El orden y el trato de los factores afecta decisivamente los resultados del análisis. Dicho así, no solo nos recuerda que la ley conmutativa no funciona para todas las operaciones matemáticas sino también que los signos que acompañan a tales factores, que los agrupan o separan, alteran el resultado. Tras escuchar y leer el informe preliminar de la relatora especial, Alena Douhan, sobre las repercusiones negativas de las sanciones unilaterales, se justifica plenamente el lema y etiqueta “La crisis fue primero” con el que organizaciones políticas y no gubernamentales recibieron a la visitante y respondieron a su informe.
La lectura de la versión preliminar de la relatora se produjo justo a siete años de la aceleración de la escalada represiva y la destrucción de la calidad de vida de los venezolanos, así como en las expresiones democráticas de preocupación internacional por la deriva autoritaria del régimen y su destrucción del Estado de Derecho en Venezuela. Esa preocupación se tradujo desde entonces en cinco ejercicios de acompañamiento, facilitación y mediación internacional de diálogos y negociaciones (tres en Caracas, uno en República Dominicana y otro entre Oslo y Barbados) que fracasaron en el propósito de recuperación de institucionalidad, derechos y democracia. Se hizo visible una y otra vez la gran asimetría de capacidades y recursos ante la intransigencia de un régimen en apurados pasos a la autocratización y deliberadas iniciativas de aislamiento de las instancias internacionales de escrutinio y rendición de cuentas en materia de democracia y derechos humanos, incluida la eliminación de observación electoral internacional independiente.
Comencemos por recordar que la concepción misma y mandato del Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos creado en octubre de 2014 lo orientan y centran, no sobra subrayarlo, en el examen de las sanciones y sus repercusiones sobre los derechos humanos. Esto, que efectivamente limita las tareas de la relatora a la cuestión de las sanciones y sus efectos, se ha traducido no solo en que se coloque a las sanciones en el centro del análisis, sino que se las separe y evalúe como causantes fundamentales del cuadro general de devastación y pérdida de derechos humanos a las que se les asocia, dejando apenas en menciones marginales la aceptación de que la situación no solo es previa a las sanciones, sino muy ajena a ellas en materias tan graves como las denunciadas y sustanciadas en los informes de la Alta Comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (julio y septiembre de 2019, julio y septiembre de 2020) y en escala mayor por el de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos -con mandato aprobado en el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y renovado en 2020- publicado en septiembre pasado.
Con las sanciones así de separadas del análisis del contexto en el que se produjeron, con escasas y débiles alusiones a las responsabilidades gubernamentales y un desordenado examen de la secuencia y motivaciones de las sanciones unilaterales, el informe preliminar pasa a describir sus efectos devastadores sobre los derechos humanos. Lo hace sin precisiones de causalidad e impactos en los derechos socioeconómicos y argumentando a favor del levantamiento, tanto de las sanciones sectoriales como de las focalizadas en individuos. En su argumentación se atiene en general a lo ya expuesto por la relatora especial en otras instancias, como en noviembre pasado en sesión del Consejo de Seguridad solicitada por China, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Suráfrica y Niger y, pocos días después, en el seminario convocado por las Misiones Permanentes en Ginebra de Venezuela, Irán y Cuba.
No es el caso negar los efectos colaterales de las sanciones sectoriales como agravantes de una situación preexistente a ellas. De hecho, así lo han reconocido trabajos extensos como el de Luis Oliveros difundido por Wola, los de Manuel Sutherland (2019 y 2020) para Provea y el del equipo de Transparencia Venezuela. Es más, a solicitud del Congreso estadounidense, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) preparó un informe, presentado a comienzos de febrero en el que, tras evaluar la evolución económica de Venezuela, presentó recomendaciones al Departamento del Tesoro y otras agencias para mitigar posibles efectos humanitarios negativos de las sanciones.
La Carta abierta a la Relatora Especial suscrita por 66 organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos ha recogido esa preocupación, pero llamando la atención sobre el orden y el trato debido al tema de las sanciones al vincularlo con la pérdida de derechos. Movidas ante la gravedad de la pérdida de derechos humanos y conocedoras de los alcances de la misión de la relatora y del Consejo de Derechos Humanos, su mensaje recuerda que de los al menos diez mecanismos especiales de ese Consejo -que el régimen se había comprometido a invitar desde 2019 ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- es este el único al que se ha permitido entrar. Sus recomendaciones generales complementan el diagnóstico y centran su atención sobre lo que debería ser esencial: la evaluación de los derechos humanos tanto en las condiciones previas a las sanciones (entre ellas, el colapso del sistema de salud y la inseguridad alimentaria) y en las decisiones y políticas del régimen de facto que las han agravado (corrupción, gasto en el aparato represivo, opacidad y ausencia de rendición de cuentas, negación del derecho de acceso a la información y persecución a comunicadores, investigadores y actores de la sociedad civil por informar sobre irregularidades en la gestión de recursos públicos).
En suma, en nada contribuye a la recuperación de la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela dejar de lado que la crisis fue primero -en todos los ámbitos mencionados por la relatora y en muchos otros más- y que en su agravamiento ha pesado decisivamente la continuidad de las decisiones y políticas que siguen siendo humana, institucional y materialmente devastadoras. En suma, la devastación no solo comenzó antes que las sanciones sino que en lo fundamental continúa al margen de ellas.