Por Emilio Moya/Latinoamérica21
El reciente plebiscito constitucional realizado en Chile evidenció tres hitos. Primero, la opción a favor del cambio constitucional fue ampliamente apoyada por la ciudadanía. Segundo, los resultados obtenidos por la opción Convención Constituyente confirman el distanciamiento que existe entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Tercero, esta elección, pese a la pandemia, presentó los mayores niveles de participación desde que se instauró el voto voluntario (2012).
Ahora bien, la participación no fue homogénea en el país. Esto es un antecedente a considerar para resguardar que la discusión constitucional involucre realmente a gran parte de la ciudadanía. Al considerar las regiones del sur de Chile, la participación no superó el 50%. Estos datos contrastan con los resultados obtenidos en las regiones del norte y en la Región Metropolitana que aumentaron sus niveles de participación en relación con la ultima elección y algunas alcanzaron niveles superiores a 50%.
¿Qué explicaría la menor participación en estas regiones del sur? Es una pregunta relevante para el proceso que se avecina. En esta columna, me atrevo a a plantear algunas hipótesis, analizando lo que sucedió específicamente en la región de la Araucanía.
Se trata de una de las regiones más pobres y desiguales del país, presenta un conflicto chileno-mapuche de larga duración como elemento identitario que ha generado una serie de consecuencias simbólicas y materiales para su desarrollo. La presencia del Estado es bajo y posee una gran cantidad de población rural. En la ultima elección, la participación alcanzó el 40,15%, porcentaje menor a la última elección presidencial. Sólo Temuco, la capital regional, obtuvo un porcentaje similar de participación a dicha elección.
Tres elementos estructurales explicarían esta baja participación. En primer lugar, las redes y las instituciones informales actúan como equivalente funcional del Estado. Por ende, predominan los mecanismos de participación informales que promueven una lógica personalista y tradicional. Entre estas instituciones se destacan el clientelismo, el nepotismo y el patronazgo. No es casualidad que las elecciones municipales consignen mayor participación electoral en la región.
En efecto, el municipio es percibido como un lugar de trabajo estable y protegido por parte de la población a diferencia de las características precarias del mercado laboral de la Araucanía. Por tanto, la elección de la autoridad local no solo cobra importancia por los aspectos políticos ideológicos en disputa, sino que también por las oportunidades económicas y laborales. Como en este plebiscito no existieron candidaturas, las posibilidades de realizar clientelismo fueron nulas.
En segundo lugar, en la región se ha desarrollado una cultura cívica conservadora y pasiva. El Barómetro Regional de la Araucanía aplicado recientemente en la región apoya esta idea porque solo 54% de los encuestados en la región declara que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 13 % declara haber participado en los últimos 5 años en manifestaciones pasivas, pese al contexto de desigualdad y pobreza que experimenta la región. Y con respecto al interés por la política regional y nacional, este no supera los 4 puntos en una escala ascendente de 1 a 10. En términos de resultados electorales, la derecha generalmente posee mejor desempeño que la izquierda.
En tercer lugar, junto a otros investigadores planteamos que existe una multiplicidad de conflictos en la región que se encuentran de forma latente. El conflicto chileno-mapuche es el más visibilizado, pero no es el único. Además, las soluciones que se han propuesto últimamente promueven medidas policiales y de control. Conflictos laborales, legales, socioeconómicos y ambientales también son importantes. El concentrarse solo en situaciones manifiestas de conflicto invisibiliza las soluciones políticas de carácter estructural que puedan desarrollarse, lo que inhibe la participación en instancias de decisión y deliberación política.
Es por estas razones que es necesario generar acciones contextualizadas para fomentar la participación en el proceso constituyente chileno. Este es un proceso de largo aliento en el cual debemos definir nuestra institucionalidad política y las normas esenciales que nos regirán para los próximos años.
La Constitución resguarda cierta visión de la sociedad y es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas por la sociedad en su conjunto. Además, refleja las relaciones de poder, pues distribuye a través de distintos órganos la toma de decisiones que afectarán a todo el país. Por tanto, estamos frente a una tarea que requiere que todos y todas seamos partícipes activos de este importante proceso y que se resguarden altos estándares de transparencia.
La transparencia es fundamental para revertir la desconfianza que la ciudadanía presenta hacia los actores políticos y las instituciones. El derecho a acceso a información pública ya está consagrado en la ley, pero este todavía no es un derecho consagrado en la Constitución. Además, según cifras del Consejo para la Transparencia, su uso ha estado restringido a grupos minoritarios de la población que posee mejores niveles de educación. Este proceso abre una oportunidad para la ciudadanía se apropie realmente de este derecho y lo ejerza sin restricciones.
Poseer acceso en un lenguaje claro y ciudadano de las declaraciones de patrimonio y de interés de los convencionales constituyentes, conocer quiénes financiaron sus campañas, acceder a las discusiones sobre los contenidos de la Constitución, saber el objetivo de las reuniones que sostendrán con grupos de interés, son prácticas que se deben promover para evitar que este proceso pierda legitimidad o pueda ser capturado por una minoría. Además, la transparencia debiese ser un principio fundante de todas las instituciones que se diseñen o se transformen en este proceso.
No basta que exista información disponible para resguardar la credibilidad de la discusión constitucional, el rol que la ciudadanía pueda desempeñar en el monitoreo y seguimiento es crucial. Bajo este contexto, la participación no debe ser restringida a votar o ratificar determinadas decisiones, es fundamental asumir y poner en práctica un concepto complejo de participación que incluya diferentes grados de involucramiento de la ciudadanía como aportar ideas a la discusión constitucional.
Es vital que la ciudadanía adopte una actitud activa sobre lo que se está discutiendo y hacia dónde se orienta la Constitución, dado que el texto final tendrá consecuencias relevantes para nuestra vida cotidiana.
El rol que pueden cumplir instituciones como el Consejo para la Transparencia, organizaciones pro transparencia, universidades regionales y radios locales se torna relevante, porque además de promover los principios de transparencia y derecho a acceso a información, pueden desarrollar instancias de capacitación para que la ciudadanía tome un papel activo en el debate que se abre.
Emilio Moya es profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Investigador adjunto del Centro de Políticas Públicas (CPP-UCT). Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Especializado en corrupción, clientelismo político, etc.
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