OPINIÓN

Terrorismo de Estado

por El Nacional El Nacional

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El terrorismo, un concepto aún no definido por el derecho internacional, ha preocupado desde siempre a la comunidad internacional. Independientemente de su definición, los actos terroristas son actos ilegales, sorpresivos y canallas que causan terror en una sociedad con el fin de lograr algún objetivo. Tal como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, el terrorismo es una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Son actos indiscriminados que alcanzan objetivos civiles, personas, bienes, en forma sistemática e indiscriminada.

A partir de la Revolución francesa, cuando Robespierre instaura el Estado de terror, a finales del siglo XVIII, el concepto encontrará una mayor importancia, refiriéndose a los actos que llevaba a cabo el mismo Estado en contra de la población. Más adelante surgen movimientos anárquicos e independentistas que recurren a la violencia indiscriminada, sorpresiva, para obtener algún beneficio. Así, en la Rusia zarista, en el anarquismo europeo y en los movimientos nacionalistas. El asesinato del rey Alejandro de Yugoslavia, en 1934, en manos de terroristas croatas, marca una pauta importante en la voluntad de los Estados para enfrentar el terrorismo. Se adoptan poco después, en 1937, dos proyectos de convenciones para enfrentar este nuevo flagelo, que finalmente no fueron aprobados por la comunidad internacional. En la década de los setenta principalmente vemos la actividad terrorista desde el Estado y contra el Estado, en América Latina, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú.

A comienzos de este siglo, los atentados del 11S en Estados Unidos, que conmocionaron al mundo, produjeron una reacción en la comunidad internacional liderada por ese país para combatir el terrorismo en el mundo. No solo las acciones militares a gran escala que se realizaron, sino también la reformulación de las agencias estatales de seguridad, la colaboración entre países y los esfuerzos multilaterales en las Naciones Unidas para adoptar normas y pautas contra este flagelo.

Sin llegar a una definición concreta del terrorismo, la comunidad ha adoptado más de quince convenciones internacionales que regulan espacios muy precisos relacionados con materias específicas como el secuestro de aeronaves, la seguridad de los aeropuertos, los ataques a buques, la protección de personal internacional y a instalaciones nucleares, entre otros, materias a las que hoy se suman temas novedosos como el terrorismo cibernético y el climático, ante los cuales no hay reglas jurídicas aplicables.

El terrorismo presenta varias caras difíciles de delimitar. El terrorismo de individuos o grupos de individuos en contra del Estado, el terrorismo internacional que busca espacios más amplios en la lucha internacional por un modelo político o económico o por cuestiones religiosas, y el terrorismo de Estado que es la violencia ejercida desde el Estado, en contra de una población, por cualquier razón: política, étnica, social, religiosa.

El fenómeno terrorista ha sido definido y regulado por los Estados, en sus legislaciones internas. En Venezuela se han adoptado dos leyes para “combatir” el terrorismo, que en realidad se ha convertido en un instrumento para ejercerlo, en perjuicio de los opositores. La calificación de terrorista, a quien se le imponen penas extremas, ha sido una constante en los regímenes totalitarios.

El régimen venezolano ha decidido aterrorizar a la población, a sus diversos sectores políticos y sociales, para detener cualquier oposición a sus políticas. La protesta pacífica, a la que tanto teme, ha sido criminalizada y quienes intentan ejercerla son calificados de terroristas con penas y formas de sufrimiento extremos.

Cuando el régimen detiene a los defensores de derechos humanos y los tortura envía un mensaje claro a todos los que se dedican a lo mismo. Cuando se detiene y se tortura a menores de edad se envía un mensaje a través del terror a los menores y a sus padres, para alejarlos de la vida política, para limitar sus derechos humanos, el derecho a la expresión, a la protesta, a disentir, a ser gente participativa en busca de libertad y democracia. Igual cuando detienen y desaparecen a dirigentes políticos, o cuando se detiene y ejecuta a militares dentro y fuera del país, cuando califican de terroristas a los dirigentes sociales y sindicales que simplemente ejercen sus derechos, los mensajes son claros. Aterrorizar para para someterlos.

El terrorismo no está limitado a los nacionalistas, a los independentistas, a quienes promueven el desorden internacional, sino que abarca a gobiernos forajidos que llevan a cabo políticas de terror para neutralizar a quienes exigen libertad y respeto y eso es precisamente lo que sucede en Venezuela que aplica una ley antiterrorista, vinculada a la organización delictiva transnacional, para ejercer un verdadero terrorismo de Estado. Un tema que la comunidad internacional tendrá que considerar y seguir con el cuidado que exige esta práctica de algunos regímenes en el mundo.