Por Equipo Editorial
El régimen de Nicolás Maduro luego de darle una patada política al Acuerdo de Barbados con la inhabilitación de Maria Corina Machado, y por supuesto, con la persecución injustificada y hasta encarcelamiento contra parte de su equipo de campaña, así como distintos opositores y disidentes, termina por enterrar cualquier posibilidad de cambio democrático en Venezuela, salvo finalmente sea admitida una candidatura opositora sobre la cuál confluya la mayor parte del país.
En efecto, luego de tales hechos, ante los cuales Jorge Rodríguez se ha convertido en la voz oficial de un degradado Consejo Nacional Electoral (CNE), y cuyas palabras han desembocado en la bazofia política de la «ideología» madurista que pregonan con hambre, miseria y emigración, estamos en presencia de una serie de hechos sociales que también morirán con la expresión del voto, con sentido de democracia y autonomía del pensar.
Es decir, no solo es la muerte de la democracia en términos reales, la cual ya se encontraba herida de muerte por la praxis política de estos 12 años, sino que la educación fallece irrestrictamente, porque la población joven y adulta, fundamentalmente aquella entre 18 y 50 años, en edad de pregrado y posgrado, seguirán aumentando las cifras de migrantes venezolanos, y por ende, la ausencia de estudiantes universitarios, y docentes de todos los niveles, así como profesionales del resto de las ciencias sociales, naturales, biológicas y tecnológicas, continuarán huyendo del neototalitarismo, por sus miserables salarios y las violaciones de derechos humanos.
¿Qué futuro le espera a un país cuya tasa de docentes y estudiantes universitarios queda reducida a 10-20% de lo que debería ser la demanda de futuros profesionales? ¿Cómo podrá el régimen explicar a su favor que con nuevas sanciones y esperando el retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos podrá recuperar las inversiones para las universidades y los salarios de los educadores?
¿Cómo podrá detenerse un deterioro constante de toda la infraestructura pública y el colapso del sistema de salud cuyas vertientes se asoman tan o más graves que las educativas?
¿Será posible recuperar una deteriorada industria petrolera que ni siquiera es capaz de producir combustibles y gas para el consumo interno, aunado con el colapso de los servicios públicos?
En consecuencia, el país se encuentra en su más profunda crisis política, económica y social de toda su historia contemporánea sin que existan destellos de luz que pudieran generar una alternativa hacia el corto y mediano plazo, y cuya respuesta de la población estará centrada en aumentar las cifras de quienes decidan abandonar la nación, ante la imposibilidad de ver un cambio positivo, y por el contrario, todo apunta a un agravamiento de la crisis, y que Venezuela sea execrada del contexto internacional en mayor medida de lo que fue desde 2017-2018.
Ante semejante realidad, la emigración seguirá siendo la decisión inmediata y mediata de los venezolanos, y sobre todo de su población joven. En síntesis, sin elecciones libres no habrá más educación y tampoco profesionales para el país.