Antony Blinken y Josep Borrell | Foto AFP – Getty Images
La declaración conjunta del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, y del ministro canadiense de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, es un documento de gran importancia, el cual debe ser conocido por los venezolanos y muy especialmente por la dirigencia de la oposición democrática. En ella se establece lo que se puede y, por defecto, lo que no se puede esperar de la comunidad internacional. Por ello, es imperativo analizar su contenido. Se inicia expresando su profunda preocupación “por la crisis en curso en Venezuela y su impacto regional y global”. Ese impacto debe ser considerado por Nicolás Maduro como una circunstancia política que puede comprometer seriamente, de no encontrarle una solución, la estabilidad de su gobierno. Seguidamente, resaltan tres aspectos fundamentales para salir de la crisis: “La solución pacífica de esa profunda crisis política, social y económica la tienen que producir los mismos venezolanos, a través de amplias negociaciones lideradas por venezolanos, con participación de las partes interesadas”. El proceso de negociación debe estar “sujeto a un cronograma establecido para restaurar las instituciones venezolanas” mediante “elecciones regionales, parlamentarias y presidenciales”.
En la segunda parte la Declaración establece las exigencias de la Comunidad Internacional: “Exigimos la liberación incondicional de todos los detenidos injustificadamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión y el cese de los abusos contra los derechos humanos”. Nicolás Maduro no tiene impedimento alguno para satisfacer esas exigencias, máxime cuando lo que se exige, en esos aspectos, es el cabal cumplimiento de lo pautado en la Constitución Nacional. Además, no existe en el país amenaza alguna que pueda “justificar” esas arbitrariedades. Los venezolanos anhelamos un cambio político, por la vía pacífica. Esa es una realidad indiscutible. Más adelante, los declarantes refuerzan sus exigencias al expresar que: “Exigimos condiciones electorales de acuerdo con los estándares internacionales para la democracia, comenzando con las elecciones locales y regionales programadas para noviembre de 2021”. Por último, plantean el compromiso de la comunidad internacional de apoyar a Venezuela y a su pueblo para enfrentar “la grave crisis de salud, consecuencia del COVID-19, mediante la asistencia humanitaria que incluya alimentos, medicinas y suministros críticos para el tratamiento de la pandemia”, expresando sus deseos de un nuevo acuerdo entre los actores políticos que permita el libre acceso de ayuda humanitaria.
Es oportuno señalar también que Juan Guaidó, respaldado por otras organizaciones opositoras, presentó a la opinión pública un documento con una propuesta conocida como “Acuerdo de Salvación Nacional”, con planteamientos destinados a la solución de la grave crisis nacional, en el cual manifiesta que la propuesta surge como consecuencia de la gravedad de la crisis, del llamado que nos hace la comunidad internacional y lo que se ha construido durante años de esfuerzo y sacrificio. “Estamos utilizando todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental: recuperar nuestra democracia. No es cualquier acuerdo o negociación que mantenga las mismas y actuales condiciones políticas”. Continúa dicho documento expresando que “debe construirse un acuerdo entre las Fuerzas Democráticas, representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional y la plataforma unitaria; factores que conforman y sostienen al régimen; la comunidad internacional; y especialmente las potencias internacionales. Planteamos un gran acuerdo nacional que permita alcanzar este objetivo y un cronograma que conduzca a Venezuela a unas elecciones libres y justas: la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales”.
Continúa diciendo el documento que su implementación requeriría, de manera imprescindible, de garantías que permitan alcanzar el objetivo planteado. Estas son: “Observación y respaldo internacional; entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19; respeto para las condiciones democráticas de todos los actores, todos los que constituyen las fuerzas democráticas, y también el chavismo; mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela; liberación de todos los presos políticos y regreso de los exiliados; justicia transicional; y el compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen incluyendo el levantamiento progresivo de las sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento del objetivo fundamental del acuerdo y sus garantías”. Termina el documento dirigiéndose a los sectores que forman las fuerzas democráticas: “Nadie confía en la dictadura y esto solo será posible si contamos con mayor presión, tanto nacional como internacional, que garantice un proceso que contemple, junto a nuestros aliados, garantías para todos los actores, pero también, y lo más importante: los mecanismos de rendición de cuentas del régimen sin intentar evadir una solución negociada y eso solo lo haremos posible unidos y movilizados”.
Como se puede apreciar, los dos documentos persiguen los mismos objetivos y difieren muy poco en su contenido y planteamientos, aunque hay una diferencia que tiene que ser reflexionada por la oposición democrática. El orden electoral establecido en la declaración conjunta es riguroso. Lo primero que deben realizarse son las elecciones regionales y municipales, después las parlamentarias y de último las presidenciales. Constatar la coincidencia existente es alentador, porque evidencia que, en primer lugar, al menos por la dirigencia opositora, se ha descartado el empleo de la violencia como medio para restaurar la democracia, los derechos civiles y la recuperación social y económica de la sociedad venezolana. Así mismo, es evidente que existe una voluntad inquebrantable de rechazo, nacional e internacional, a la continuidad en el poder de un régimen político incapaz de proveer bienestar a sus ciudadanos. Sin embargo, es absolutamente vital, que nuestra dirigencia política entienda que el éxito o el fracaso de cualquier esfuerzo destinado a lograr un cambio político, depende indefectiblemente de la unidad de toda la dirigencia opositora en torno a una sola estrategia, la cual se debe definir para implementar las acciones necesarias para alcanzarlo. No basta con la presión internacional para obligar al gobierno a una negociación que satisfaga las exigencias planteadas. La fragmentación del liderazgo nacional conspira contra la participación entusiasta de los ciudadanos y contribuye a incrementar la apatía, garantizando la permanencia del régimen. En síntesis, una negociación con el gobierno, desde una posición de debilidad, no conduce a otra cosa que a la repetición de los fracasos anteriores. Por ello, se requiere ¡Unidad, unidad y más unidad!
Nota: Me solidarizo con el pueblo colombiano. El atentado contra el presidente Iván Duque es un hecho que ha sido y será siempre rechazado por los venezolanos de mentalidad democrática.