Una amiga me comenta sus dificultades para encontrar una casa de alquiler. Me dice, entre otras cosas, que no encuentra muchas opciones, que las que consigue son costosas y que, además, los propietarios están exigiendo que los contratos sean establecidos no con las personas naturales involucradas sino con personas jurídicas, con empresas, con el uso de registros mercantiles, para que la legislación aplicable para la protección de los inquilinos, pues, no se aplique. Esa es la situación para los alquileres, pero la adquisición de viviendas es aún más compleja.
Aunque los precios de la vivienda en Venezuela son sustancialmente bajos, en comparación con los precios que se pueden observar en los mercados inmobiliarios internacionales, los ínfimos salarios percibidos en nuestro país, el alto costo de la vida y la inexistencia del crédito inmobiliario en la banca hacen imposible que la mayoría de los venezolanos puedan adquirir una casa. El problema de la vivienda no es suficientemente abordado, como muchos otros problemas, porque la censura y la autocensura en los medios de comunicación terminaron por convertirse en la única política pública efectiva del régimen. En esa política de acallamiento total de todos los problemas que sufren los venezolanos, los funcionarios del alto gobierno gastan toda su inteligencia, energía y talento.
Mientras tanto, los jóvenes deberán quedarse a vivir con sus padres hasta que mueran y puedan heredar un techo. No hay oportunidad para siquiera soñar con la emancipación, para establecer una familia propia o para aprovechar mejores oportunidades de estudio o trabajo. La ausencia de una sólida política habitacional condena a la sociedad a no crecer, a la parálisis, a la infelicidad crónica y a la perpetuidad de la precariedad. En semejante contexto, las tensiones sociales y el malestar solo puede intensificarse y la respuesta al malestar, la única que una dictadura puede dar, es la represión.
Un espacio lógico donde este problema debería abordarse es en la Asamblea Nacional, pero la mayoría oficialista (y la minoría que suele otorgar con facilidad su apoyo “unánime”) sólo ha aprobado y debatido leyes para inhabilitar candidatos e impedir elecciones libres y justas. En vez de servir al público, se sirven a sí mismos porque, si a ver vamos, los diputados oficialistas solo podrían llegar a ser diputados con elecciones no competitivas, no se acercan ni por error a los problemas reales de la gente y menos escuchar sus inquietudes. Ojalá, algún día, los problemas de la gente sean abordados con toda su crudeza en el Palacio Federal Legislativo.
jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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