Trato procesal discriminatorio y selectivo en la CPI

La respuesta selectiva y demorada de la CPI plantea serias dudas sobre su compromiso con la justicia internacional.

La situación de ciudadanos colombianos en la frontera venezolana, con ocasión del cierre de frontera, así como la respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI) ante las violaciones de derechos humanos en ese contexto, evidencian un preocupante patrón de trato procesal discriminatorio y selectivo en esa instancia judicial planetaria.

Desde el cierre de fronteras en 2015, las deportaciones masivas de ciudadanos colombianos del territorio venezolano, generaron un clima de miedo y persecución. Situación denunciada en la CPI por el entonces procurador general de Colombia, Alfonso Ordóñez. La comunidad colombiana enfrentó un hostigamiento sistemático que requería una atención urgente y coherente no solo por parte de la CPI, sino también de la comunidad internacional.

En línea con lo anterior, las denuncias sobre el desplazamiento forzado de colombianos en Venezuela, formalizadas por la Fundación El Amparo en 2016, revelaron una política deliberada para eliminar la presencia colombiana en determinadas áreas de la frontera colombo-venezolana. Acciones registradas en el libro Denuncia ante la Corte Penal Internacional – Crímenes de lesa humanidad en el Táchira, del exparlamentario Walter Márquez.

Ese desplazamiento forzado, en un contexto de situaciones de violencia generalizada y estructural, no solo implicó la pérdida del hogar, sino que también conllevó condiciones inhumanas, excesos y detenciones arbitrarias, lo que sugirió un patrón sistemático que podría constituir crímenes contra la humanidad. No obstante, la CPI, a la fecha, ha omitido tomar medidas efectivas contra los responsables.

Esa es una de las tantas razones, por las cuales la CPI ha sido criticada por aplicar un enfoque selectivo al priorizar ciertos casos sobre otros. Mientras ha actuado con celeridad en situaciones como las de Myanmar, donde se abrió una investigación sobre las deportaciones hacia Bangladesh en 2017, o los conflictos en Europa, su respuesta hacia Venezuela ha sido notablemente lenta.

Karim Khan ha actuado rápidamente en otros conflictos internacionales, como el caso de Rusia y Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, respecto a Venezuela, aunque se abrió una investigación tras las solicitudes de varios países en 2018, ha pasado un tiempo considerable sin que se hayan solicitado las órdenes de captura respectivas.

Este trato desigual plantea serias dudas sobre el compromiso de la CPI con su mandato de perseguir los crímenes más graves sin excepción.

La reciente decisión de reanudar la investigación por parte de la CPI en junio de 2023 es un paso positivo, aunque llega después de años de supuesta inacción. La CPI ha argumentado que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan adecuadamente el alcance necesario para abordar las violaciones denunciadas. Sin embargo, esta justificación parece insuficiente ante la gravedad de las alegaciones y el sufrimiento humano documentado.

Además, el enfoque selectivo de la CPI puede tener repercusiones diplomáticas significativas. La percepción de un trato discriminatorio podría erosionar la confianza en las instituciones internacionales y desincentivar a otros países a cooperar con investigaciones futuras. La CPI debe ser consciente del impacto que sus decisiones tienen no solo sobre las víctimas directas, sino también sobre el sistema internacional de justicia.

Con la aparente falta de acción efectiva y su tratamiento desigual, la CPI podría estar violando principios establecidos en el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba aprobadas por la Asamblea de Estados Partes. Estas normas, esenciales para asegurar que los procesos ante la CPI se realicen con imparcialidad y eficacia, garantizando así el respeto a los derechos humanos a nivel internacional, estarían siendo desatendidas.

La situación en Venezuela exige una respuesta robusta y coherente por parte de la CPI y otros actores internacionales. Las violaciones graves de los derechos humanos no pueden ser ignoradas ni tratadas con lentitud; es fundamental adoptar un enfoque equitativo que garantice justicia para todas las víctimas sin distinción geopolítica.