Sobre el riesgo en Venezuela

Ustedes lo han visto, si es el caso y leen El Nacional.

Con motivo de la publicación  reciente por parte del Banco Mundial de su proyecto Doing Business y que corresponde al año 2020, se han vertido en los distintos medios una serie de opiniones en torno al riesgo de invertir en nuestra destruida Venezuela.

Según reza el avance en el portal del proyecto Doing Business, este «proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 190 economías».

Con relación a Venezuela, se ubicó en el puesto 188 de las 190 economías analizadas. La anterior posición y en palabras más llanas, la ubica como el tercer país del mundo con más riesgos para hacer negocios, después Eritrea y Somalia.

Aquí cabe la pregunta cuya respuesta fue abordada, de alguna forma, por las opiniones vertidas en los medios y redes sociales: ¿Cuál es ese riesgo?, o mejor aún, ¿cómo viene caracterizado?

En mi caso y para ustedes, lo abordaré desde tan solo tres perspectivas distintas a la de Doing Business, mismas que pueden ubicar perfectamente en Internet: una proviene del propio Banco Central de Venezuela en un trabajo que fue hecho público durante la administración de Hugo Chávez. La segunda perspectiva es la de una firma famosa llamada Marsh. La tercera corresponde al World Justice Project con su Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index). Veamos.

En marzo de 2004 fue publicado el trabajo de José Alberto García Freites titulado «Riesgo-País: factores determinantes en el caso venezolano 1998-2000». A fin de lograr el objetivo de encontrar los determinantes en ese lapso, García Freites realizó entrevistas personales a 13 conocidos especialistas en la materia.

García Freites utilizó como determinantes 4 tipos de indicadores: 1) Desempeño Económico (evolución del PIB, comportamiento de los precios del petróleo, déficit fiscal y crisis financieras externas); 2) Indicadores Crediticios (indicadores de deuda, nivel de deuda externa refinanciada, calificación de la deuda a largo plazo y nivel de reservas internacionales); 3)  Riesgo Político (inestabilidad democrática, incumplimiento de tratados internacionales, posibilidad de agresiones externas y posibilidad de explosiones sociales violentas) y 4) Indicadores de Mercado (restricciones de financiamiento bancario externo, restricciones al acceso al mercado de capitales internacional e incumplimiento de pagos de deuda).

Así, los 13 especialistas consultados arrojaron la importancia concedida a los determinantes del Riesgo País para el período 1998-2000: Desempeño Económico (35%), Indicadores Crediticios (30%), Riesgo Político (20%) e Indicadores de Mercado (15%).

Una conjetura extrapolativa –subrayo el calificativo de conjetura– me permite una importante conclusión y es que de mantenerse a la fecha la importancia asignada a cada uno de los 4 indicadores, las sanciones internacionales tan solo representarían 15% de la explicación de Riesgo-País venezolano. En otras palabras, 85% de del Riesgo-País venezolano estaría representado por la depresión económica, la hiperinflación, el default de la deuda venezolana y el riesgo político.

Según los autores Daniels-Radebaugh-Sullivan (2004) en su libro Negocios internacionales: ambientes y operaciones, el riesgo político consiste en que el clima político de un país extranjero cambie de tal manera que la posición operativa de las empresas internacionales se deteriore (tal como ocurrió en el gobierno de Hugo Chávez con sus expropiaciones). Estos autores argumentan que dicho riesgo ocurre por tres razones y juzguen ustedes amigos lectores si las mismas están o no presentes en Venezuela: 1) Opiniones cambiantes de líderes políticos que conducen al incumplimiento de los contratos existentes o a la confiscación de la propiedad de los inversionistas; 2) Desorden civil visto este en huelgas laborales (recuerden el caso de Helados EFE) y daños a propiedades y 3) Relaciones externas vistas en la animadversión entre el país anfitrión y el país origen de la inversión, misma que conduce al daño de propiedades y a la incapacitación de la empresa para obtener suministros y entregar productos y servicios.

En cuanto a la segunda perspectiva, la de Marsh, se trata de una firma con tradición desde el año 1871 que, según reza en su portal, «es líder en consultoría, corretaje de seguros y administración de riesgos a nivel global. Ayudan a sus clientes a cuantificar y a gestionar los riesgos y también a descubrir nuevas oportunidades para su crecimiento».

En su portal, Marsh nos suministra una perspectiva no solamente global, sino por regiones y países y al respecto se pueden bajar los archivos que contienen la caracterización del riesgo político para Venezuela. Allí se puede observar los nueve factores que toma en cuenta Marsh para evaluar dicho riesgo en nuestro país y los más altos son –sobre una puntuación máxima de 10–  los siguientes 6: Riesgo legal y regulatorio (9 sobre 10), Repudio de acuerdos contractuales (9 sobre 10), Riesgo de expropiación (9 sobre 10), Riesgo de crédito soberano (9 sobre 10), Riesgo de transferencia e inconvertibilidad de la moneda (9 sobre 10) y, finalmente, el Riesgo económico (9 sobre 10).

Finalmente, tenemos el Índice de Estado de Derecho, de la iniciativa World Justice Project. El índice constituye la principal fuente de información independiente y de primera mano sobre el Estado de Derecho en el mundo. Y es que el fortalecimiento del Estado de Derecho es un objetivo prioritario para ciudadanos, gobiernos, donantes, empresas y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo pues sobre el Estado de Derecho descansa la definición de confianza: la expectativa de un comportamiento honesto y cooperativo entre las partes con base en reglas mutuamente aceptadas y compartidas.

El Índice de Estado de Derecho de 2020 abarca 128 economías y mide los siguientes 8 factores, mismos que definen la cualidad Estado de Derecho: Límites al poder del gobierno, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia Penal.

En la versión de 2020 del índice, Venezuela ocupó el último lugar de los 128 países analizados. También, en 3 de los 9 factores ocupó el último lugar: Límites al poder del gobierno, Cumplimiento regulatorio y Justicia penal.

Después de estos resultados, públicos y a vuestro alcance, amigos lectores, ¿Creen ustedes que alguna empresa extranjera se anime así no más a invertir en Venezuela?