En los últimos años se ha manifestado un grueso debate internacional en el que se reflexiona sobre la importancia de incrementar la digitalización y construir el e-government (gobierno electrónico). Ciertamente, muchas iniciativas en ese sentido, en distintas partes del mundo, son ejemplo de buenas prácticas y eficiencia pública. Sin embargo, hay una salvedad que merece atención. La tecnología, en sí misma y por sí misma, no posee condicionamientos morales. Siempre, detrás, habrá seres humanos conn sus valoraciones e inclinaciones.
Parece un debate filosófico, pero en realidad es un tema muy concreto. Para muestra un botón. Resulta que en el marco de las protestas y manifestaciones poselectorales registradas en Venezuela, tras el anuncio de resultados fraudulentos en los comicios presidenciales que imponen a Nicolás Maduro como jefe del Estado por 6 años más, las actividades represivas se han llevado a niveles nunca vistos. Entre las “innovaciones” del régimen destaca el anuncio del gobierno de Venezuela de disponer, dentro de una aplicación móvil denominada VenApp, una opción que permitiría la denuncia “vecinal” contra los ciudadanos que ejerzan su derecho a la manifestación pública. El asunto no es una mera declaración, para el momento de escribir estás líneas el mismo presidente Nicolás Maduro informó la detención de más de 1.000 personas y su meta de detener a 1.000 más, la remodelación de 2 penitenciarías para concentrar a los presos políticos, su “reeducación” y su eventual uso como mano de obra en trabajos forzados.
Amnistía Internacional rechazó con particular acento estos eventos a través de Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de esa organización, quien en un comunicado expresó: “El hecho de que los desarrolladores de tecnología revisaran la aplicación para agregar esta nueva función y las plataformas tecnológicas la incluyeran después en fuentes ampliamente disponibles, plantea la pregunta siguiente: ¿están estas empresas cumpliendo sus responsabilidades en materia de derechos humanos? De haber sido así, habrían evaluado el riesgo de que el gobierno venezolano utilice dicha aplicación no sólo para limitar el derecho de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sino también para contribuir potencialmente a detención y reclusión ilegítimas y otros abusos graves contra los derechos humanos”.
Estos eventos nos deben hacer reflexionar sobre si merece o no el sector empresarial de desarrollo de tecnologías de la información algún tipo de marco normativo internacional que impida el uso de estas herramientas para la violación de derechos humanos. Por otra parte, dada la “innovación” del régimen de Maduro, sería indispensable que los organismos multilaterales tomen nota de estos desarrollos tanto para condenar a la dictadura venezolana como para evitar que otros regímenes autoritarios sigan su ejemplo.
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