El sistema de justicia actúa sin piedad cuando ejecuta traslados clandestinos de presos políticos sin tomar en cuenta la crisis económica que atraviesan los familiares y por ende el dolor que eso les causa. Es una situación totalmente reprochable e inhumana.
Me refiero en concreto al traslado de 29 mujeres detenidas en Lechería, estado Anzoátegui, al centro de reclusión Las Crisálidas que está ubicado en Los Teques; los que estaban en Yare 2 a Tocorón y la amenaza de traslado de Tocuyito a rumbo desconocido.
Estamos en presencia de la ejecución de una política por parte del Estado que es despreciable y que tiene como fin el desgaste de todas las madres que no pararán hasta lograr la libertad de sus hijos.
No cumplir la exigencia del fiscal de la CPI de otorgar la libertad a todos los adolescentes detenidos es un acto cargado de prepotencia por parte del Estado, que de esta forma subestima la investigación penal por crímenes de lesa humanidad que actualmente procesa la Corte.
Insisto en la necesidad de una tregua política navideña.