Cosas veredes amigo Sancho, diría el inmortal Manco de Lepanto si escuchara al presidente Trump afirmar que un grupito de criminales, con nombre de un tren que por corrupción nunca arrancó, pone en peligro la seguridad del país más poderoso del mundo. Es cierto que esa y otras pandillas de criminales crecieron por la permisividad de Maduro. También es verdad que el llamado Tren de Aragua opera en varios países, pero es mentira que la mayoría de los venezolanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos sean criminales que pertenecen o no a esa banda y por ello deban ser deportados a un centro de detención. Eso sería como el disparate de tildar de criminales a los estadounidenses por los asesinatos cometidos por Charles Manson y su secta o descalificar a sus militares por la masacre de My Lai, en Vietnam, perpetrada por soldados al mando del teniente Calley.
No hay duda de que Maduro cobijó y cobija a criminales en Venezuela para que agredan a ciudadanos de la oposición. Iris Varela, quien fue ministra de Asuntos Penitenciarios, permitió piscinas en algunas cárceles, otorgó permiso para pernocta de mujeres, autorización para salir de vez en cuando y uso de celulares para planificar secuestros. Maduro estableció “zonas de paz” en Caracas para que la policía no pueda perseguirlos. Algunos, motu proprio o estimulados por el régimen de Maduro, emigraron a otros países en busca de botines más apetecibles y, que sepamos, han cometido crímenes horribles. Son un número pequeño, aunque inaceptable, y un porcentaje ínfimo en relación a los criminales nativos, calculado por cada cien mil habitantes. Sin embargo, la xenofobia los exagera.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció campos de concentración para ciudadanos de ese país, pero de origen alemán y japonés. En aquel entonces se podría explicar porque los ejércitos de Alemania, la poderosa Wehrmacht, y el temible Rikugun de Japón, podrían tener espías y quintas columnas. También fue el caso de unos pocos italianos. Aplicar la ley de Enemigos Extranjeros del año 1798 a ciudadanos que huyen de sus países por persecución política o por hambre es un exabrupto, una injusticia y un abuso de poder. ¿Podrán los jueces y los miembros del Congreso detener los injustos encarcelamientos y las deportaciones que no se justifiquen?
¿Puede el presidente Trump deportar a quienes ingresen a su país de manera ilegal? Claro que sí. ¿Puede enviarlos a un centro de detención en El Salvador o en Guantánamo bajo la presunción de que son criminales? Claro que no. Si la policía estadounidense tiene pruebas de que han cometido un crimen, deben ser enjuiciados y, si son culpables, deben ser encarcelados en ese país y expulsados al cumplir la condena. Lo contrario es violar el Estado de derecho. Al recibir a los expulsados a cambio de unos dólares, el presidente Bukele también viola la ley y, además, es inaceptable el trato dado a los recién llegados.
¿Puede el presidente Trump deportar a quienes se les vence el Permiso Temporal de Permanencia (TPS)? Claro que sí, pero lo inteligente sería otorgarles la residencia, pues han demostrado ser buenos ciudadanos y contribuyen al crecimiento de la economía estadounidense. ¿Puede el presidente Trump deportar a sus países de origen a quienes han ingresado ilegalmente pero no han cometido delitos? Claro que sí, pero las deportaciones masivas tienen un costo elevado y no solucionan el problema. Si la situación se maneja adecuadamente, esa fuerza laboral puede aportar mucho al contribuir a disminuir el déficit de mano de obra en muchos sectores, aunque a corto plazo pueda ocasionar dificultades.
El pueblo y gobierno estadounidense deben tomar en cuenta que la ola de inmigrantes venezolanos es producto de las persecuciones políticas y de la pésima política económica de Maduro. Si se quiere resolver esta lamentable situación, y frenar la migración venezolana que ya sobrepasa los 8 millones de personas, Estados Unidos, conjuntamente con los países afectados negativamente, deben presionar para que Maduro reconozca que perdió la elección. Un nuevo gobierno, bajo la presidencia de Edmundo González y el liderazgo de María Corina, permitirá la recuperación de la economía venezolana, y creará confianza para que las compañías petroleras y otras empresas de diferentes países inviertan en nuestro país que otrora fue llamado Tierra de Gracia.
Como (había) en botica: en el evento CERA Week sobre energía realizado en Houston, el presidente Edmundo González y la líder de la oposición María Corina Machado expusieron que la línea de acción del nuevo gobierno será privatizar la industria petrolera y convertir a Venezuela en el centro de energía para Latinoamérica. Juan Fernández, en entrevista con David Placer, amplió el punto, mencionando que será necesario reestructurar a Pdvsa y que puede haber una empresa del Estado que compita con las privadas. Recomendamos ver los videos al respecto. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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