No sorprende a nadie, la sentencia Nº 0211 emitida el pasado viernes 11 de octubre por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica la sentencia 031 emanada el 22 de agosto del corriente, de la Sala Electoral.
Quienes acompañamos al ex candidato presidencial Enrique Márquez suscribiendo la solicitud de revisión por ante la SC/TSJ, estuvimos perfectamente conscientes de esta ominosa eventualidad. ¿A quién pudo sorprender? El gobierno -porque es una sentencia del gobierno de Maduro, el PSUV, sus satélites y testaferros- sigue tejiendo su lazo histórico en torno a su cuello de régimen maligno, improbo e irresponsable.
Ha sido una decisión politiquera más de unos «magistrados» que hace rato perdieron el sentido de la alta función de Estado a la que les compromete su investidura, y la estatura jurídica indispensable para merecer respeto y reconocimiento tanto en el foro jurídico como en la sociedad a la cual le deben respeto, dignidad y acatamiento profundo y trascendente de la Constitución vigente.
Han suscrito una paparrucha, ciertamente, cuyas consecuencias pueden ser muy serias: impredecibles ante los riesgos evidentes para la paz social y el desarrollo armónico de Venezuela.
De esa Sala Constitucional emanó también, en agosto de 2023, el más grotesco asalto judicial a un histórico partido político venezolano, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), fundado en 1931 por grandes y reconocidos luchadores sociales y políticos de la época, incluidos varios de la Generación del 28, camada de jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, reprimidos por los esbirros de la dictadura de Juan Vicente Gómez, encarcelados y luego expulsados al exilio en el extranjero: fueron decenas de jóvenes los reprimidos por Gómez y su intolerante régimen. Hoy, Maduro y su represivo régimen los ha encarcelado por miles, los tortura, les siembra delitos infames de «terrorismo», «conspiración» o «incitación al odio» y los encierra en cárceles para delincuentes comunes peligrosos y agresivos, les niega el derecho a la defensa y les viola las garantías al debido proceso. Todas esas aberraciones están siendo cometidas con el concierto de los más altos funcionarios del sistema de justicia, en el cual concurren los poderes Judicial, Ciudadano y Ejecutivo, para agredir la dignidad de nuestros jóvenes y «justificar» lo injustificable.
Ese sistema de justicia retorcido se ha vuelto a expresar, el pasado 11 de octubre de 2024, sin sorprender a nadie. La Sala Constitucional le ha puesto el sello lacrado a la «tapa del frasco» impuesta por la Sala Electoral sobre la vergüenza de «resultados» emitidos por los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia del inefable Elvis Amoroso, obediente subalterno de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿No lo han sido los integrantes de la SC/TSJ al rubricar su «ponencia conjunta»?
Políticamente, ha sido una expresión más de intolerancia desde el poder, e irrespeto a la voluntad popular expresada en la elección presidencial del #28Jul. Sus coautores en concierto dirán que este capítulo de infamia ha sido cancelado por siempre y para siempre: «santa palabra», «irrevocable», «inapelable» y otras pretensiones de control ilegítimo del poder en Venezuela.
Se equivocan: lo ocurrido no es más -ni menos- que el cierre de los cauces institucionales para la vigencia plena del derecho constitucional, la justicia y la razón.
¿Qué les queda? La puesta en escena de una «normalidad» inexistente, maniobras burdas, represión, fusiles y bayonetas, encarcelamientos, tortura y «juicios» amañados que comprometen muy seriamente a los altos representantes del fallido sistema de justicia, repito, en el cual convergen los poderes Judicial, Ciudadano y Ejecutivo.
En fin, han obstruido el camino, pero no el curso histórico decadente de un gobierno en absoluta minoría, desprestigiado, sin dignidad ni rumbo cierto.
Los venezolanos y venezolanas seguimos expectantes, hoy cobijados por el variopinto entorno internacional que acompaña el clamor nacional: ¡Totalización de votos, acta por acta, con testigos y verificación confiable!
El secuestro judicial del escrutinio por la Sala Electoral y ahora por la Sala Constitucional lo complica todo, porque saben el gobierno y sus cada vez menos partidarios que el fraude es insostenible.
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Artículo publicado en La Razón, de Venezuela