La libertad es el segundo derecho sagrado del sistema universal de los derechos humanos, después de la vida, por eso no puedo más que saludar la decisión de liberar el fin de semana a 225 personas, incluidos niños y adolescentes, que jamás debieron haber sido detenidas por reclamar la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, en los comicios presidenciales.
Aplaudo la medida porque soy uno de los que exigió al jefe del Estado una tregua política para evaluar la petición que hicieron las madres de los detenidos ante el Palacio de Justicia, a fin de que se les concediera a sus hijos una medida de gracia para obtener su liberación; pero el dolor, el sufrimiento y la huella de las detenciones arbitrarias con cárcel y tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas contra los niños y adolescentes es más que imposible de borrar.
Los sueños y las esperanzas de estos muchachos que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad lucen ahora mutilados y el único responsable es el Estado depredador que, sabiendo que lo único que habían hecho era reclamar el respeto a la soberanía popular, inventó la figura de los jueces sin rostros que imputan en audiencias colectivas, vía telemática, por el delito de terrorismo.
A todos se les violaron las garantías al debido proceso y fueron enviados a cárceles horrendas donde nunca recibieron buena alimentación ni atención médica. Sus vidas fueron puestas en riesgo y ahora pretenden reparar un daño que es irreparable. Y es que el sistema de justicia ha cometido un crimen que ha dejado una herida profunda de imposible sanación.
Mientras tengamos un sistema de justicia impregnado de parcialidad política, los derechos civiles y políticos seguirán a oscuras.