No hubo sorpresa alguna. Tal como era de esperar, el régimen -disfrazado esta vez de Tribunal Supremo- mantuvo la inhabilitación para María Corina Machado, Henrique Capriles, etc., mientras la levantó para otros de escaso o nulo valor electoral.
El razonamiento de quienes ordenaron la sentencia y de quienes la escribieron tiene lógica -perversa pero lógica- y es el resultado de un frío balance.
Costos: teniendo en cuenta todas las encuestas que muestran 85% de rechazo al gobierno, además del ambiente que se respira en la calle, es evidente que una elección limpia, competitiva y verificable resultará indefectiblemente en la descomunal derrota de Maduro. La consecuencia de tal derrota es la pérdida del poder y los importantes beneficios que el mismo importa, tal como los negocios, la corrupción, el ventajismo, etc. Todo eso se terminaría abruptamente para un importante grupo de funcionarios, amigos, enchufados y relacionados. La etapa siguiente sería la rendición de cuentas expresada -no en venganza- sino en procesos judiciales que muy probablemente culminarían con penas privativas de libertad. La otra alternativa es la fuga del país hacia destinos que seguramente no serían Disneyworld ni París, sino los paraísos socialistas (Cuba, Nicaragua, Rusia, etc.). Ante tal expectativa es entendible que no se sientan inclinados y prefieran aguantar el reclamo de gran parte del mundo.
Beneficios: la permanencia en el poder, por el contrario, permitiría seguir aprovechando las ventajas para sí y sus secuaces, además de blindarlos de la obligación de rendir cuentas por sus flagrantes violaciones de los derechos humanos, la probidad, el Estado de derecho etc.
Por el momento quienes despachan desde Miraflores y su combo estiman que estos privilegios bien justifican los costos que ya enfrentan, más los que vendrán a través de sanciones, aislamiento, rechazo de la comunidad democrática etc.
En el presente estado de cosas, habiendo recientemente conseguido algunos éxitos (Saab, narcosobrinos, etc.) que amplían su espacio de maniobra es de suponer que, en el cálculo de ellos, los beneficios bien justifican los costos. Todas las dictaduras han hecho el mismo balance y, mientras han podido, han practicado todo lo necesario para no abandonar el poder.
Es cierto que hay dictaduras que han durado mucho tiempo como la de Cuba, Libia, Guinea Ecuatorial y otras, pero también es cierto que no hay mal que dure cien años, como se vio con la caída de la Unión Soviética en 1991 seguida por la cascada de derrumbes en toda la Europa Oriental, la reunificación de Alemania, etc. Hoy, con la explosión comunicacional se hace cada vez mas difícil mantener a los pueblos ignorantes de lo que ocurre a su alrededor y en el mundo.
Otra consideración es la cultural y la del éxito económico. La primera de ellas, sin duda, tiene relevancia en la medida en que es evidente que ciertas culturas abrigan valores y costumbres ventajosas para regímenes que restringen la libertad, tal es el caso de la cultura árabe en cuyo ámbito no hay un solo país democrático o la cultura china en la que tan solo Taiwán disfruta de democracia.
Sea como fuere, los venezolanos pertenecemos a la cultura occidental judeo-cristiana en la que la libertad tiene relevancia. En cuanto al éxito económico no conocemos país alguno, salvo China que lo haya obtenido sin democracia. Sin embargo, no puede desconocerse que dentro del marco de nuestra cultura política las desigualdades y la exclusión son la realidad de amplios sectores de la población, lo cual viene incidiendo en la visión cada vez más extendida y escéptica acerca de los beneficios de la democracia. Ello es particularmente notorio cuando apreciamos el deterioro cada vez mayor -especialmente en América Latina- del aprecio por la democracia.
