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“No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”, The Friends of Voltaire, de Stephen G. Tallentyre o Evelyn Beatrice Hall.
Está próximo a cumplir un año privado de libertad el coterráneo Javier Tarazona, sin indiscutibles y comprobadas razones para ello, sin historial delictivo; por el contrario, adornando su vida de buenas acciones; educador y ciudadano ejemplar, digno y solidario. Un héroe y una víctima en suma.
Me viene al espíritu no solo la angustia por su salud física sino por la falta que le hace a su familia, a sus paisanos tachirenses y especialmente a numerosas comunidades que atiende desde hace años, solidario y diligente.
Su carácter, su temple, su bonhomía, su inteligencia se atrevieron a ir “por la verdad” y, cual pastor, además, cuidar de aquellos modestísimos compatriotas, víctimas del abandono del estado y de la violencia de todo género que los persigue en las más que alejadas poblaciones de los Andes y vecindades llaneras; allá donde reina el ilícito y la somalización se erige pedante ante la cobardía de quienes deberían asegurar la soberanía y la ley, pero no lo hacen.
Hay más de dos centenares de venezolanos, de acuerdo con el Foro Penal, que siguen secuestrados por el estado chavomadurista, con procedimientos a menudo irregulares y violatorios de los derechos y garantías constitucionales y que pueden ser llamados presos políticos. Protestaron, escribieron, manifestaron su rechazo al régimen y, se ganaron en la corte de los jueces adulantes y lisonjeros una orden de privación.
Sindicalistas, maestros, dirigentes gremiales, educadores, oficiales de la otrora Fuerza Armada Nacional y hoy apéndice del PSUV, entre otros, expuestos a tratos reñidos con el más elemental debido proceso, yacen en mazmorras insalubres a menudo por el supuesto delito, la gran mayoría, de ejercer su derecho a la disidencia.
No ha importado que la cuasi totalidad de ese contingente, valiente y honorable, jamás haya tomado un arma y conspirado para enfrentar al régimen por la fuerza. Los acusan de militar en el odio y en el terrorismo, y dudo que realmente sepan ellos diferenciar a los que simplemente divergen de los que sí agreden y haciéndolo, muestran con mórbida impunidad su dolosa intolerancia.
Desde los círculos bolivarianos y ahora los colectivos, se exhibieron ante todos y cual esbirros identificados como criminales y que han hecho de su lealtad a la revolución de todos los fracasos una patente de corso.
Empero, si bien es nuestra obligación resistir la iniquidad que se banaliza en nuestra postrada Venezuela, que por cierto siente que se práctica el odio hacia los genuinos opositores y se imponen sanciones fementidas, en un Estado constitucional de Derecho que formalmente y constitucionalmente se pretende social, democrático y de justicia, advierto que no podemos aceptarlo ni dejar de demandarlo, objetarlo, gritarlo, y hacerlo a los cuatro puntos cardinales, además. Denunciar los crímenes que se han cometido y se cometen es un deber ciudadano que no puede obviarse.
Se oye decir que el huésped de Miraflores se irrita cuando se le llama dictador y dicho sea de pasada, cuando vamos a los programas de radio o de televisión que se atreven a invitar a quienes se reconocen como opositores, los comunicadores frecuentemente ruegan no llamarlo así porque “les pueden cerrar el programa las autoridades de Conatel”.
Esas prácticas a las que hago mención son propias de una dictadura y no podemos ni debemos matizarlo ni edulcorarlo mientras continúen nuestros conciudadanos recibiendo ese trato inhumano y antidemocrático. No es odio ni nada parecido llamar las cosas por su nombre.
Sostener el reclamo al oficialismo déspota que, y es bueno recordarlo, es objeto y sujeto de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por la probable comisión de delitos de lesa humanidad, tipificados en el Estatuto de Roma, debe ser parte del discurso cotidiano de aquellos que se pretenden líderes, conductores y aspirantes a representar a los venezolanos.
Ser ciudadano comienza con decir no ante el abuso y la sinrazón, la alevosía, la vergüenza que nos irrespeta y desmerece. Por eso es nuestro deber no cesar ni un día, ni una hora ni un segundo en la petición de libertad de los presos políticos. No es punible ser ciudadano, aunque algunos quieran, por ese sí evidente odio, criminalizarlos y judicializarlos, como se ha hecho ya bastante.
En la democracia, en el Estado de Derecho, tanta legitimidad tiene el que gobierna como el que se le opone. Es hora y debe saberlo y asumirlo quien se erige como legal y por ende como legítimo jefe de Estado y jefe de gobierno. La recuperación de la soberanía comienza si regresamos al espacio público dispuestos a corregir los entuertos y falencias con los que nos hemos acostumbrado a vivir.
La exigencia de libertad para los que por razones de consciencia o difieren de las políticas públicas y de la conducta de los dignatarios de cualquier régimen, no puede tampoco ser postergada en los intentos y menos aún en los diálogos con el detentador. Sin más discusión y menos aún dilación, se debe exigir la liberación de aquellos ciudadanos que son actores de procesos de clara orientación política.
Quiere el oficialismo que le levanten las sanciones, pero ello no debe hacerse si no muestra el propósito y la acción que enmiende sus frecuentes violaciones de los derechos humanos en general y los derechos políticos en particular, entre otros elementos que deben considerarse y demás desatinos que comprometen la coexistencia social y política. Ninguna injusticia puede ser aceptada sin hacerse cómplice de ella.
La semana próxima si Dios lo quiere me referiré a una propuesta de hoja de ruta para liberar a Venezuela. Humildemente opinaré sobre ese compromiso desde mi condición ciudadana que desde luego y como a cualquier otro, me acuerda la cualidad.
@nchittylaroche
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