Nuevamente no puedo más que condenar el sistema de justicia en el país al no actuar contra los responsables de la desaparición forzada de líderes regionales de la organización política Vente Venezuela, presidida por la candidata presidencial María Corina Machado. Se trata de los ciudadanos Luis Camacaro en el estado Yaracuy, Guillermo López en el estado Trujillo y Juan Freites en el estado Vargas, que haciendo uso de sus derechos políticos promocionaban como herramienta de cambio el voto directo y secreto.
Fueron detenidos el 23 de enero de 2024 en forma arbitraria, sin orden judicial y sin estar cometiendo algún delito en flagrancia, y hasta el día que escribo estas líneas (2 de febrero) se desconoce su lugar de detención. No han podido hacer contacto con ellos ni sus familiares ni quienes se encargarán de su defensa, a quienes además se les ha negado el acceso al expediente, lo que constituye una violación del debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución, así como de las garantías constitucionales y los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano en materia de derechos humanos.
Estamos en presencia de un sistema de justicia que actúa al margen del Código Penal Venezolano, el cual tipifica el delito de desaparición forzada de personas en el 181-A: cualquier autoridad pública, sea civil o militar, o cualquiera al servicio del Estado que haya privado de libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre su destino o situación, impidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, será castigado con una pena de prisión de 15 a 25 años.
La impunidad oscurece más la situación de los derechos humanos en el país.
No nos cansamos de preguntar una y otra vez dónde está el defensor del pueblo. Como hemos dicho en otras ocasiones, si el cargo le quedó grande, por favor hágase a un lado y deje que otro se ocupe.