2023 es un año clave para el relanzamiento de las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe. El 24 y 25 de marzo participaré en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Santo Domingo. Este encuentro con los líderes iberoamericanos se enlaza con la Cumbre UE-CELAC del próximo mes de julio en Bruselas. La confluencia de dos cumbres este semestre demuestra el interés compartido en reactivar la “otra relación transatlántica”.
Para la Unión Europea, América Latina y el Caribe son mucho más que un mercado de creciente importancia. Son un continente joven en el que están en juego valores e intereses cruciales de la UE durante las próximas décadas.
Debemos encender las luces largas y actualizar nuestro enfoque para adaptarnos a un nuevo contexto geopolítico. La competencia estratégica entre EE. UU. y China, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el auge del llamado «Sur Global» conducen al mundo hacia una multipolaridad desordenada e inestable. No es una invitación al aislamiento, sino una oportunidad para reforzar nuestra cooperación en un momento en el que los bienes comunes globales son más necesarios que nunca.
En las dos orillas del Atlántico, queremos reforzar nuestras autonomías, evitando dependencias excesivas y diversificando cadenas de valor. Por eso necesitamos más cooperación y acuerdos entre socios económicos y políticos confiables. ¿Si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, con quién lo vamos a hacer? La complementariedad entre estas dos regiones cercanas y afines es crucial para nuestros intereses y respectivos papeles como actores globales.
El punto de partida es evidente: la relación entre la UE y América Latina y el Caribe es positiva, asentada en vínculos humanos, políticos, económicos y culturales profundos. Tenemos una de las redes más densas de acuerdos políticos, de cooperación y comerciales, entre la UE y 27 de los 33 países de la región. La UE es el tercer destino para las exportaciones latinoamericanas, y la primera fuente de inversiones en la región. La UE es también el primer contribuyente en materia de ayuda al desarrollo.
Es verdad, nuestra relación se asienta en cimientos sólidos, pero, tal vez por ello, nos habíamos dormido en los laureles y otros socios, China en particular, lo han aprovechado. No basta con reconocer lo que nos une como «socios naturales». Debemos mirar al futuro y trabajar juntos como «socios preferentes» que dialogan y se consultan sobre la base de intereses compartidos. Debemos trasladar el foco de atención a menudo centrado en los problemas de nuestras respectivas regiones hacia la búsqueda de soluciones conjuntas ante problemas comunes.
Esto requiere más diálogo a todos los niveles, evitando que los problemas o desacuerdos de cada parte eclipsen el potencial de la cooperación conjunta. Es algo que los ciudadanos reconocen. Una encuesta realizada en septiembre de 2021 por Latinobarómetro en 10 países latinoamericanos revela datos alentadores. A la pregunta de con qué región del mundo se beneficiaría más su país de reforzar vínculos, 48% nombró a Europa, 19% a Norteamérica, 12% a Latinoamérica y 8% a Asia-Pacífico.
El Caribe, además, como subregión económica, geográfica y culturalmente reconocible, merece mayor atención política por parte de la UE. Parte de la respuesta debe consistir en desarrollar una relación y un diálogo más estructurado.
El objetivo es, por tanto, construir una nueva agenda positiva y pragmática de cooperación en torno a los tres grandes ejes que marcarán el destino del siglo XXI: el cambio climático, la revolución digital y la justicia social. Latinoamérica y el Caribe son un socio fundamental para alcanzar los objetivos medioambientales mundiales y la aplicación del Acuerdo de París. La región concentra un 60% de las especies terrestres y solo la Amazonía representa el 56% de los bosques húmedos del mundo. Sin el patrimonio natural colosal de América, el mundo no podrá proteger su equilibrio ecológico. La región también es clave para lograr que la transformación digital se ponga al servicio de las personas, respetando su privacidad, sus derechos y libertades, ampliando el acceso a servicios públicos y privados. Por eso acabamos de lanzar, el pasado 14 de marzo en Bogotá, una Alianza Digital para promover una transición digital justa y centrada en el ser humano.
La dimensión social es indispensable: las transiciones verde y digital serán justas y democráticas o no serán. La democracia está en retroceso en todo el mundo y, al mismo tiempo, las sociedades latinoamericanas claman ante la pobreza, la desigualdad y la violencia. Se estima que, a finales de 2022, uno de cada tres latinoamericanos estaba en situación de pobreza y uno de cada seis en situación de pobreza extrema. También en Europa el riesgo de pobreza y exclusión social afecta a más de una quinta parte de la población. No será posible defender nuestras democracias y superar la amenaza autocrática, ni en América ni en Europa, sin forjar un contrato social más justo y sostenible. Para desarrollar esta agenda, tenemos nuevos instrumentos como “Global Gateway”, la estrategia europea para apoyar inversiones sostenibles y transformadoras reuniendo el músculo financiero de UE, Estados miembros, instituciones financieras y sector privado.
Por último, ahora todavía más, debemos promover juntos la paz, la democracia y los derechos humanos a través de un orden multilateral más justo e incluyente. Decimos siempre que América Latina y la UE somos firmes defensores del multilateralismo, y es verdad. Juntos hemos votado y exigido el respeto de los principios del derecho internacional, como el respeto a la integridad territorial y la soberanía de los estados. Pero debemos ir más allá para reforzar la cooperación en materia de paz y seguridad. Nuestras regiones deben jugar un papel clave en la reforma de la arquitectura internacional financiera y de seguridad.