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El Estado inicia reformas al subordinado y politizado sistema de justicia intentando ocultar huellas de crímenes de lesa humanidad.
Es una oferta engañosa la que actualmente presenta el Estado violador de los derechos humanos al sistema jurídico venezolano con reformas a códigos y leyes sin tomar en cuenta a los mejores juristas ni a las facultades de derecho de nuestras universidades. Esta iniciativa lo único que persigue es retardar la firma del informe preliminar en la CPI, que permitirá que se inicie la investigación contra los responsables de estos horrendos crímenes que conmocionan al mundo al compararse las torturas aplicadas por la DGCIM con las que usaban los nazis.
Al Estado nunca le han importado códigos, leyes y menos nuestra Constitución, que es nuestra máxima norma jurídica donde están establecidos todos los derechos civiles y políticos, debido proceso, derechos humanos, garantías constitucionales y pactos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. La prueba más evidente está en todos los informes actualizados de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, de la Misión independiente de determinación de los hechos, el informe de gestión de la exfiscal Fatou Bensouda y la declaración que hizo hace poco la Unión Europea en la que insta a las autoridades venezolanas a que cooperen con todos los mecanismos de rendición de cuentas y derechos humanos, como la misión de la ONU y la CPI.
La verdadera reforma del sistema de justicia en Venezuela es la liberación de disciplina partidista de todos los poderes públicos y asi recuperar la autonomía e independencía, que ha sido despojada por el gobierno vulnerando nuestra Constitución.
El Estado olvida que el sistema universal de derechos humanos y la CPI no establecen privilegios para los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos. Reformas a códigos y leyes no borrarán nunca las detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, y asesinatos cometidos por el letal Plan Zamora creado en 2017