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Continuando con los escritos anteriores sobre la materia, en esta oportunidad consideraremos nuestra relación con la gobernanza global y regional: la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Dentro de un contexto de retos y desafíos para que el ejecutivo pueda realizar de la forma más expedita su función de ente rector de la política exterior y realizar los cambios que se plantean en el programa de gobierno y en el relacionamiento de nuestro país frente a la comunidad internacional debemos tener ciertas consideraciones preliminares que refiero de manera enunciativa en esta oportunidad.
Nuestro nuevo relacionamiento con la ONU exige dos condiciones previas: acuerdos de pago para los cuales se buscaría el financiamiento apropiado que nos permita nuestro reingreso como miembros de pleno derecho, con voz y voto. De esta manera se ejecutarían a través de nuestras declaraciones el realineamiento de nuestra política exterior acordes a nuestros intereses y valores, así como la capacidad negociadora con los diferentes estados. La segunda condición seria la evaluación del personal diplomático que labora en las sedes de Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi, así como el reemplazo inmediato de los jefes de misión. El asunto del nombramiento de los representantes permanentes sujetos a la aprobación legislativa, de ser vetados en esa instancia se pudieran nombrar sin mayores inconvenientes encargados de negocios ad interim o ad hoc, según sea el caso, tal como lo referimos en escritos recientes, los cuales desempeñarían sus funciones con todas las atribuciones negociadoras de un jefe de misión.
Simultáneamente y con base a los estudios de otros equipos de trabajo técnicos sobre las necesidad básicas y urgentes en las que pudiéramos precisar atención acudiríamos con propuestas concretas a los organismos especializados. Entre ellos deberíamos considerar fundamental el ente coordinador en materia de cooperación que mantiene una oficina en Caracas que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El PNUD ayuda a los países a desarrollar políticas, habilidades de liderazgo, habilidades de asociación, capacidades institucionales y a desarrollar resiliencia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente tiene un compromiso con el régimen mediante el programa para la República Bolivariana de Venezuela (2023-2026) está armonizado con las prioridades del plan nacional de desarrollo, el Plan de la Patria, 2019-2025, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS), 2022-2026, y el Plan Estratégico del PNUD, 2022-2025.
Evidentemente, este plan no se compagina con el programa que ejecutará el nuevo gobierno cuyas prioridades deben ser, por el contrario, en el marco de la transición, reinstitucionalización del poder judicial, la formación de la policía nacional y aquellos asuntos que identifiquen los equipos de trabajo en las áreas de su competencia.
Por su parte la Organización de los Estados Americanos es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de decisiones en asuntos del Hemisferio y que reúne líderes de las naciones de las Américas para abordar temas y oportunidades de la región y por tanto nuestro reingreso debe ser una de las primeras tareas dentro del marco de la transición.
En 2017 Maduro denunció la Carta de la OEA y abandonó la organización, retomada con el interinato de Juan Guaidó, pero abandonada nuevamente una vez disuelto el gobierno interino. Por tanto, se supone que nuestro reingreso requiere de además de una decisión política, se realicen tramites como la suscripción de un nuevo acuerdo que eventualmente no sería ratificado por una Asamblea Nacional chavista que termina su mandato en el 2026.
Sin embargo, dos condiciones juegan a favor de nuestro reingreso: el reconocimiento del nuevo gobierno por parte de la Secretaría de la Organización y de los Estados de la comunidad interamericana. El nombramiento de un alto comisionado presidencial para tal fin pudiera ser el inicio del proceso que nos permita tener un representante ad-hoc en espera de uno permanente y en esas condiciones tener una participación activa que nos permita el objetivo de afianzar el proceso democrático y ser beneficiarios de los diversos programas que mantiene la organización en esta materia, así como en el resto del sistema interamericano, entre ellos: Registro Civil. Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales, Gestión Pública Efectiva, Cooperación y Observación Electoral, Mandatos de las Cumbres de las Américas y Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic). Todo ello además con la posibilidad de contar con la presencia de las Misiones de observación electoral en los comicios posteriores a las elecciones presidenciales 2024.
Queda por tanto que la nueva Cancillería, como órgano ejecutor de la política exterior, convoque y coordine con el resto del ejecutivo reuniones de trabajo para la ejecución más eficaz y eficiente del nuevo plan de gobierno.