La estructura legal que reglamenta el sistema universitario está caracterizada por un exceso de normativas estatutarias que la hace rígida e inflexible, lo cual introduce restricciones importantes para lograr optimizar las estructuras organizativas, el desarrollo, el mejoramiento continuo y por tanto permitir la creación de nuevas estructuras y programas. Así mismo, introduce elementos contradictorios en la gerencia universitaria haciéndolos enfrentar los conflictos de intereses con su base legislativa y de la administración de los procesos dentro de la institución. Es evidente ese conflicto entre un organismo de política universitaria como lo es el Consejo Universitario, definidor de políticas, de control y evaluador el cual está integrado en buena medida por órganos ejecutivos como son los decanatos de la universidad; esta contradicción convierte a sus actores en ejecutores y evaluadores de su propia gestión al mismo tiempo. Esta situación requiere entonces una revisión estructural importante y la definición de un esquema organizacional más moderno acorde a la funcionalidad universitaria.
Es indispensable la promulgación de una Ley de Educación Superior enmarcada en una Ley Orgánica de Educación, que actualice y armonice las disposiciones jurídicas requeridas para desarrollar los principios constitucionales e incorporar los cambios propuestos. Se han citado sólo algunos de los temas que probablemente son los más relevantes obstáculos para demostrar los problemas de gobernabilidad de las instituciones universitarias venezolanas.
El conjunto de variables indicadas pone de manifiesto la necesidad de cambiar las orientaciones de la gobernabilidad en las instituciones universitarias y de concebir estructuras organizacionales más flexibles que permitan enfrentar los retos educacionales del futuro. La educación superior tiene importancia capital dada la circunstancia que toda la actividad de modernización y desarrollo requiere de alta competencia, de liderazgo y conocimientos tecnológicos. En este sentido, se requiere que la fuerza magisterial y sus entes de investigación y desarrollo profundicen su contribución a las demandas internas, sin perder de vista los marcos y entornos sociales mediante la formulación proyectos de educación de alta calidad.
En referencia a este planteamiento, el mismo conduce a reconocer la necesidad nacional de superar los obstáculos mediante una revisión integral ya no solo de la Ley de Universidades, sino de su estatuto orgánico, reglamentos e instructivos internos sustentados en una evaluación previa. La necesidad de evaluar a las instituciones se hace imprescindible a objeto de instrumentar cambios importantes a mediano y corto plazo y así perfeccionar la consecución de las metas de cada institución y lograr un mejor aprovechamiento estratégico de los recursos dentro de conceptos más claros de pertinencia profesional y social soportados por una reglamentación flexible y eficiente de la burocracia universitaria.
Es quizás en la Educación Superior donde los conceptos de calidad se usen de forma indiscriminada en relación con una diversidad de situaciones tales como: planes de calidad, enseñanza de calidad, estudiantes de calidad y excelencia entre otros. Actualmente, la Educación Superior preocupa a todos los niveles de la sociedad, porque asocian a la calidad con efectividad, eficiencia, productividad y pertinencia. La universidad, a pesar de contener una serie de reglamentos sobre el tema de la necesaria calidad, su principal elemento está centrado en procesos de evaluación y acreditación no se aplican en la práctica; no obstante, algunas universidades preparan estrategias orientadas hacia afuera para mejorar los indicadores que toman en cuenta los centros de clasificación o de “ranking” universitarios para al menos colocarse en una lista de observadores externos para dar demostraciones de competencia regional o nacional.
Como el Estado tiene la suprema responsabilidad de inspección y vigilancia, las leyes deben definir las opciones políticas fundamentales y el Ejecutivo nacional dentro de un modelo democrático y como máxima autoridad de la gobernanza de un país debe ejercer sus atribuciones a través de políticas que fortalezcan la autonomía y el quehacer de la universidad no impedirlas reglamentariamente, o incluso, por la fuerza de decretos, y debe procurar su desarrollo sin obstrucciones normativas o reglamentarias.
Este enfoque reafirma la autonomía y el concepto de libertad que ella lleva implícito al señalar que la inspección y vigilancia ha de ejercerse con respeto a la Constitución. Dentro de esas premisas encuentra sustento el Sistema de Evaluación y Acreditación como forma democrática y participativa de inspeccionar a las instituciones con objetividad, sin interferencias de oficinas auxiliares que no vulneren el concepto de autonomía. Pero todo parte del desarrollo de un proceso interno de autoevaluación para pasar a otros niveles evaluativos y de acreditación.
En resumen, la universidad venezolana sin restricción de su categoría, y esperamos que la Universidad Central de Venezuela inicie como institución rectora ir a un proceso de autoevaluación, y evaluación de sus niveles organizacionales, regionales, de internacionalización, y de estructuras académicas y administrativas donde sus objetivos deben ser formulados tomando en cuenta su visión y misión contenidos en sus estatutos orgánicos deriven hacia una reglamentación general que tipifique actividades y tareas de manera dinámica, es decir, evaluables permanentemente y que permitan adecuarlas a su desarrollo. Es un primer paso absolutamente necesario cuyas políticas deben ser formuladas y consideradas por las autoridades universitarias en los procesos de transformación universitaria.