¿Temporada de cacería de ONG en Venezuela?

Foto: @Asamblea_Ven

La aprobación de la Ley de Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin fines de Lucro, la semana pasada ha despertado el temor de que Venezuela se encamine hacia una situación similar a la de Nicaragua, donde se han eliminado más de 5.000 ONG y sus bienes muebles e inmuebles han sido transferidos al Estado.

Para quienes pasamos de 50 años es muy fácil recordar la crisis bancaria de los noventa, cuando un organismo gubernamental denominado Fogade se hizo de los bienes de los bancos intervenidos, asumiendo empresas, mansiones, edificios, locales comerciales, galpones, obras de arte, apartamentos en tal cantidad, que como siempre en Venezuela, se manejó con total opacidad y nunca se supo ni lo que adquirió ni lo que repartió a otros organismos o dejo perder, puntualizando que no se puede acusar sin pruebas de haber repartido bienes a instituciones o personas privadas, pero no seria nada extraño que hubiera ocurrido. Tal es el poder que va a tener el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que a través de esta ley definirá por resoluciones el destino de dichas instituciones en Venezuela.

En un país donde campea la falta de transparencia informativa y es una tarea imposible para cualquier ciudadano conseguir información financiera de ministerios, alcaldías y gobernaciones, especialmente de los institutos y fundaciones públicas, es prácticamente una burla la pretensión de exigir responsabilidad, transparencia y eficiencia administrativa a las instituciones privadas. Si le parece exagerado lo anterior, le desafío a buscar el presupuesto anual de cualquier gobernación o alcaldía de Venezuela, por Internet, a ver si lo consigue y si no se aburre, haga lo mismo con las grandes empresas del Estado o los 34 ministerios para que entienda porque ocurren hechos tan increíbles como las pérdidas de miles de millones de dólares estadounidenses, en productos petroleros en Pdvsa, tal como ha señalado detalladamente el Ministerio Público, en sus operativos contra la corrupción.

Observando la ley en cuestión, comenzamos con que todas las instituciones asociativas sin fines de lucro de carácter privado están sometidas a esta ley, excepto las que surgen de Leyes Especiales, lo cual abre una vía para que ONG de origen extranjero de gobiernos afines políticamente al gobierno nacional, puedan pasar sin tener someterse a la supervisión de esta Ley especial, lo cual creará una discriminación entre las asociaciones de ciudadanos de diversos paises, creando situaciones parecidas como la que sufre la empresa X de redes sociales en Venezuela, donde le están pidiendo una serie de requisitos como representante legal y domicilio físico, lo cual seria muy normal si se lo piden a todas las empresas de plataformas digitales en el país, lo que me lleva a preguntarme ¿dónde consigo la oficina de TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google en Venezuela?, por lo cual me pregunto si esta conducta se va a aplicar a todas las asociaciones civiles a nivel nacional.

Los artículos 28, 29 y 30 de la Ley establecen el procedimiento breve, casi sumario para la liquidación de las ONG a partir de la interpretación del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la oficina responsable del Ministerio en cuestión, lo cual no es difícil de argumentar dado el carácter subjetivo de muchas disposiciones, que no toman en cuenta, el funcionamiento histórico de las asociaciones civiles en el país y que aconsejaría un tiempo de transición o vacatio legis, para poner en orden sus asuntos a la orden de la supervisión de los funcionarios del Estado.

Al observar los 9 campos relevantes de supervisión, así como las 14 obligaciones legales y los llevamos a indicadores específicos, que deben venir en el Reglamento de la nueva ley o de lo contrario, quedaría a discreción del funcionario, interpretar de manera subjetiva el cumplimiento de la ley, estaría la asociación civil en la misma condición de indefensión en la que se encuentran ciudadanos y empresas, cuando tienen el infortunio de encontrarse con fiscales de tránsito o de Hacienda Municipal, decididos a extorsionarlos con cualquier excusa. Afortunadamente, esto se ha reducido en gran parte, por las campañas del Ministerio Público en los últimos años.

Los artículos 31 y 32, cierran esta situación politico- social de gran impacto, al llevar a todas las onegés de origen extranjero al despacho del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, con lo cual no es difícil imaginar que en vez de controlar, van a pasar directamente a prohibir toda institución de influencia extranjera que sea incómoda para el gobierno nacional y que pueden ser desde Caritas, pasando por Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional, entre una multitud de asociaciones culturales y sociales que pueden ir desde las escuelas de idiomas extranjeros hasta clubes o casas de ciudadanos de origen extranjero, por una interpretación subjetiva de esta ley.

Si llevamos esta situación a escuelas, universidades, clínicas y entes culturales y deportivos de naturaleza privada, es obvio que no van a poder sostenerse con esta «espada de Damocles» sobre sus cabezas esperando que en cualquier momento, un ministro, alcalde o gobernador se «enamore» de sus instalaciones y proceda a mover sus influencias políticas para liquidar y apropiarse de los bienes de dichas instituciones, tal como ocurriese con algunos gobernadores en Venezuela, hace unos cuantos años, que dieron demostraciones evidentes de ampliar el patrimonio público adquiriendo bienes privados.

He aquí, donde se puede producir un fenómeno político-administrativo parecido al que aplican los bancos extranjeros cuando se presentan clientes de nacionalidad venezolana y por un propósito de protección, utilizan una política de sobre cumplimiento de las sanciones y cortan de raíz las operaciones de sus clientes, lo cual no seria nada raro, que apenas cierren la primera gran fundación nacional, tomen sus oficinas y las entreguen en cadena nacional a una comuna, se desate a nivel nacional el cierre masivo de todas las demás instituciones privadas de este tipo.

Esta importante fundación que no se puede mencionar, que ha tenido un aporte cultural, científico y comunitario sin comparación a nivel nacional, está en peligro, por ser de la empresa mercantil privada, más importante del país y su cabeza empresarial un blanco frecuente de las criticas gubernamentales para estimular el odio y la lucha de clases con objeto de manipulación política y social.

Igualmente, podría ocurrir con las universidades privadas que enfrentan al gobierno nacional y por ello, se pueden explicar las cuidadosas declaraciones de sus rectores a los medios de comunicación.

Ante la clara posibilidad de tal atmósfera de terror institucional, es muy probable que las mismas asociaciones procedan a la autoliquidación de sus personalidades jurídicas y a la repartición de sus bienes antes de verlos caer en otras manos.