El proceso de moriencia, como diría Augusto Roa Abastos, debe tener un final. Y ese final para sueldos, salarios y libertad sindical está muy próximo en Venezuela. El poder se ha propuesto acabarlos. Lo está logrando ante la más brutal indefensión de los afectados: los trabajadores.
El salario mínimo se ubica en este comienzo de año y mes muy cerca a los seis dólares mensuales. Siete si somos generosos y aplicamos la reglas de juego oficial y reconocemos el valor del dólar establecido por el interesadamente morrocóyico Banco Central de Venezuela. Este salario afecta al trabajador que lo percibe y toda la cadena de sueldos de la administración pública y privada, que lo tiene como referente indispensable. Eso y la nada sartreana resultan ser lo mismo. Ni siquiera nos ubica en la esclavitud moderna ni antigua, porque, si revisamos, los esclavos venezolanos solían comer bien y ser atendidos en su salud para comercializarlos en su momento.
El hambre, la desnutrición, el acabamiento de la salud, son las valiosas cartas de presentación del régimen ante el mundo, junto al impago de sus responsabilidades en todas las instancias, incluyendo la ONU, para señalar la honda afectación de las sanciones. Cuando todos dentro y fuera del país conocemos que el proceso de esta destrucción viene de mucho antes de la aplicación de estas, que la corrupción nos ubica en los primeros lugares del mundo, que los detentadores del poder exhiben su poderío económico desvergonzadamente junto a sus muy diversos adláteres. Mientras, en el caso universitario, dilapidaron una inmensa, desconocida, cantidad de millones de dólares entre pintar, maquillar, casas de estudio y esquilmar recursos, que el país continúa obsequiando petróleo y otras dádivas internacionales según sus intereses político-ideológicos sin detención alguna y otro sin fin de demostraciones de opulencia interna y externa que resultan inocultables.
De este modo el régimen del terror esquiva derechos humanos laborales y generales, como el trabajo, la salud, la protección social o la vida misma; convenimientos internacionales firmados con la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución invalidada por el mismo, las leyes y las Convenciones Colectivas. No sin burla. Porque el año pasado si con algo arreció el poder establecido fue con la desmesurada comicidad para el con la que el poder maltrata, humilla a los trabajadores venezolanos, quienes tienen toda la razón para repeler esos cruentos ataques. En marzo el disfraz de aumento de sueldo se constituyó en una fortísima reducción drástica de los mismos, al aplicar el instructivo Onapre. Mientras un tribunal, agente dizque legal del régimen, se encargaba de desmentir su mera existencia. En mayo, el Día del Trabajador, Nicolás Maduro anunció, como único gran logro laboral, un bono compensatorio para miles de jubilados a quienes dejó en la espera más dolorosa. Para incrementar la mofa, oficializó en Gaceta Oficial la IV Convención Colectiva de los universitarios, impuesta por el mismo régimen y desconocida a plenitud más que nunca el mismo año de su homologación. Dejándola sin efecto alguno. Igualmente tiene sumidos en la indefensión a maestros, empleados públicos, jubilados, pensionados, trabajadores de la salud, a todo aquel que trabaje. El régimen mató el trabajo que no es decente ni digno, ni nada en Venezuela, también los sueldos, porque la búsqueda es liquidar efectivamente también a los trabajadores.
Por otra parte, la libertad sindical, la libertad de asociación sigue siendo inexistente para Maduro y sus agentes. No existe discusión alguna por parte de gremios y sindicatos electos, reales, de las condiciones laborales: sueldos, espacios físicos, condiciones materiales, seguridad social. Todo resulta impuesto a conveniencia del régimen y sin atención alguna de las necesidades de los trabajadores ni de nada convenido o legal. Un arrase general. A sindicatos, gremios, cajas de ahorro e institutos de previsión los dejaron sin sus recursos, los que otorgan los propios afiliados durante todo el año. El miserable Sistema Patria se quedó con esos reales que les descuentan a trabajadores, obreros y profesores y no ha habido forma de que los entreguen, se los robaron con el mayor descaro. Quienes siguen insistiendo en acudir decentemente a la OPSU en búsqueda de ingenua respuesta son víctimas permanentes de la burla y, ahora, informantes de la silenciosa institución: antes de culminar el año pagan esos recursos devaluados, en enero se honran esos compromisos. Nada. Los funcionarios, ocupantes mayores del ministerio, ni a estatuas secas llegan, porque las estatuas al menos se ven.
El desastre laboral parece carecer de límites, mientras se impone la indefensión. Queda la protesta por todos los medios, en las calles, en las redes, la acusación permanente de un régimen que se aproxima a elecciones con la rémora burlista también de ser el destructor inmenso del trabajo, de los sueldos, del salario, de los trabajadores y la educación y endilgarse el remoquete de ser un gobierno obrero. Nos vemos en los lugares hasta donde puede llegar la expresión, los medios vulnerados por la censura y la calle vulnerada por la represión.