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Una de las ofertas electorales de Donald Trump fue la regularización de la migración con la suspensión de políticas para favorecer a migrantes y asilados y la expulsión de los migrantes, principalmente en situación de ilegalidad en el país, un grupo que según cifras publicas alcanza los 10 millones de personas, entre los cuales hay 4 millones de mexicanos y 1 millón de venezolanos.
La política migratoria corresponde sin lugar a dudas al Estado que puede adoptar las políticas más convenientes siempre y cuando no contradigan el orden jurídico interno y el Derecho Internacional, que establece normas muy claras respecto a su tratamiento.
Distingamos asilados y solicitantes de asilo, de migrante e incluso de personas que se encuentran en situación irregular. Los primeros no pueden ser devueltos al país de origen, a Venezuela en nuestro caso, sin su consentimiento, pues ello contradice el principio de non refoulement o no devolución, que prohíbe a los Estados devolver a una persona a su país de origen en el cual su vida y su integridad física corren peligro.
La expulsión de grupos nacionales está prohibida por el Derecho Internacional. La expulsión de una persona no puede ser arbitraria, cualquiera que sea su situación, debiendo estar sometida a un proceso administrativo o de cualquier naturaleza, conforme a derecho. No puede haber discriminación por ningún concepto y en todo caso toda persona que sea expulsada o deportada o regresada debe hacerse con el pleno respeto de sus derechos humanos y de la dignidad que le es intrínseca.
Las políticas anunciadas por la nueva Administración de los Estados Unidos encontrarán limitaciones importantes. En primer lugar, políticas, pues deberá enfrentar a sectores del país que defienden las practicas hasta ahora llevadas a cabo por el gobierno. Un anuncio como el hecho tendrá un impacto económico muy elevado, toda vez que la devolución de millones de personas es un costo difícil de calcular. También tendrá un impacto social relacionado con el empleo y los servicios en manos de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, que suplen la ausencia del ciudadano estadounidense que se dedica a otras actividades.
Lo que es más probable es que las nuevas políticas serán mucho más rígidas y estrictas para detener los flujos migratorios importantes, especialmente, los que llegan por la frontera sur que responde a situaciones económicas y de su propia seguridad que obliga a buscar mejores formas y más dignas de vida.
Es de esperarse que el elemento central de la política migratoria de la nueva administración no se centre en la expulsión o en la regulación de la migración en sentido estricto, sino que se aboque, de manera concertada con los Estados de origen a encontrar la solución de los enormes problemas políticos que enfrenta la región: regímenes dictatoriales, violencia y pobreza principalmente.
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