar por ella en la primaria, que la han acompañado en sus recorridos por la nación y que están dispuestos a mantenerse a su lado en esta batalla tan desigual.
Si al final de esta dura y asimétrica contienda, el pueblo no alcanza a vencer la resistencia del régimen y MCM no logra ser candidata de la mayoría que representa, viéndose obligada a respaldar a otro aspirante, los venezolanos que han estado a su lado podrán entender que no hubo deslealtad ni debilidad (ni lloradera, como dijo Lula) de su parte, sino una decisión sensata para tratar de salvar al país de otros seis años de penuria.
Por ahora, sigue siendo la candidata de la PUD y habrá que acompañarla al CNE en marzo para que intente inscribir su candidatura. Todavía no ha llegado la hora de rendirse.
@trinomarquezc
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