Suicidio político

Pedro Castillo fue detenido en la prefectura de Lima, luego del anuncio de Golpe de Estado con el que intentó perturbar el orden y la tranquilidad de los peruanos. Los ciudadanos celebraron el final del desgobierno que sumió al país en la más vulgar de las corrupciones. Aquellos que fueron sus partidarios declararon “le dimos a Castillo la oportunidad, pero él nos ha traicionado”. Así termina un lamentable capítulo de nuestra historia.

Fueron horas de tensión tras el anuncio de la disolución del Congreso, una asamblea Constituyente, reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y decretando toque de queda entre otras medidas inconstitucionales; en pocas palabras, una dictadura. Pero presenciamos la pronta reacción y la unidad de nuestras instituciones quienes actuaron en defensa del Estado de Derecho. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional denunciaron el quebrantamiento del orden constitucional; la Fiscal de la Nación Patricia Benavides dio un mensaje a la nación; la Contraloría General, Poder Judicial, JNJ y el Tribunal Constitucional también se pronunciaron. Las renuncias masivas de los ministros de Estado para evadir su responsabilidad eran previsibles, lo que no los exonera de los delitos por complicidad con los que postergaron el final de un régimen que debió terminar mucho tiempo atrás.

“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, así lo estipula la Constitución y nuestras instituciones actuaron acorde con este principio. Por ello, la caída de Castillo no es una victoria para el Perú, sino para toda Latinoamérica. Es una llamada de atención a las dictaduras latinoamericanas para que reformulen sus políticas, respeten las libertades y la democracia plena. El Perú ha evidenciado serias deficiencias, pero también ha demostrado perseverancia, intolerancia al autoritarismo y no ha claudicado hasta acabar con un régimen que buscaba perpetuarse en el poder. La caída de Pedro Castillo es el ocaso de un proyecto autoritario como tantos otros en Latinoamérica contra los cuales debemos seguir luchando.

En este escenario, cabe denunciar la actuación de la Organización de Estados Americanos, OEA, quienes tuvieron a su cargo la evaluación de la situación de la democracia en el Perú, decidiendo acusar a las víctimas y no a los agresores. Recibieron evidencias de la escandalosa corrupción de Castillo y sus secuaces, sobre atentados contra la libertad de prensa, pero los ignoraron. Se parcializaron a favor esa cofradía de mandatarios que tanto daño causan a los países de la región. Castillo fue uno más en ese círculo de gobernantes autoritarios, pero hoy está preso por sedición y otros gobiernos deberían seguir la misma senda. Los peruanos nos hemos sentido maltratados por la OEA, burlados por esa institución que cada día tiene menos credibilidad por apañar a la corrupción, el abuso del poder y a esas dictaduras que siguen llevando a la ruina a Latinoamérica.

Respetando el orden constitucional, hoy tenemos a la cabeza del país a un personaje que formó parte de este desgobierno desde el principio. Es parte de lo mismo, pero necesitamos un respiro para iniciar un proceso de reorganización. El pueblo exige un nuevo gobierno, nuevas autoridades en el Ejecutivo y el Legislativo que tanto daño han causado. Pero en ese camino es prioritario recomponer el sistema electoral, institución totalmente desprestigiada. Necesitamos gobernantes, con experiencia y conocimientos que reactiven esa economía paralizada que ha afectado principalmente a las clases más necesitadas. Esa reorganización no puede ser postergada. Dina Boluarte debe entender que no cuenta con el apoyo del pueblo, ni otras instituciones y que sus actos serán vigilados.

Debemos agradecer a los verdaderos autores de la caída de este régimen que no claudicaron ante las graves amenazas, al equipo del Ministerio Público, a la prensa de oposición y los colectivos ciudadanos que perseveraron en la lucha. Estos actores no pueden bajar la guardia porque esto ha sido solo una batalla, pero el combate contra la corrupción y la desigualdad aún persisten. Ha quedado claro quién es quién; conocemos al enemigo, pero la guerra continúa.

Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú