Solo a través de la participación activa de los ciudadanos se garantiza que la voluntad del elector sea respetada / Foto AFP
En la democracia yace la voluntad del pueblo, plasmada en el mandato ciudadano. Principio, consagrado en constituciones, leyes y procesos electorales, que establece, el poder reside en los ciudadanos, quienes, mediante mecanismos como elecciones, otorga la autoridad para gobernar, a través de su libre participación, eligen a sus representantes y definen el rumbo de la nación.
Sin embargo, se ve amenazado cuando aquellos en posiciones de poder, en acto vil y antidemocrático, maquinan -con premeditación y alevosía- un fraude, movidos por intereses personales o agendas ocultas. Tal acción no solo constituye un delito, sino que representa una afrenta a la esencia misma de la democracia. Urdirlo es agravio, ultraje a la soberanía popular y flagrante violación de los principios que sustentan la convivencia democrática.
Ataque a la legitimidad. Elecciones libres y transparentes son piedra angular de la democracia. Cuando el resultado se ve alterado por maniobras fraudulentas, la legitimidad de las instituciones y gobernantes se desploma. El pueblo pierde la confianza en el sistema y se siembra la semilla del descontento, abriendo las puertas a la inestabilidad y al conflicto social.
El fraude electoral puede manifestarse de diversas maneras, desde las burdas y visibles hasta las más sutiles y sofisticadas. Entre las prácticas más comunes encontramos: la falsificación de votos, manipulación de actas, alteración de papeletas, voto múltiple o coaccionado. La intimidación al electorado con amenazas, violencia física o psicológica para impedir el libre ejercicio del sufragio. El control del proceso el manejo del padrón electoral, obstaculización de la observación independiente, control del acceso a los centros de votación. En sistemas automatizados la estafa electrónica se produce con la alteración de datos, hackeo de sistemas informáticos y maniobra de resultados electrónicos.
Las consecuencias de trampear y perpetrar un timo electoral son devastadoras para la sociedad. Además de la pérdida de legitimidad y la desconfianza en las instituciones, pudiendo generar, inestabilidad política, protestas sociales, disturbios y, en casos extremos, violencia. También, debilitamiento del Estado de Derecho, erosionando la confianza en leyes e instituciones judiciales. Así mismo, empobrecimiento y desigualdad, cuando se desvían recursos públicos y obstaculizan la implementación de políticas públicas efectivas. Finalmente, silenciar voces disidentes y mantener el control del poder.
Combatir el dolo electoral es una responsabilidad compartida que involucra a todos los sectores de la sociedad. Se requieren acciones concretas de las organizaciones civiles, partidos políticos y ciudadanía en general. Fortalecimiento de instituciones, implementando medidas que garanticen la transparencia, independencia y auditoría del proceso electoral.
La educación cívica y promoción de la cultura democrática, en la participación ciudadana, denuncia de irregularidades y respeto a los resultados electorales. Desarrollo de tecnologías seguras y confiables, implementando sistemas electrónicos de votación robustos y cristalinos, con mecanismos de control y verificación adecuados. Aplicación estricta de leyes, que castiguen con severidad a los responsables de fraude y garantizando la independencia del poder electoral y judicial.
Trampear el mandato ciudadano es un acto deleznable que atenta contra valores fundamentales de la democracia. Es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la soberanía popular y en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su destino. La lucha contra el fraude electoral es una lucha por la defensa de la democracia, la justicia y bienestar de la sociedad.
La ciudadanía desempeña un papel crucial en la disputa contra el fraude. Es básica la atención a cualquier irregularidad durante el proceso electoral, denunciarlas ante las autoridades competentes y exigir investigaciones imparciales. Solo a través de la participación activa, vigilante, de los ciudadanos se garantiza que la voluntad del elector sea respetada, que la democracia se fortalezca como sistema de gobierno que mejor representa los intereses y aspiraciones de la sociedad.
@ArmandoMartini