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La decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la invitación para que una misión de observación electoral de la Unión Europea participara en las elecciones presidenciales del 28 de julio es tan previsible como lamentable.
Previsible porque se corresponde con la actuación que el organismo electoral ha desarrollado desde el anuncio del cronograma electoral el pasado 5 de marzo, con su pico más arbitrario -nunca explicado- al bloquear la candidatura de Corina Yoris, de una forma tan burda que generó reacciones condenatorias de cancillerías y gobiernos del mundo democrático e, incluso, de naciones que han mantenido relaciones amistosas con el gobierno de Nicolás Maduro.
Lamentable porque ratifica que el órgano electoral, que es un poder con el mismo rango que los clásicos de toda democracia -Ejecutivo, Judicial y Legislativo- de acuerdo con la Constitución vigente, carece de independencia y actúa entregado a los designios del poder establecido y, aún más, para favorecer la candidatura que pretende mantenerse al frente del Ejecutivo.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, antes diputado por el PSUV y luego contralor de la República, autor de las inhabilitaciones políticas que vulneran las leyes y las disposiciones de la carta magna, argumenta que la decisión adoptada es un acto de “soberanía” y en defensa de los intereses del pueblo. Pues ese mismo pueblo es el que le responde en las calles con la expresión “soberano CNE nos gastamos”, porque el proceso electoral se realiza en un contexto de incertidumbre derivado del manejo parcializado de quienes deberían garantizar pulcritud y garantías para todos los factores políticos de la vida venezolana.
Si Amoroso y la directiva que preside se detuvieran a examinar las condiciones en las que participan las organizaciones políticas de la oposición democrática se les debería caer la cara de la vergüenza: partidos secuestrados por órdenes judiciales, inhabilitación política de los más connotados dirigentes opositores sin ninguna clase de juicio, ventajismo absoluto en el uso de los recursos del Estado en favor de la candidatura oficialista, persecución y encarcelamiento de líderes políticos y sociales, cierre y bloqueo de medios de comunicación que no pueden ser consultados libremente en el país. La vergüenza -pundonor, estimación de la propia honra, dice la RAE- entró de vacaciones hace un par de décadas en los mandos de las instituciones públicas.
Aun así, a pesar de las adversidades que la propia directiva del CNE consigna en sus comunicados oficiales, la decisión de la oposición democrática no tiene vuelta atrás: el pueblo venezolano quiere votar para superar la dura y hostil realidad nacional y la dirigencia en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia lo acompaña en su decisión y está comprometida a alcanzar una victoria que haga resplandecer los derechos de todos los venezolanos sin ningún tipo de distingo.
La Unión Europea al comentar la medida anunciada por el CNE se permitió recordar que en el acuerdo suscrito en Barbados siete meses atrás se señaló específicamente la invitación de una misión técnica de la UE, entre otras, para la observación electoral. Una de las garantías para los actores políticos que el CNE se comprometió a promover. Nada justifica que ahora se desdiga y deje “sin efecto” su propia palabra.