El 21 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro renovó una Licencia general, referida a las sanciones de Venezuela, que en esta oportunidad limita en gran medida las operaciones de cinco empresas estadounidenses dedicadas a la industria petrolera, las cuales, hasta esta fecha, estaban exentas de sanciones y tenían permiso para operar en Venezuela. Chevron es la más visible entre ellas. Las otras cuatro son reconocidas operadoras del negocio petrolero: Halliburton, Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc.
En entrevista para IQ Latino, el vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, explicó que “esta nueva ronda de restricciones endurece aún más lo que la administración llama una campaña de máxima presión económica, diseñada para privar al régimen de Maduro de recursos y de la capacidad de mantener su aparato de control popular”. Farnsworth agregó que la administración había anticipado esta medida durante algún tiempo y que espera que “estos nuevos pasos crearán un shock para el régimen que hará que sea cada vez más difícil mantenerse en el poder”.
El Departamento del Tesoro había liberado a las cinco empresas de la Orden Ejecutiva 13850 (“Bloqueo de propiedad a personas adicionales que contribuyen a la situación en Venezuela”) desde enero de 2019, autorizándolas a funcionar en Venezuela en conjunto con Petróleos de Venezuela, S. A. a través de seis licencias distintas. La más reciente expiraba el 22 de abril y debía ser renovada de alguna manera o terminada.
The New York Times reportó que la decisión de finalmente implementar estas restricciones ocurrió después de un “debate intenso en la administración”. Unos argumentaban que Estados Unidos debería mantener presencia corporativa en Venezuela, en vez de abrir más oportunidades a Rusia y China, mientras otros insistían que extender los permisos a las cinco entidades ayudarían a Maduro a quedarse en el gobierno. Finalmente prevaleció la tesis del segundo grupo.
La fecha de expiración de la licencia anterior coincidió con la caída del precio del crudo a futuro, más bajo de la historia. Desde entonces ha subido cerca de 15 dólares. En aquel contexto, Francisco Monaldi dijo a Reuters que “el colapso de los precios hacía prácticamente irrelevante la presencia de Chevron en Venezuela”. Agregando que, si los precios de petróleo se recuperan en los próximos tres a cuatro meses, estas medidas pasarían a ser “más relevantes”.
Chevron, que ha operado en Venezuela desde 1921, trabaja con Pdvsa en cuatro proyectos. Dos de ellos, Petroboscán y Petropiar, producían casi 25% del petróleo del país. Sin embargo, según Bloomberg News, la producción de Petropiar cayó 58% desde enero a mediados de marzo de este año.
Ahora Chevron tiene prohibido producir petróleo venezolano (incluyendo la perforación, venta y transporte), invertir en su infraestructura (a menos que sea por razones de seguridad) y cualquier transacción financiera con Pdvsa. El portavoz de la compañía, Ray Fohr, dijo que sus “operaciones continúan cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables”. Agregando que continúan enfocándose en sus operaciones comerciales básicas y apoyando a las más de 8.800 personas que trabajan con ellos y sus familias.
Estas medidas probablemente disminuirán aún más la producción de petróleo de Venezuela. Según datos de la OPEP, el país produjo 660.000 barriles al día en marzo de este año; 100.000 menos que en febrero. Además, Fernando Ferreira, director de riesgo geopolítico de Rapidan Energy, estima que la producción diaria cayó a 500.000 barriles desde mediados de marzo.
La licencia vigente expirará a finales de este año, el 1 de diciembre. CNN Business informó que la transnacional petrolera “probablemente solicitará una renovación de la licencia” para después de esta fecha y así conservar una presencia limitada en Venezuela. Si se le otorga, permitiría a la compañía celebrar sus 100 años de presencia en el país y mantener su posición hasta que la relación entre los dos países le permita reanudar su producción.
Esta nueva licencia es diferente a todas las anteriores, y prácticamente apunta, como analizamos, al cierre de lo que queda de la operaciones petroleras por parte de Chevron, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes (una empresa de GE) y Weatherford International. Pero también es diferente por su vigencia temporal. Regularmente las renovaciones anteriores eran trimestrales y facilitaban la producción. Esta se extiende hasta finales de 2020 -momento en el cual ya habrán producido las elecciones presidenciales en Estados Unidos-, y se inscribe en el escalamiento de la estrategia de “extrema presión económica”, para inducir un colapso del régimen de Maduro con la expectativa que de allí florezca un cambio político positivo para el país.
Al pensar en esta decisión, me surgen algunas preguntas en relación con el marco temporal de la medida, pero también sobre las consecuencias no deseadas de la misma. Si los cambios en Venezuela no tienen lugar pronto, y todas las operaciones petroleras de estas compañías se reducen al mínimo definido por la licencia, uno podría anticipar que el régimen responderá con expropiaciones y otras medidas para tomar el control de los negocios entre Pdvsa, Chevron y las demás operadoras, abriendo la puerta de esa manera a una oportunidad de mayor influencia para Rusia, China o Irán, en el negocio petrolero venezolano. Por otra parte, nada garantiza, sin una estrategia coherente que depende de acuerdos entre los líderes en conflicto en Venezuela, que el colapso económico abra paso a una nueva realidad política y democrática para el país.
Para que estas medidas tengan éxito, es necesario que induzcan un cambio político ordenado en el corto plazo, o esta decisión tendría que ser parte de una estrategia integral que facilite una transición negociada en Venezuela. Pero si nada de eso sucede y el régimen resiste la tormenta, o toma el control de estos los activos en poder de los licenciatarios, la decisión conlleva riesgos importantes para la causa de restablecer la democracia en Venezuela y afectaría las ya precarias dinámicas de resiliencia económica que permiten al sector empresarial privado, y la sociedad en general, resistir la creciente influencia del régimen y la opacidad de las relaciones económicas que este impone.