Foto Archivo
La Corte Penal Internacional es el único tribunal penal permanente que existe en el planeta y fue establecido para juzgar a las personas que violen los derechos humanos en cualquier país.
Este tribunal fue creado por medio de un tratado multilateral en el que participó la comunidad de naciones y se denomina Estatuto de Roma. Constituye un verdadero código penal internacional y, además, establece el procedimiento que debe seguirse ante ese organismo para juzgar y condenar a los responsables de la comisión de crímenes graves de trascendencia internacional como genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión en todos los Estados que hacen parte del Estatuto de Roma.
Aunque funciona en la ciudad de La Haya, Holanda, puede realizar sus sesiones en otros lugares cuando lo considere conveniente.
Antes de la creación de la CPI no había existido en el mundo ningún tribunal con carácter permanente, todos eran temporales como los de Núremberg y Tokio, que sirvieron para enjuiciar a los colaboradores del régimen de Adolfo Hitler en la comisión de delitos contra la humanidad, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.
Además de permanente este tribunal, tiene la característica de ser complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es decir, que todo Estado está obligado a investigar la violación de los derechos humanos que se cometan en su territorio o por sus nacionales, pero si no ocurre porque no puedan o no quieran hacerlo o lo simulan como es el caso de Venezuela, allí la corte entra a suplir las deficiencias en que incurra la nación, ocupándose del juzgamiento de las infracciones a la normativa internacional.
Es de conocimiento de todos que en Venezuela se han venido cometiendo de manera sistemática graves violaciones de derechos humanos desde hace tiempo, cuyos abusos las autoridades niegan y, por ende, no las investigan, razón por la cual, estando yo al frente del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo puso todos los obstáculos para evitar que la institución hiciera su trabajo. Esto motivó que una vez en el exilio, el 16 de noviembre de 2017 acudiera ante la Fiscalía de la CPI a presentar un escrito denunciando a Nicolás Maduro y cuatro altos funcionarios de su equipo por crímenes de lesa humanidad contra la población civil. En ese momento consigné 1.690 elementos de prueba que comprometen la responsabilidad no solo de Maduro sino también de Vladimir Padrino López, Gustavo González López, Antonio Benavides Torres y Néstor Reverol.
En el expediente denuncié además de la tortura y la persecución, la ejecución extrajudicial de 507 venezolanos, en su totalidad gente humilde de Caracas y de otros estados del país, atrocidades que se realizaron en el marco de los operativos policiales denominados Operación para la Liberación del Pueblo (OLP); así como los ajusticiamientos de más de 8.000 venezolanos de 2015 a 2017 por parte de los cuerpos de seguridad; y los asesinatos de 131 personas bajo las órdenes de Nicolás Maduro en los meses de abril, mayo y junio de 2017, durante las manifestaciones que se realizaron a escala nacional.
Posteriormente, en tres oportunidades el escrito presentado fue ampliado mostrando otros sucesos que demuestran la sistematicidad en los eventos constituyendo una política de Estado en la configuración de crímenes de lesa humanidad, entre ellos, la masacre de Oscar Pérez y sus compañeros en la población de El Junquito; la tortura y asesinato del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo. Por estos casos se consignaron nuevas pruebas que comprometían la responsabilidad de otros altos funcionarios, entre ellos, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.
Gracias a esta dedicada y ardua labor, la entonces fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció el 8 de febrero de 2018 el inicio del examen preliminar por la violación sistemática y generalizada de derechos humanos en Venezuela.
Recordemos que, a pesar de los intentos de la autocracia de invisibilizar nuestra denuncia, en un esfuerzo histórico, logramos que los presidentes de seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) se agruparan para solicitar a la CPI, en nombre de sus naciones, el inicio de una investigación formal contra Nicolás Maduro, acreditando las pruebas y argumentos legales que habíamos consignado en nuestro escrito.
Cuando anuncien el inicio de la investigación, pasaremos a un escenario de lucha jurídica en el que seguiremos colaborando con la Corte para que desarrolle todo el trabajo investigativo y probatorio necesario para que se materialice la presentación de cargos y la emisión de órdenes de captura internacional contra los principales implicados en estos crímenes.
La CPI conoce muy bien las tantas violaciones de derechos humanos que ha perpetrado la autocracia de Maduro contra la población civil en nuestra nación, por lo que estoy convencida de que pronto se hará justicia.