Tener que recordar semana tras semana que el sistema de justicia nacional viola el derecho al debido proceso que tienen los dirigentes políticos que han sido detenidos en forma arbitraria, al negarles que sus abogados privados puedan ser juramentados para ejercer su defensa con acceso al expediente, así como la visita de sus familiares, habla muy mal de la independencia y transparencia del Poder Judicial en Venezuela.
Ejemplos de lo que decimos hay cientos, pero hoy basta que recordemos el caso del abogado Henry Alviarez y Dignora Hernández, ambos miembros del equipo de María Corina Machado que al día de hoy tienen 51 días detenidos. Las audiencias se realizan a escondidas con un tribunal habilitado en el sitio de detención y con la presencia de un defensor público que garantiza el resultado que espera el gobierno y que no es otro que la privación de libertad.
Estamos en presencia de un sistema de justicia sometido a una camisa de fuerza con disciplina partidista por un Estado que no les permite ejercer con imparcialidad sus atribuciones y competencias en favor de una justicia justa, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
El Estado sigue siendo el responsable de todos los privados de libertad y está obligado a preservar su vida, como lo establece el artículo 43 de la carta magna; por otra parte, el sistema de justicia debe garantizar el derecho a la defensa y respetar la presunción de inocencia del detenido hasta que se demuestre lo contrario, lo que incumple sin ningún disimulo.
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