El inicio de la investigación formal anunciado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al finalizar su visita en Caracas tiene implicaciones políticas y jurídicas muy importantes. Sin duda, es una decisión histórica que favorece la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad por la comisión de crímenes internacionales, como los de lesa humanidad que se cometen en el mundo, concretamente en Venezuela en estos momentos, tal como ha sido constatado por la Fiscalía, al considerar los distintos informes elaborados por órganos internacionales, los hechos y la realidad expresada en los tantos testimonios de las víctimas y de sus familiares y de testigos.
Antes de su llegada a Caracas el fiscal Khan había anunciado el cierre del Examen Preliminar sobre Colombia abierto en 2004, con la firma de un Acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y el gobierno colombiano en el que fundamentalmente se ve el respaldo a la capacidad del Estado y a la voluntad de hacerse justicia, un apoyo a los procesos que se llevan a cabo en el país en las distintas jurisdicciones. El Acuerdo, un reconocimiento a los órganos judiciales, incluidos los tribunales especiales de paz (JEP), será supervisado dejando abierta la puerta en caso de un cambio de circunstancias, a una reapertura del Examen Preliminar. El Estado se compromete a presentar un informe anual sobre los avances para alcanzar la paz, la justicia y la rendición de cuentas.
La situación venezolana es muy distinta a la colombiana, en donde el conflicto habría sido superado por la conclusión de los Acuerdo de Paz que criticables o no han marcado el rumbo del país hacia un proceso de transición definitiva. En Venezuela la crisis no solo continúa, sino que se agrava constantemente. Más detenciones arbitrarias, más persecución, más tortura y ejecuciones lo que nos coloca en la comisión continuada de crímenes de lesa humanidad y todo ello con un sistema judicial sometido al Ejecutivo, dependiente y parcializado, aunque el régimen lo maquille con reformas legales.
El Acuerdo de cooperación suscrito por el Estado con la Fiscalía marca una pauta importante en el tratamiento de nuestra situación, a pesar de la interpretación sesgada que pueda hacer el régimen en favor de los tribunales nacionales. La Fiscalía investigará los crímenes cometidos en el país al menos desde 2017, para establecer enseguida la responsabilidad individual sin desconocer su obligación estatutaria de dar prioridad inicial al sistema nacional, lo que deberá enseguida descartar por cuanto no hay la voluntad de iniciar investigaciones y procesar y castigar a los principales responsables de estos crímenes, aunque se realicen procesos ficticios para extraer de la justicia a los responsables de los crímenes. Tampoco hay una legislación nacional que contemple los crímenes internacionales menos aún las penas correspondientes, lo que colide con el principio claramente establecido de derecho penal nullum crimen nulla poena sine lege.
En todo caso la comunidad internacional vigilará el proceso y apoyará toda iniciativa que favorezca la justicia internacional penal que se traduzca en el procesamiento y el castigo de los principales responsables de estos crímenes.
El proceso apenas se inicia. La Fiscalía inicia la investigación que pude conducir incluso, como lo establece el Estatuto, a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que emita algunas ordenes de detención. Ante ello, es claro que el régimen actuara e impugnara la decisión con base en el articulo 18 del Estatuto y después, si fuere el caso, con base en el articulo 19 del mismo texto, cuando se identifique a los responsables de los crímenes. El régimen buscará desviar el proceso y allí de nuevo las tácticas dilatorias propias del mismo.
El inicio de la investigación tiene también implicaciones políticas muy importantes. En primer lugar, la comunidad internacional constata que en efecto y pese a los discursos y la retórica, a la manipulación y a la tergiversación de la información por el régimen, en Venezuela se cometen y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, lo que le coloca ahora en una situación muy distinta que sin duda debilitara en alguna medida sus alianzas internacionales.
El inicio de la investigación tiene además un no menos importante efecto político en el plano interno, toda vez que los que participan en este esquema criminal ven que la justicia internacional está llegando y que les puede alcanzar en cualquier momento. Esa realidad debe hacer cambiar a algunos que quieren verse excluidos de cualquier acusación que con el tiempo se formulara en su contra, lo que por supuesto puede anunciar rupturas internas importantes en el sector criminal.
El inicio de la investigación debería también incidir en una “moderación” de la actividad criminal del régimen, lo que no significa que se detendrían la persecución, la tortura, las ejecuciones, en fin, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos que se traducen en crímenes de lesa humanidad. La decisión del fiscal fortalece la función preventiva que constituye también uno de los objetivos de la Corte, según el Estatuto de Roma.
La justicia avanza, aunque con lentitud criticable, pero avanza y no solamente en la Corte, con esta decisión y la voluntad que habría de investigar y sancionar los crímenes cometidos en el país, sino en otros espacios jurisdiccionales, como la aplicación de la justicia por tribunales extranjeros basada en el principio de jurisdicción universal y la aplicación extraterritorial de las leyes nacionales que permiten investigar y sancionar a los criminales de lesa humanidad y a aquellos involucrados en crímenes internacionales de cualquier naturaleza que afectan los intereses de la humanidad.
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