El reciente informe de la Misión Internacional Independiente, designada por la resolución 42/25 de fecha 27 de septiembre de 2019, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, ha generado, a nivel global, un significativo impacto político, no solo por las contundentes y precisas conclusiones ofrecidas, sino por la negativa del régimen a cooperar para adelantar una investigación sin interferencias, con acceso directo a los escenarios y fuentes de los hechos bajo investigación.
El conocido refrán según el cual “quien no la debe, no la teme” sirve de marco para evaluar la conducta de Nicolás Maduro y su camarilla en esta sensible y vital materia de la vida social, en cualquier nación del planeta. La cúpula roja pretendió ocultar la verdad y obstruir la investigación. Se cerraron a atender sus planteamientos e impidieron su ingreso a nuestro territorio.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en sus palabras de presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció esas circunstancias en los siguientes términos:
“La única razón por la cual no hemos realizado actividades de investigación in situ en Venezuela fue porque el gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo. He enviado seis comunicaciones al gobierno de Venezuela entre enero y septiembre de este año y no he recibido ninguna respuesta. En estas comunicaciones solicité no sólo realizar una visita al país, pero también sostener reuniones con autoridades dentro o fuera del país. Igualmente, solicité datos oficiales e información sobre los casos que estábamos investigando. Ofrecimos también enviar al gobierno nuestro informe para sus comentarios antes de publicarlo. No recibí respuesta alguna. Lamentamos profundamente que esta haya sido la ruta escogida por el gobierno”. (https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26282&LangID=S)
Maduro pensó que obstruyendo la investigación, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no se produciría, y sus integrantes regresarían, a lo sumo, con la queja de su indiferencia y saboteo. Allí, entonces, terminaría todo. Consideró que de esa forma podía seguir mintiendo y ocultando la verdad de la tragedia humana ejecutada desde el poder usurpado. Craso error. La Misión Internacional no se rindió, ni se desanimó ante la insolencia del soberbio y obsesivo autócrata. Se instaló en la vecina República de Panamá y desde allí cumplió la misión encomendada.
No podía ser de otra forma. La masacre perpetrada por la barbarie roja la hemos sufrido y denunciado los demócratas, en todo momento, de diversas formas y en todas las instancias. Aun en medio de la confiscación de las instituciones responsables de velar por la vigencia de los derechos humanos, somos muchos los ciudadanos y dirigentes que hemos acudido, a lo largo de este ignominioso período, a presentar denuncias, solicitar investigaciones y defender victimas. Al encontrarnos con la indiferencia y la impunidad hemos canalizado las mismas hacia diversas instancias internacionales. La comunidad internacional ha venido progresivamente atendiendo las denuncias formuladas. Parlamentos nacionales y supranacionales, organismos especializados como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, entre otros, han presentado informes condenatorios contra la dictadura comunista.
Este último informe, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es sin lugar a dudas el más concluyente y el de mayor peso político mundial presentado a la fecha.
El mismo ha sido posible por la consecuente lucha de la sociedad democrática venezolana, y en su seno, justo es decirlo, por el encomiable trabajo de un grupo de organizaciones no gubernamentales especializadas que con rigurosa disciplina, seriedad y profesionalismo han venido documentando, denunciado en la opinión pública y en las instancias institucionales correspondientes, cada caso ocurrido; así como asistiendo y defendiendo a las víctimas de esta inmoral y deliberada política de agresión a la vida y a los derechos fundamentales de los venezolanos en general, y de quienes expresamos opinión disidente, en particular.
Al estudiar este informe en detalle, puede apreciarse la contribución determinante de organizaciones como el Foro Penal Venezolano, Provea, Cofavic, Fundaredes, entre otras instituciones, en el suministro de información documentada, ajustada a los estándares internacionales, así como favoreciendo la verificación con las víctimas del conjunto de casos estudiados por la misión especial de la ONU.
Debemos poner de relieve la importancia de un trabajo como el adelantado por estas organizaciones no gubernamentales, integradas por profesionales de reconocidas capacidades técnicas, comprobado coraje cívico, elevada sensibilidad humana, sólidos valores morales y acendrado amor a Venezuela. En medio de la anomia existente en el seno de nuestra sociedad, de las graves falencias que tenemos en el mundo político, académico, gremial y social, debe reconfortarnos la disciplina y perseverancia de estas organizaciones. Justo es decirlo, sin su aporte, un informe como el comentado no habría logrado la contundencia, seriedad y solvencia que la comunidad internacional le ha prodigado.
Hoy el régimen militarista venezolano está desnudo ante el mundo. Está imputado como responsable de crímenes de lesa humanidad. Maduro y su camarilla podrá decir lo que mejor le parezca. Podrá seguir negando la verdad mostrada en dicho informe. Pero serán gritos que solo aturdirán su negra conciencia, impidiéndole asumir con humildad sus crímenes y sus consecuencias. Prefieren seguir hundiendo en la miseria y la violencia a la nación, antes que atender las recomendaciones de esa comunidad internacional para buscar una solución pacífica a la tragedia.
Nuestra lucha debe continuar en una creciente resistencia y desobediencia civil a la dictadura, lo cual incluye una exigencia a esa comunidad internacional para hacer justicia, sometiendo al imperio de la ley a los ya señalados responsables de todos esos crímenes cometidos. Los venezolanos tenemos derecho a vivir en paz y libertad. Vale decir, tenemos derecho a la democracia.