A través de distintas vías, parlamentarios, dirigentes políticos, demócratas de distinta actividad y numerosísimos lectores, me han pedido que explique de qué tratan las acciones por las que la corporación Telefónica y su filial en Venezuela, Movistar, han violado la ley y vulnerado los derechos de los venezolanos.
La primera cuestión que debo aclarar es que se trata de dos casos, conectados en lo conceptual, gravísimos ambos, que resumiré en este artículo. Debo adelantar que los asuntos que consignaré aquí no son definitivos, toda vez que todavía hay materia por investigar y que recién estamos en la primera etapa de una lucha, signada por una característica: Telefónica cree que haciendo silencio, desconociendo la legitimidad de nuestros planteamientos, logrará salvarse de las impugnaciones en curso.
Un caso es el del bloqueo a los medios de comunicación y organizaciones sociales en Venezuela. Cuando hablo de bloqueo me refiero a la actividad que realizan usando sus recursos tecnológicos, que ha impedido e impide a los ciudadanos venezolanos ejercer derechos consagrados en la Constitución Nacional y en otras leyes, de acceder a páginas web informativas o de organizaciones sociales.
Este bloqueo, según la información recabada hasta ahora, ha afectado a más de 40 organizaciones, la mayoría medios de comunicación, no solo venezolanos, sino también internacionales. Es probable que en los próximos días esta lista aumente. Hasta ahora tenemos que Telefónica/Movistar, empresa capitaneada por José María Álvarez-Pallete, ha bloqueado las páginas de organizaciones sociales sin fines de lucro como Mi Convive, Acceso a la Justicia e Insight Crime, y a los medios de comunicación, Alberto News, Aporrea, ArmandoInfo, Caraota Digital, Correo del Caroní, Correo del Orinoco, Crónica Uno, Diario 2001, Efecto Cocuyo, El Cooperante, El Nacional, El Pitazo, El Tiempo, El Universal, EVTV, Globovisión, Infobae, La Mañana, La Patilla, Monitoreamos, Noticia Al Día, NT24, Punto de Corte, Runrunes, Sumarium, VIVOplay y VPItv. Repito: esta lista es provisional y seguramente se incrementará en los próximos días. Repito: contra los venezolanos y contra estas organizaciones han actuado también Cantv y Digitel. Y reitero aquí lo que he afirmado en distintos escenarios, incluida la protesta ante la sede de Fundación Telefónica en Madrid el 13 de julio, en la que participaron dirigentes sociales y políticos venezolanos: estas acciones no son, en lo político y lo moral, inocuas; significan, nada menos, que Telefónica/Movistar ha actuado como agente del gobierno de Maduro. Y no para acciones constructivas, sino para violar las leyes y, también, para provocar un debilitamiento de la operación de estos medios, causándoles daños económicos, que tendrán que resarcir.
El otro caso, también extremadamente grave, se refiere a la actividad emprendida por Telefónica/Movistar durante los años 2016 al 2021, período en que interceptó las comunicaciones de más de 1.584.000 líneas, entregó metadatos de casi 1 millón de accesos y bloqueó 27 URL.
Estos números no hablan solo de una organización que viola leyes venezolanas y leyes internacionales, sino que desmiente, en los hechos, los afanes retóricos y propagandísticos de la corporación y también de su jefe, Álvarez-Pallete, quien, en intervenciones públicas, dice estar preocupado por la desinformación (“la desinformación está teniendo un impacto masivo en la opinión pública”), al tiempo que la corporación que dirige actúa contra la libertad de expresión; dice estar preocupado por la diversidad de las opiniones (“Cierran nuestros ojos a otros puntos de vista, a la riqueza del debate, a la diversidad de una sociedad que ni es ni debe ser uniforme”) al tiempo que Telefónica/Movistar bloquea medios para que en Venezuela solo prevalezca la información y la opinión generada por el régimen de Maduro; habla del necesario sistema de leyes que deben existir para asegurar los derechos de los ciudadanos (“andamiaje legal para asegurar el derecho a la verdad”), al tiempo que impide que los venezolanos accedan a las informaciones y puntos de vista que denuncian las realidades que afectan a Venezuela.
Podría continuar citando aquí la variopinta fraseología democrática y libertaria de Álvarez-Pallete; anotar aquí sus elocuentes palabras de preocupación por aquello que amenaza la democracia (no en el caso de Venezuela, como es evidente); podría detenerme y comentar con detalle cómo en la conferencia que dictó el 4 de mayo en la Real Academia de Ingeniería de España, inició la misma poniendo dos imágenes: una, del ataque al Capitolio por parte de militantes radicales pro Trump, en la que se lee la frase “La espiral del silencio”, y otra, de la caída del Muro de Berlín, ambas como preámbulo, nada menos que de esto: la afirmación de que ambas imágenes le han “marcado” la vida.
Pero no me detendré, en lo inmediato, en la vida marcada de Álvarez-Pallete por el asalto al Capitolio en Estados Unidos, sino en otra cuestión, que forma parte de los asuntos en el horizonte que deben ser investigados, y que consigno aquí como una pregunta: ¿hay presos políticos y torturados en Venezuela cuyos procesos se han iniciado como resultado del espionaje telefónico realizado por Telefónica/Movistar? Es decir, ¿acaso Telefónica/Movistar, la empresa dirigida por José María Álvarez-Pallete desde 2016, ha sido instrumento de la violación de los derechos humanos en Venezuela?