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En medio de la compleja realidad económica que atraviesa Venezuela desde hace ya largo tiempo, el gobierno nacional creó expectativa en las últimas semanas ante el inminente anuncio de un ajuste en el “bono de guerra” que reciben los empleados públicos del país. Un nombre tan rimbombante como inútil.
Sin embargo, cuando la noticia se dio a conocer finalmente en detalle, no trajo consigo el esperado incremento en el salario mínimo, que sigue estancado en 130 bolívares mensuales, equivalente a unos escasos 3,60 dólares a la tasa oficial actual.
Lo que en verdad sucedió es que a partir del 1º de febrero se podrá cobrar un incremento en el denominado «bono».
Este subsidio introducido el año pasado para empleados públicos, jubilados y pensionados, experimentará un aumento a 60 dólares mensuales.
Al mismo tiempo, el bono de alimentación, el tan conocido Cestaticket, se mantendrá en 40 dólares. Además, se anunció un aumento para los jubilados, cuyos ingresos ascenderán a 70 dólares, y para los pensionados, quienes recibirán 25 dólares.
Aunque estas bonificaciones suman algo al deteriorado presupuesto familiar y sin duda siempre son útiles en medio de una economía que desde el mismo poder se califica como “de guerra” sin que estemos atravesando por una, lo más importante es destacar que no representan un aumento real en el salario mínimo.
La difícil situación económica obliga a los trabajadores a tomar decisiones injustas y que no tienen razón de estar sucediendo: optar entre destinar los ingresos a la compra de alimentos o a medicinas, ya que no alcanza para ambas necesidades básicas.
Lo que lamentablemente muchos esperaban, pero no llegó, era una medida más audaz que permitiera un cambio más sustancial en el modelo económico, lo cual podría relanzar la economía del país hacia rumbos más cónsonos con las urgencias y necesidades de la ciudadanía, mediante la creación de un círculo virtuoso que permitiera un crecimiento sostenido en la situación financiera de la gente.
Los funcionarios han expresado la necesidad de una contratación colectiva que no solamente incremente el sueldo en sí mismo, sino que además abarque beneficios como cajas de ahorro, bonificaciones por profesionalización, aguinaldos, entre otros derechos que deben ser afectados positivamente por un incremento en la remuneración. Asimismo, la demanda de la fuerza laboral venezolana es que los aumentos salariales tengan incidencia en el cálculo prestaciones y cualquier otro beneficio pecuniario de los empleados.
Lo cierto es que, a pesar del anuncio y de toda la parafernalia que lo acompañó, el salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares, esa es la verdad. Y tenemos que agregar que la medida adoptada no satisface las expectativas de la gran masa trabajadora nacional, abandonada a su suerte.
En noviembre de 2023, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reveló datos sobre la situación económica de los trabajadores venezolanos que nos acercan más a la realidad.
Según el informe, la canasta alimentaria familiar alcanzó la cifra de 522,01 dólares, equivalente a aproximadamente 140 salarios mínimos. Mientras tanto, el salario mínimo permanece estancado desde marzo de 2022. Por ello, el reciente anuncio sobre el supuesto aumento salarial quedó simplemente como una estrategia propagandística.
Adicionalmente, es de todos conocido que los bonos –incluso los de “guerra”– no son recibidos por todos los trabajadores, no son regulares y no cotizan en prestaciones sociales. En consecuencia, el salario real no aumentó.
La comparación con los salarios mínimos de otros países de la región es devastadora. En Colombia el salario mínimo asciende a 335 dólares y en Costa Rica alcanza los 687 dólares, el más alto de la región.
Para colmo, nuestra administración pública mantiene salarios extremadamente bajos para profesionales como enfermeros y maestros. Estos trabajadores, que desempeñan roles fundamentales en la sociedad, se manifiestan con frecuencia en busca de condiciones salariales dignas.
En este contexto, la ilusión de un aumento salarial se desvanece frente a la dura realidad que enfrenta la mano de obra de los venezolanos. Mientras persista la brecha entre la realidad económica y las expectativas generadas por los anuncios, la lucha por condiciones salariales justas seguirá siendo un desafío crucial en el día a día de la población.
La voz nacional reclama salarios justos, que permitan cubrir las necesidades básicas y contribuyan a mejorar las condiciones de vida.
Ante la persistencia de una economía desafiante, se hace evidente la urgencia de un cambio de modelo que proporcione soluciones. Es la única manera de salir de esta trampa que mantiene secuestrado al trabajador venezolano.