Los acontecimientos recientes en la política venezolana ponen de manifiesto, nuevamente, que nos encontramos ante un Estado fallido. Y es que solo bajo la perspectiva de un Estado fallido es que pueden analizarse los acuerdos que el poder de facto alcanzó con algunos sectores de la denominada “oposición”.
¿Tendrá alguna relevancia práctica el mencionado acuerdo? ¿Implicará un giro de timón de los acontecimientos políticos del país? Difícilmente. Pero la opinión pública se desvive en ríos de tinta –digital en estos tiempos– desarrollando diversos teoremas sobre la traición y cohabitación protagonizada por Luis Romero, Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Leopoldo Puchi y Timoteo Zambrano.
¿Por qué pensamos que el acuerdo difícilmente tendrá alguna repercusión práctica? Porque dentro de un Estado fallido instituciones como la Asamblea Nacional adolecen de fortaleza para generar cambios reales. Si bien es cierto que tiene un aspecto vital, como lo es la legitimidad, la Asamblea Nacional no ha sido capaz de concretar las aspiraciones de una transición hacia la democracia. La muestra más palpable de ello la encarna Juan Guaidó, quien lamentablemente se encuentra entre dos aguas, torpedeado tanto por el chavismo como por la oposición.
De forma tal que el Parlamento quedó como un elemento de utilería, al menos para la política nacional (no debe desecharse su importancia de cara a ciertos esquemas sancionatorios desarrollados por algunos sectores de la llamada comunidad internacional). De allí que las principales condiciones develadas del “acuerdo”, esto es, el retorno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional, y el nombramiento de un nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral (CNE) deban verse bajo esta perspectiva de utilería y maquillaje institucional.
En las circunstancias descritas, cualquier cambio y, especialmente, cualquier proceso electoral, sería tutelado por el régimen de facto, con todo lo que ello implica. Lejos está el famoso mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por el contrario, habría una renovación del poder electoral y la celebración de elecciones en los términos y condiciones de quien detenta el poder de facto. Y ello lejos está de la consecución de una democracia liberal.
Cabría preguntarse cuáles son los motivos por los cuales el sector oficial decide “retornar” al Parlamento, más allá de todos los vicios de legalidad que pueda tener dicho movimiento (recordemos, de nuevo, la escasa relevancia que la legalidad o el apego al Estado de Derecho tienen en un Estado fallido). Nuestra lectura es que la administración de Maduro busca tomar el control de la Asamblea Nacional, y con ello despojar a la oposición del único órgano legítimo dentro de los poderes públicos del país. No están lejos las elecciones parlamentarias –año 2020– y el régimen ha sido preclaro en sus intenciones de celebrar elecciones parlamentarias, incluso adelantadas. La joya de la corona, el Poder Ejecutivo Nacional, nunca ha estado en juego.
Cabe otra posibilidad: que el estamento militar –que al final es el verdadero dueño del país, porque es el que tiene las armas e históricamente, salvo en espacios de tiempo muy puntuales, ha sido el grupo de poder que en la práctica maneja los hilos de la política venezolana desde su independencia– haya decidido optar por una transición tutelada del chavismo por medio de una oposición construida a su conveniencia. Con ello, habría una salida nominal del chavismo, pero sujeta a un modelo que lejos está de ser representativo de las expectativas de cambio que ansían las mayorías.
El segundo escenario es difícil de creer. Además de que adolece de la representatividad de las principales fuerzas políticas democráticas del país. Creemos, sin embargo, que lo se propone se acerca más a la continuidad en el poder de las fuerzas socialistas. Por sus frutos los conoceréis. Frutos de miseria, estancamiento, subdesarrollo. Predecible y lamentable.