Regresando al tema de las inhabilitaciones, especialmente en el caso de María Corina, es preciso destacar lo vergonzoso de todo el proceso que culmina con la sentencia emitida por el máximo órgano judicial de nuestro país la semana pasada. Empecemos por fijarnos en el perfil de los magistrados que avalaron dicho pronunciamiento: todos ellos con militancia chavista notoria y no disimulada, lo cual no solo contraviene los requisitos para ocupar el cargo sino que descalifican la sentencia emitida. A ello agréguense los considerandos de la tal «sentencia», los cuales más bien parecen inspirados en la época panfletaria del comunismo sesentoso, además de que nada tienen que ver con el punto sometido a su consideración. La respuesta a un amparo introducido por Machado reclamando la inexistencia del acto que la inhabilitó se convierte en una nutrida lista que le atribuye la culpa de hechos que nada tienen que ver con lo que allí se tramitaba. Según ese esperpento jurídico, ella es culpable de traición a la patria por haber integrado -ad hoc y en calidad de suplente- una delegación extranjera en una reunión internacional, haber solicitado sanciones para Venezuela, etc. etc. Solo faltó echarle la culpa por el covid y por el asesinato de Abel, no ya por Caín sino por la «oligarquía». Además -atención-, parece que omitió declarar como ingreso los miserables bonos recibidos mientras fue diputada. ¡Grave! Estamos seguros de que los señores El Aissami y Ramírez sí los habrán incluido en sus respectivas declaraciones.
¿Quedan recursos? Entendemos que en la justicia nacional no y -en caso de haberlos y si se intentaran- el resultado ya se conoce de antemano. ¿Quedan recursos internacionales? La respuesta a este interrogante es irrelevante, pues su posible resolución llegaría después de las elecciones presidenciales.
Lo que sí queda es la movilización popular, la cual, desgraciadamente, no parece ser posible dadas la necesidades perentorias de la población ocupada en sobrevivir y en el fundado temor a una represión cada vez más violenta y brutal. En consecuencia, en nuestra opinión, solo queda el recurso ante la influencia internacional ejercida por Estados, personalidades, organizaciones internacionales, que apoyen en forma sostenida la posibilidad de participación de María Corina Machado en las elecciones venideras.
Esto último se ha venido llevando a cabo con rapidez y éxito. Ya en pocos días casi veinte países han expresado protesta o preocupación, el Parlamento Europeo, la OEA, el gobierno de Estados Unidos etc. Todo ello viene ocurriendo en parte por la acción eficiente y coordinada del Comando de Campaña de la candidata y por la indignación general que ha desatado la insólita decisión del más alto tribunal de Venezuela, el cual -hasta los momentos- no ha mostrado la más mínima vergüenza por el adefesio. También es cierto que algunos otros se han hecho los desentendidos y las dictaduras se han regocijado. Queda por ver la reacción del gobierno de Mr. Biden, que hasta ahora solo ha revocado la licencia otorgada por la OFAC (Departamento del Tesoro) que permitió a la empresa estatal Minerven (explotación de oro) operar fuera del marco sancionatorio. A fines de abril vencerá la llamada Licencia 41, que es la que suavizó las sanciones permitiendo la continuación de las operaciones de la empresa norteamericana Chevron. Si esta licencia se revocara o se dejase vencer sin renovarla, la modesta recuperación de la producción petrolera registrada últimamente se esfumaría y con ella los ingresos económicos que dicha actividad. Haran eso los americanos en pleno año electoral de ellos?
A todas estas ha quedado evidenciado que quienes usurpan el gobierno del país han elegido ignorar los compromisos contraídos tras las negociaciones que culminaron con el Acuerdo de Barbados del pasado octubre. El «psiquiatra del horror» se ha permitido mandar a los norteamericanos a la m… Tal bravuconada de matón de barrio no parece que sirva para crear un ambiente favorable para continuar las negociaciones. Además, de ello ha quedado demostrado que una negociación sin la participación de un representante de María Corina ya no tendría representatividad alguna toda vez que la delegación presidida hasta ahora por Gerardo Blyde -de cuya honorabilidad no dudamos- carece ya de la representatividad que alguna vez pudo tener. Hay un nuevo despliegue de fuerzas y ello debe reconocerse a la hora de cualquier negociación.
Existe tambien un grupo de opinión que promueve la selección de una candidatura alternativa para el caso de que María Corina no sea rehabilitada. Este columnista no apoya dicha salida sino que sostiene que el mejor Plan B de la oposición consiste en reafirmar el Plan A. Habrá «choque de trenes»… a lo mejor, pero a estas horas las cartas ya están echadas y ha quedado claro que con Maduro & Cía. no se puede negociar por cuanto ellos estiman normal y aceptable renegar de sus compromisos, así sean solemnes y contraídos ante observadores internacionales.