La protección de las personas que se desplazan hacia el exterior, es decir, solicitantes de asilo, refugiados o migrantes, personas que dejan sus lugares de origen para salvar sus vidas o su integridad física y conseguir una vida mejor y digna, constituye hoy uno de los mayores retos de la comunidad internacional. Ante los conflictos como el de Siria, en curso desde hace más de 7 años o el más reciente, de Ucrania; ante la miseria en algunas regiones, especialmente en el África subsahariana o por la violencia producto de regímenes totalitarios o dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua o Venezuela en nuestra región, millones de personas dejan todo y se van a otras partes para hacer una nueva vida. Ayer los sirios, con más de 10 millones. Hoy más de 5 millones de ucranianos y 6 millones de venezolanos se desplazan forzadamente junto a más de 70 millones de personas que huyen de la violencia y de la miseria en todas partes del mundo, lo que crea serios problemas para los países de origen, que pierden a su gente; para los países receptores y de tránsito que deben garantizarles sus derechos humanos y para las sociedades o comunidades de acogida que deben aceptarlos e integrarlos.
Hace unas semanas, en su primera alocución como presidente electo de Chile, Gabriel Boric destacó la problemática migratoria regional, con evidente referencia a la situación de los venezolanos y propuso analizarlo con un enfoque multilateral, tomando en cuenta el sistema de cuotas implementado por la Unión Europea en 2015 ante la llegada de flujos masivos de refugiados que huían de los conflictos armados y situaciones humanitarias en Siria, Irak, Nigeria, Afganistán, desplazamientos que generaban presiones importantes a los países receptores, especialmente europeos. Para el presidente chileno: «El sistema de cuotas es algo donde todos podríamos ganar, tanto los países, profundizando nuestra cooperación, como también muchos migrantes que lo hacen en una situación de mucha desesperación”.
El tema migratorio, que ha generado un constante debate en los países receptores, incluso en momentos electorales, debe tratarse con políticas públicas adecuadas basadas en las normas y principios establecidos y reconocidos por la comunidad internacional, entre los cuales el de la solidaridad internacional y el del reparto de la carga, concebidos para garantizar a las personas desplazadas, término genérico válido, el disfrute de sus derechos civiles y políticos: a la vida y a la integridad física y su dignidad; y, los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, en fin, a una vida digna sin discriminación alguna. En los instrumentos internacionales relativos a los refugiados se precisa la importancia de la solidaridad y del reparto de la carga. En el cuarto párrafo del preámbulo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por ejemplo, se reconoce expresamente que “la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional” lo que ha sido reiterado y precisado por el Comité Ejecutivo del ACNUR que en la Conclusión Nº 77 (XLVI) de 1995 “pide a todos los Estados que manifiesten su solidaridad internacional y participación en las cargas con los países de asilo, en especial con los que tienen recursos limitados, tanto de modo político como con otros medios tangibles que fortalezcan su capacidad para mantener políticas generosas de asilo”.
La solidaridad significa unión para enfrentar retos comunes y solucionarlos para el bien de todos. La solidaridad va más allá de la cooperación, siempre esencial para asistir y ayudar a las personas y a los gobiernos involucrados. La solidaridad es, como se destaca en la Declaración del Milenio, uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales del siglo 21. En el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es definitivamente indispensable. La construcción de una autentica comunidad internacional debe basarse en la solidaridad concebida en su forma mas amplia.
En el caso venezolano debemos reconocer que la emigración ha tenido un impacto importante en la vida económica y social del país. Se ha perdido capital humano indispensable para nuestro desarrollo. Pero a la vez, los seis millones de venezolanos que se han establecido en otros países, que en muchos casos, es cierto, han significado un aporte importante para el desarrollo de los países receptores, ha generado problemas que deben resolverse en base al principio de solidaridad, compartiendo la responsabilidad. La llegada de flujos masivos en general plantea problemas políticos, como dijimos; pero también económicos y sociales que afectan los servicios públicos, el empleo, las políticas sociales, el acceso a la educación y a la salud. No sólo para los gobiernos que deben rendir cuentas de su gestión, si no para las comunidades de recepción o acogida que a veces llevan a cabo prácticas discriminatorias, incluso, xenófobas que complican el proceso que, vale la pena destacar, debe concluir con una repatriación segura y voluntaria.
El presidente chileno se ha referido a planes y programas multilaterales y a las cuotas de migrantes, lo que no es extraño en el tratamiento del tema y de la solución de la problemática. En 2015, recordamos, Europa recibe más de 2 millones de personas que serían distribuidos entre los países europeos, para repartir la carga, tomándose en cuenta entonces la capacidad de los países. Francia y Alemania recibieron más refugiados que Rumania o Hungría, por ejemplo. El sistema, pese a la estructura institucional y las políticas europeas, fue rechazado por algunos países por considerarlo injusto, como por ejemplo Hungría, Rumania e incluso por Polonia hoy con una postura diferente ante los flujos de ucranianos que se han desplazado hacia Europa por la guerra de agresión rusa. El plan no fue del todo exitoso en Europa. Las reubicaciones no fueron las esperadas, aunque hoy ante la crisis de Ucrania habría habido una mayor capacidad de respuesta y de aceptación y acogida los ucranianos en Europa.
El planteamiento del presidente chileno es interesante y debería ser considerado por los gobiernos de la región y las instituciones internacionales regionales y universales. Su instrumentación podría ser posible si se lograse, a través de mecanismos no políticos, que permitan la asistencia regional y la ayuda internacional, dejando de lado los esquemas de corte ideológico creado por los mandatarios de turno para responder a intereses políticos que en todo caso poco ayudan si no obstaculizan, la solución del problema que es real y que se centra en los derechos de las personas desplazadas y las capacidades del Estado receptor. Para Boric foros como Prosur, Unasur o el Grupo de Lima, integrados exclusivamente por Gobiernos del mismo signo político “han demostrado que no sirven para unir ni para avanzar en la integración”.
El planteamiento de Boric es importante y puede servir de base a la adopción de una estrategia que efectivamente pueda hacer frente a la crisis migratoria que afecta la región, especialmente, aunque no somos los únicos, por los desplazamientos forzados de mas de seis millones de venezolanos que escapan de la violencia política, de la persecución y la violación de los derechos humanos y de la miseria que hoy nos golpea.
Aceptando como prioridad la protección y el respeto de los derechos de los venezolanos que se han visto forzados a dejar el país deben lograrse mecanismos eficaces, especialmente multilaterales, que permita a los Estados involucrados, los de tránsito y receptores cumplir con sus responsabilidades.
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