La revolución bolivariana, liderada inicialmente por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro, ha sido una fuerza política dominante en Venezuela durante más de dos décadas. Sin embargo, en los últimos años, esta hegemonía ha mostrado signos de debilitamiento, reflejados en la creciente desconfianza del pueblo hacia sus gobernantes. Esta tendencia ha puesto en evidencia una significativa pérdida de poder representativo, un fenómeno que, según la Constitución venezolana, implica que los gobernantes han perdido el consentimiento de sus representados. Este artículo analiza críticamente las ventajas y desventajas de esta situación, tomando como estudio de caso la reciente visita de altos cargos gubernamentales al estado Mérida en el marco de la campaña electoral para la reelección del presidente.
En Mérida el pasado 15 de junio quedó en evidencia que a pesar de los esfuerzos por mostrar el “apoyo popular» de décadas pasadas, la realidad observada fue un escenario lúgubre, carente de la espontaneidad y emoción que anteriormente se observaba en este tipo de encuentros. La presencia abrumadoramente visible de funcionarios públicos y unidades de transporte colectivo de otras ciudades es una muestra representativa de cómo se reemplaza la desaprobación popular con la orden patronal exigiendo a los empleados públicos hacer acto de presencia.
Debido a la polarización política predominante en los medios de comunicación y redes sociales, se pierden en el horizonte otras visiones de la realidad que circunda a Venezuela. Por ejemplo, poco se dice acerca de que la pérdida de poder del gobierno tiene consecuencias directas en la economía. La falta de confianza en el liderazgo afecta negativamente la inversión extranjera y local. Además, la incapacidad del gobierno para implementar políticas efectivas de recuperación económica agrava la crisis actual. La inflación, el desempleo y la falta de poder adquisitivo son problemas persistentes que reflejan la ineficacia de las políticas gubernamentales.
La pérdida de poder se ha traducido -a pesar de las diferencias- en una mayor cohesión de la sociedad, mientras la desconfianza en el gobierno y en las instituciones democráticas reproduce un clima de insatisfacción e indefensión frente a los organismos de seguridad. El uso y abuso de los recursos del Estado para realizar campaña electoral, es sin lugar a dudas una condición asimétrica con respecto a los demás candidatos, hecho que erosiona aún más la legitimidad del gobierno y alimenta la indignación popular.
La ventaja para la sociedad cuando es obligada a observar este tipo de escenarios, es sin lugar a dudas el despertar cívico, donde los ciudadanos se vuelven más conscientes de su situación, protagonismo y responsabilidades frente al destino que podemos elegir. Evidentemente, el fortalecimiento de la conciencia ciudadana puede abrir la puerta a nuevas fuerzas políticas que promuevan las reformas democráticas y económicas necesarias para el país.
Ciertamente, no se puede obviar el hecho de la resistencia del gobierno a ceder el poder, pues francamente están realizando su mejor esfuerzo para mantener el control, tal como se evidenció en Mérida, donde la construcción y control de los dos escenarios organizados distan muchísimo de reflejar poder para la convocatoria.
Otro aspecto que resulta un pecado comentar, es sobre la incoherencia y eficiencia del liderazgo opositor, cuya fragmentación puede resultar en una crisis de gobernabilidad, dificultando la implementación de la transición, lo cual agravaría la situación económica y social del país.
La visita de altos cargos gubernamentales a Mérida demostró la capacidad organizativa del gobierno para construir apoyo popular artificial y contrarrestar la dura tendencia de la realidad. Observar las inmediaciones de la Plaza Bolívar y la Plaza de las Heroínas ocupada por funcionarios públicos con uniformes de sus respectivas dependencias y chequeando su presencia en listas de asistencia no es nada nuevo, pero si reproduce las similitudes con regímenes totalitarios, como, por ejemplo, los de Corea del Norte. Esta demostración de fuerza y organización sugiere que el gobierno es consciente de su pérdida de poder y recurre a la autoridad que tiene como patrono, para mantener una apariencia de apoyo a través de los empleados públicos.
El descontento, la desconfianza e indignación, no solo se reflejan en la falta de credibilidad, sino también en la ausencia de la participación genuina del pueblo. El repudio ante el derroche de dinero y lujos injustificados en la movilización dejan un sabor amargo que no hace más que reflejar la creciente desconexión entre gobernantes y gobernados, subrayando la erosión del poder representativo y el aumento del poder coercitivo.
La tendencia de la realidad en Venezuela presenta tanto oportunidades como riesgos: por un lado, podría catalizar un despertar cívico y la posibilidad de reformas profundas; por otro lado, plantea el riesgo de inestabilidad, exacerbando la crisis de gobernabilidad.
El camino futuro para Venezuela dependerá en gran medida de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Es crucial que el proceso electoral sea transparente para restaurar la confianza en las instituciones democráticas. Independientemente del resultado, es imperativo que se promueva el diálogo y la reconciliación nacional para superar la polarización y construir un futuro más estable y próspero para todos los venezolanos.
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