La democracia es un modo de organización social y política que confiere la titularidad del poder a la ciudadanía en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la libertad de elegir. Se trata pues de un modelo de organización del Estado y sus instituciones, en el cual las decisiones de carácter colectivo son asumidas por el pueblo, para lo cual se vale de herramientas diversas de participación directa o indirecta, confiriéndose con ello legitimidad de origen a sus representantes en las correspondientes instancias del poder público. Alrededor del modelo en comentarios, se consolida toda una cultura que deviene en estilo de vida social y práctica de valores como la tolerancia, el diálogo constructivo, el recto proceder, el espíritu público y el consenso necesario entre posturas disímiles ante asuntos de interés nacional. La autodeterminación democrática se desdobla en consagradas libertades de expresión, de reunión, de manifestación pacífica y de asociación. La libre voluntad de elegir, la justicia y la igualdad ante la ley, son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Sin duda, la democracia solo puede subsistir sobre la base sólida de instituciones y leyes que la garanticen. Ahora bien, tales instituciones y leyes no pueden funcionar adecuadamente en la práctica, si no existiere una sabiduría popular y una convicción cívica que las respalde, vale decir, posturas, prácticas, determinaciones y valores democráticos que trasciendan aún en sociedades culturalmente diversas –en éstas, el diálogo e intercambio intercultural será determinante, de modo tal que ningún natural encuentre impedimento para participar en las deliberaciones y decisiones a que haya lugar–. Todo ello indica que la participación popular, requerirá estructuras institucionales acordes con los objetivos de la democracia –tanto las instituciones como sus competencias, serán imprescindibles para el sostenimiento de una cultura republicana–. Y ello requerirá ciertas medidas atenuantes de las desigualdades sociales, porque todas las culturas tendrán niveles que las harán internamente heterogéneas. La igualdad ante la ley será siempre un factor de equilibrio, llamado a nivelar –en el plano reglamentario– las diferencias de suyo inevitables entre individuos y grupos pertenecientes a una misma comunidad humana.
En el sentido de lo apuntado, Joaquín Gabaldón Márquez nos dice que “…las agrupaciones humanas, naturales o artificiales, no son homogéneas. Las circunstancias de vida, las modalidades de pensamiento, las aptitudes profesionales, determinan muy diversos caminos. Y en medio de esa diversidad, solo el hombre, considerado en sí mismo, puede suministrar los elementos de juicio que permitan obtener una completa visión de la profundidad y extensión del sacudimiento político-social…”.
Sobre el Parlamento o el sitio predilecto para el ejercicio de la política, tengamos en cuenta que se instituye como razón de ser de la representación popular, con todas sus potestades legislativas, de control y presupuestarias. Dicha representación, para ser viable y sostenible en el tiempo, no puede derivar de procesos electorales encajonados por alguna parcialidad política –la representación popular debe incluir a todas las corrientes de acción y de pensamiento que reciban la confianza de los electores–.
Cuando las instituciones se desnaturalizan y abandonan su razón de ser, entrará en pérdida la democracia como sistema de gobierno. En estas situaciones, frecuentes en tiempos actuales de nuestra civilización occidental, debe prevalecer la cultura democrática de la sociedad nacional, coadyuvando a restituir el orden institucional. El diálogo intercultural dentro de una misma sociedad democrática, concerniente a quienes se perciben como culturalmente distintos, será determinante para construir consensos, fomentar el respeto mutuo y la tolerancia, e incrementar la imprescindible cohesión social que caracteriza a las naciones civilizadas. Un diálogo muy exigente en determinadas circunstancias de tiempo y lugar –el mejor ejemplo nos viene de los países que conforman la Unión Europea, tal como leemos en documentos del Consejo de Europa publicados en 2016–.
Así pues, la cultura democrática se convierte en condición fundamental para el sostenimiento –o en su caso para el restablecimiento– del sistema de valores esenciales que otorga prioridad absoluta a la voluntad expresada por los ciudadanos a través del voto popular. Una cultura y un sentimiento que se configuran y consolidan con el correr del tiempo y que es capaz, tarde o temprano, de domeñar las más obstinadas tentaciones mundanas.
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