Hacia el día veinte de cada mes, dependiendo de la agenda propagandística de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, hace una presentación de las cifras de incidencia delictiva del mes previo.
Siempre dice lo mismo y en el mismo orden: todos los delitos van disminuyendo y muchos a ritmo notable; los homicidios van decididamente a la baja y de cualquier modo se concentran en unas cuantas ciudades de unos cuantos estados; los sexenios (así estén incompletos) deben compararse en términos de tasa de crecimiento y nunca en números absolutos; y todo este éxito se debe al trabajo coordinado en las llamadas Mesas de Paz, con el apoyo destacadísimo de la Guardia Nacional.
La presentación, tanto en tono como en contenido, es tan predecible que fácilmente podría ser armada por un bot y expuesta por un holograma, sin ninguna intervención humana.
Hay que entender que el ejercicio no busca informar o proveer datos, solo controlar la narrativa sobre la situación de inseguridad y violencia. Es propaganda pura y dura.
Si quisieran tener una conversación seria, tendrían que admitir algunos hechos básicos:
1. En todos los delitos, con la excepción del homicidio (y, parcialmente, el robo de vehículos), el número de carpetas de investigación no mide la cantidad de delitos que se cometen (nueve de cada diez no se denuncian), sino la cantidad de expedientes que se abren en las fiscalías. Es una métrica puramente administrativa que no dice gran cosa sobre la realidad que viven los ciudadanos en la calle.
2. Los delitos federales son en su mayoría delitos transaccionales (drogas, armas, etc.), sin una víctima directa, mezclados con violaciones a regulaciones específicas (ambientales, fiscales, financieras, etc). Menos carpetas de investigación equivalen a menos esfuerzo federal para perseguirlos. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo del caso, pero interpretar una caída como señal de reducción de la frecuencia de esos delitos es un error o un acto de mala fe.
3. La violencia homicida no ha aumentado en este sexenio, pero no ha disminuido gran cosa de niveles abominablemente altos. En la cuenta de Inegi (que es la que acaba contando), vamos a tener entre 33,000 y 34,000 homicidios este año. Eso es entre 7 y 10% de reducción con respecto al último año del sexenio de Peña Nieto ¿Mejor que 2018? Sí ¿Mínimamente satisfactorio o digno de celebración? Pues va un dato para contextualizar: ese es un número de víctimas de homicidio intencional superior al de todos los países europeos juntos (excluyendo, para fines de comparación y por obvias razones, a las víctimas mortales de la invasión rusa a Ucrania).
4. Comparar entre periodos de duración distinta es tramposo. No es spin, no es jiribilla, no es énfasis: es un intento deliberado de engañar al público. Si se quiere hacer una comparación del sexenio actual con sexenios previos (algo que me parece francamente ocioso), se tendrían que contrastar el mismo número de años. Es decir, los primeros cuatro años de este sexenio tendrían que medirse contra los primeros cuatro años de sexenios previos. Hacer la comparación contra sexenios completos es un acto de mala fe.
5. El pico de la curva de homicidios dolosos en la cuenta del SESNSP (la que usan todos los meses) ocurrió en julio de 2018. Entre ese punto y la toma de posesión del actual gobierno, ocurrió una caída de 11.2%. Esa es la mitad de la disminución que se atribuyó el gobierno en el último reporte. No es exactamente el colmo de la honestidad intelectual.
Ahora, me queda clarísimo que no quieren tener una conversación seria del fenómeno de la inseguridad y la violencia. Van a seguir con su presentación robótica, pase lo que pase. Pero de este lado, podemos optar por lo evidente: no hacer caso y empezar a tener una discusión por nuestra cuenta.