Las negociaciones en México entre un sector de la oposición -como lo reconoce el mismo régimen en nota dirigida en días pasados a la comunidad internacional- y los representantes de la dictadura continuaron, lográndose dos “acuerdos parciales”: uno sobre la controversia con Guyana, otro sobre la ayuda humanitaria, anunciándose a la vez el tratamiento de otros dos temas, uno de ellos sobre la reinstitucionalización de la justicia.
Me refiero al primero, aunque en días pasados en excelentes artículos de opinión publicados en este mismo diario, Héctor Faúndez y Adolfo Salgueiro precisaron el sentido político y jurídico de ese “acuerdo parcial” sobre la controversia con Guyana, un “acuerdo” sobre un tema traído a la mesa de diálogo fuera de la agenda que no contiene un tema titulado: Asuntos varios, en el cual podría incluirse. Un asunto marginal que nada tiene que ver con la restauración de la democracia en el país, objetivo que suponemos persiguen las partes en estos encuentros.
Reiteran el régimen y ese sector opositor lo que todo el país ha expresado siempre, más los últimos meses: el tema del Esequibo no es una cuestión de gobierno, ni de un grupo; no es un tema político, ni ideológico. Es un tema de Estado que exige el consenso nacional, lo que lamentablemente no ha sido atendido por el régimen que ahora decide “conjuntamente” con ese grupo opositor “ratificar los derechos históricos e inalienables de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, conforme a los cuales la frontera oriental de Venezuela es la medianera del rio Esequibo”, rechazando nuevamente, lo que es inapropiado e inconveniente, la decisión de la Corte sobre la jurisdicción que sin duda, como lo será la que habrá de adoptar en su oportunidad sobre el fondo, obliga a las partes a respetarla.
De la misma manera las partes reunidas en México llaman de nuevo a la negociación directa para resolver la controversia territorial, ignorando que los plazos están corriendo y que Guyana prepara su Memoria que deberá presentar en marzo del 2022. El gobierno de Guyana rechazó públicamente esta posibilidad, ratificando que el proceso en la Corte seguía. Sin una postura sólida y seria y sin estar presentes en el proceso, en pocas palabras, sin presentar argumentos, es imposible que Guyana considere la posibilidad de sentarse a negociar con Venezuela para resolver la controversia al margen del proceso judicial.
Independientemente de la relevancia de este acuerdo parcial y de su relación con en el proceso de restablecimiento del orden democrático en el país, los acuerdos que concluyan las “partes” deben ser implementados, es decir, que éstas “deben dar seguimiento y verificar lo acordado” considerando el principio aceptado de que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado.”
La implementación del acuerdo supone la decisión de comparecer y organizar la defensa del Estado, lo que a su vez supone la constitución de un grupo de expertos serio y responsable que pueda abordar los distintos temas que deben tratarse en la Contramemoria que Venezuela tendría que presentar en marzo de 2023.
Por otra parte, anuncian los “negociadores” en México que se abordará la “reinstitucionalización de la justicia” en el país, lo que implica reformas legales e institucionales muy importantes, nada fácil de enfrentar. Reestructurar el sistema implica, entre otras, la constitución inmediata de un Tribunal Supremo de Justicia independiente, integrado por profesionales capaces, honestos, liberados de las ordenes y de las presiones políticas a las que ha estado sometido el actual tribunal, convertido en el brazo “judicial” de la dictadura para perseguir y castigar sistemáticamente a la oposición y a la disidencia.
Si bien el tema es importante, el mismo no podría vincularse a temas conexos, igualmente importantes, como la justicia internacional penal, en particular, su relación con la situacion actualmente considerada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que estaría próxima a adoptar una decisión sobre el inicio de la investigación, un tema que por supuesto mantiene en alerta al régimen que intenta tácticas dilatorias y de distracción para evitar que se abran los casos en contra de los funcionarios de mas alto rango del régimen venezolano, presuntamente responsables de crímenes internacionales, de lesa humanidad en concreto, tal como lo ha considerado la misma Fiscalía con base en los contundentes Informes de organismos internacionales.
No se puede confundir una reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia en general, con la voluntad del régimen de iniciar las investigaciones correspondiente para determinar los hechos y establecer la responsabilidad penal internacional de esos funcionarios y me refiero a la cadena de mando, lo que corresponde a la Corte, en ejercicio de la jurisdicción complementaria que se activa, como sabemos, cuando el Estado no está en capacidad o no quiere o no tiene la intención de investigar y procesar y castigar a los responsables de tales crímenes.
Lo que se pueda acordar en la mesa de diálogo en México no debe afectar de ninguna manera el Examen Preliminar que la Fiscalía de la CPI lleva a cabo, como tampoco concluir en que el inicio de una investigación podría afectar los intereses de la justicia y por lo tanto determinar la inadmisibilidad, de conformidad con lo señalado en el Estatuto de la Corte.